Según el informe policial de la acusación contra Manuel de Jesús R.R., los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre en el poblado de San Isidro comenzaron alrededor de las 3:00 de la tarde y derivaron en su vinculación a proceso penal.
Siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaban un patrullaje “propio de sus funciones” en el Valle de Juárez, cuando llegaron frente a un domicilio, ubicado en la calle Álvaro Obregón.
Desde una distancia de 5 metros, refirió uno de los agentes, observaron a cuatro personas con armas de fuego al exterior de un domicilio. La situación causó alerta a los agentes, quienes se acercaron con los sujetos.
Por medio de comandos verbales se dirigieron a los hombres y les pidieron que guardaran sus armas, además de informarles que iban a detenerlos. Sin embargo, los sospechosos desobedecieron la orden y, por el contrario, comenzaron a disparar en su contra.
Los agresores entraron al patio de la casa y tomaron distintos caminos: dos se fueron por un lado y otros en sentido contrario.
Cuando los agentes bajaban de sus unidades fueron sorprendidos por los disparos y utilizaron sus unidades como barreras para evitar los impactos.
“¡Ya los cargó la ver#&, pinches ministros! ¡Los vamos a matar, pinches culeros, pinches marranos!”, recordaron los agentes que les gritaron mientras les disparaban.
Mientras uno de los agentes respondió a la agresión con su arma de cargo, el resto comenzó a entrar al domicilio. Tres agentes buscaron a quienes corrieron y los observaron subir una barda y de ahí a los techos de casas aledañas para huir del lugar.
Dos hombres que se fueron al lado contrario intentaron huir de la misma manera, pero los alcanzaron cuando estaban subiendo la barda. No pusieron resistencia y los agentes los arrestaron en términos de flagrancia.
En la audiencia, se indicó que uno de los imputados es menor de edad y se le identificó con iniciales C.F.L.C., de 16 años, quien al parecer llevaba una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, mientras que el otro, Manuel de Jesús R.R., de 24 años, supuestamente portaba un fusil de asalto AT Omni Hybrid Multicalibre, con balas calibre .556 x 45 mm.
Además, vestía un chaleco antibalas “pixelado”.
Dentro del patio del domicilio, una vez que arrestaron a los sospechosos, los agentes aseguraron tres diferentes vehículos, mismos que tenían reporte de robo.
La falta de casquillos disparados por el arma de Manuel de Jesús
Durante la audiencia, uno de los principales argumentos con los que el defensor público buscó la no vinculación de su representado fue asegurando que la representación social no había demostrado la participación de Manuel de Jesús.
Mencionó que, aunque el Ministerio Público demostró que el hombre estaba en el lugar al momento de que ocurrieron los hechos y que incluso tenía un arma de fuego, no demostró que el hombre disparara en contra de los agentes.
Aseguró que, en las pruebas que se realizaron en balística forense, ninguno de los casquillos coincidía con los que se encontraron en la escena. De igual manera, resaltó que no se presentó ninguna prueba relacionada con el presunto daño a las unidades, hecho que mencionaron los agentes durante sus testimonios.
Pese a lo señalado por el defensor, el juez de Control concedió la razón al Ministerio Público, ya que indicó que el hecho de que no hubiera disparado no implicaba necesariamente que no hubiera participado en el ataque en contra de los policías.

Señaló que, debido a la etapa procesal, no era necesario que el Ministerio Público demostrara la plena participación del imputado y que únicamente bastaba con un señalamiento razonable.
Por lo anterior, determinó que los antecedentes de investigación eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso penal en contra de Manuel de Jesús por los delitos de tentativa de homicidio calificado contra los agentes policiales, así como posesión de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Debido a que los últimos dos delitos son del fuero federal, la agente del Ministerio Público informó que declinaría su competencia a la Fiscalía General de la República (FGR), para que el imputado fuera presentado ante un juez de Control federal.
Se fijó un plazo de investigación complementaria de 6 meses, mismos que el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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