A través de un posicionamiento público difundido este jueves, ocho sobrevivientes del incendio que acabó con la vida de 40 migrantes y lesionó a 27 más, el pasado 27 de marzo en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración, denunciaron la actuación de las autoridades mexicanas sobre el caso.
En el documento señalan que el pasado lunes, ocho sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y sus familias se reunieron, acompañados de organizaciones de la sociedad civil, con senadoras y senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El encuentro sirvió para conversar con los legisladores y compartirles sus necesidades y preocupaciones, indicaron.
“Hace más de 100 días nuestras vidas cambiaron para siempre. Nosotros llegamos a México no para quedarnos sino para avanzar hacía nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida”, dijeron.
Los migrantes aseguraron que a casi cuatro meses del trágico acontecimiento, el Estado mexicano por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no les ha dado información clara.
“Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros. Ninguna persona merece morir o ser quemada como respuesta a buscar mejores condiciones de vida”, señalaron en un posicionamiento público difundido este día.
“Algunas autoridades, incluso, nos presionan para regresar a nuestros países, pero regresar es una condena, no solo porque no tendremos apoyo sino porque nuestro caso será uno más en la lista de violencias del Estado mexicano hacía las personas en movilidad que queda en la impunidad, mientras los costos los asumen nuestras hijas, hijos y familias”, añadieron
Los migrantes señalaron que a pocos días de que se se cumplan cuatro meses del incendio han sido pocas las respuestas recibidas, por esta razón, hicieron ocho peticiones concretas, entre ellas: Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
Además piden atención a nuestras necesidades económicas y de salud física y mental en México y nuestros países de origen.
De igual forma la inscripción de todas las víctimas y nuestras familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Otra petición es la facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas.
Piden además que les regresen sus pertenencias que están en manos de la Fiscalía General de la República.
Exigen que no haya represalias contra ellos, sus familias en México y en sus países de origen.
Además solicitan la reunificación familiar, esto es, que traigan a sus hijas e hijos, quienes se quedaron en sus países de origen.
Por úlyimo, solicitanatención médica a sus familiares que están cuidándolos mientras ellos permanecen en proceso de recuperación.
“No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país, como nos lo ha dicho la CEAV y Migración, somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias. Lo mínimo que queremos es justicia”, señala la carta.
“Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país. Merecemos un trato digno al pasar por México, no somos animales, somos personas y merecemos atención y una reparación integral del daño”, puntualiza el posicionamiento.
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