Ariadna Montiel llegó a Juárez con un mensaje que, aunque partió del proceso contra el exfiscal César Jáuregui, llevaba dedicatoria para alguien más. En su visita, la presidenta nacional de Morena dejó claro que su partido insistirá en que la investigación por la incursión de agentes extranjeros en El Pinal, municipio de Morelos, alcance también a la gobernadora de Chihuahua.

Para sostener ese señalamiento, la dirigente puso sobre la mesa la dependencia de la Fiscalía de Chihuahua respecto del Ejecutivo estatal. Desde su perspectiva, esa relación obliga a revisar la cadena de mando y la actuación de la mandataria en las decisiones que permitieron la participación de los extranjeros.

La responsabilidad que pudiera derivarse tendrá que acreditarse en la investigación, pero Montiel ya marcó hasta dónde quiere que se revise. El nombre de Jáuregui no será el último que Morena ponga sobre la mesa, insistió.

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Y como el señalamiento no venía solo, Montiel sacó del cajón el acuerdo que Campos firmó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que incluyó intercambio de información en seguridad. Lo retomó para sostener que lo ocurrido en El Pinal forma parte de una relación con autoridades extranjeras que su partido viene cuestionando.

“Hemos dicho que el Gobierno panista de María Eugenia Campos ha promovido la injerencia extranjera en nuestro país y es algo que no debemos permitir y que tampoco debemos dejar de hablar del asunto”, declaró.

En esa última parte venía incluida la encomienda para Cruz Pérez Cuéllar. Montiel le pidió mantener informada a la población y recordó las asambleas convocadas por Claudia Sheinbaum desde el 31 de mayo para abordar el caso y la defensa de la soberanía. Así que, mientras la FGR lleva la investigación, el coordinador estatal tiene tarea para las reuniones del movimiento y tema para los próximos discursos.

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Con esa instrucción dada, Montiel pasó al otro pendiente que mantiene con la gobernadora: el litigio por daño moral que se tramita en la Ciudad de México, por los señalamientos de supuestos vínculos con el crimen organizado que atribuye a Campos.

Explicó que el procedimiento se lleva en la capital porque ahí tiene su residencia y aseguró que ya no hablará del asunto hasta que exista una resolución. Ese frente seguirá su curso en tribunales, mientras el caso Jáuregui permanecerá en la agenda pública de Morena.

De modo que Maru seguirá apareciendo en los mensajes del partido moreno, aunque Montiel haya decidido reservarse los comentarios sobre su pleito personal. Para mantener encendida la discusión sobre El Pinal, ya dejó encargado a Cruz.

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Antes de arrancar la Asamblea Informativa Estatal de Morena celebrada ayer en Las Anitas, aparecieron las cartulinas que no estaban consideradas en el programa. Las llevaron los inconformes que se reivindican como morenistas de origen, y que ahora cuestionan las decisiones de su dirigencia nacional.

No llegaron a pedir una foto sino a reclamar “elecciones transparentes” y a recordar los principios que el partido presume en sus discursos: “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

El mensaje tenía como destinatarias específicas a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes los militantes juarenses acusaron de ser “traidoras al morenismo”. Así fue la bienvenida que un sector de las bases preparó para la anunciada asamblea.

Pero el reclamo no cayó bien entre otros asistentes. Militantes hicieron llegar a Mirone un video en el que, según reportaron, integrantes del bloque oficial del partido presionaron a los inconformes para que se retiraran.

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En el video, se escuchan gritos de “¡Fuera, fuera!”, mientras los manifestantes son obligados a desplazarse unos metros. También se observan intentos de arrebatarles las cartulinas.

El momento agrega otro ingrediente al desencuentro: los inconformes llegaron a cuestionar a la dirigencia y terminaron enfrentando presiones de otros morenistas para abandonar el lugar.

Los reclamos también apuntaron al proceso para la designación del coordinador estatal del movimiento.

Sobre ese aspecto, Montiel sostuvo, en un acercamiento con medios de comunicación, que Cruz Pérez Cuéllar ganó las cuatro encuestas y que Andrea Chávez quedó en segundo lugar, por lo que recibió tareas de coordinación en Juárez.

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Justo ahí radica el problema político: haa quienes están pidiendo explicaciones a quienes hoy conducen el partido. Los que ayudaron a levantar la casa quieren saber cómo se repartieron las llaves.

Escogieron la asamblea para hacer visible el desacuerdo desde la entrada, para que luego nadie dijera que no los vio.

La cita de la asamblea era a las 14:00 horas en el Centro de Convenciones Anitas, pero la discusión interna se adelantó. Antes de los discursos y los llamados a la unidad, una pequeña parte de la militancia puso sobre la mesa sus diferencias con la dirigencia del partido.

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En el PAN de Chihuahua ya comenzó la operación para convertir a César Jáuregui en una víctima de la persecución política del Gobierno federal. El problema es que, mientras unos panistas se apresuran a cerrar filas con el exfiscal, la gobernadora María Eugenia Campos parece tener “otros datos” sobre la actuación del ahora recluido en el penal del Altiplano.

El virtual candidato del PAN al Gobierno del Estado, Marco Bonilla Mendoza, salió en defensa de su correligionario y no se anduvo por las ramas: calificó a Jáuregui de preso político, consideró desproporcionada la acusación federal por traición a la patria y sostuvo que su detención busca desviar la atención de los señalamientos contra los gobernadores morenistas Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.

Además, anunció que respaldará un desplegado en apoyo al exfiscal. En otras palabras, Bonilla quiere que el panismo se suba al barco de la solidaridad con quien fuera uno de los hombres más cercanos a Maru Campos.

Que alguien nos explique, porque esa postura tiene una lectura electoral inevitable. Jáuregui no solo fue fiscal general del Estado: también era uno de los aspirantes con posibilidades de competir por la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027. Su detención lo sacó de la contienda, al menos por ahora, y abrió un boquete en el tablero de las aspiraciones panistas. Sobre eso no se pronunciaron el aspirante a gobernador ni otros liderazgos panistas que han alzado la voz para defender a Jáuregui.

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Pero el respaldo de Bonilla choca de frente con las declaraciones que la propia gobernadora hizo hace semanas. En una entrevista con el periodista Claudio Ochoa, de Latinus, Maru Campos sostuvo que el exfiscal y otros funcionarios de la Fiscalía actuaron “por la libre” en el caso de los agentes estadounidenses que participaron en el operativo de El Pinal.

“Eso no se puede perdonar”, dijo la gobernadora a todo pulmón.

La mandataria fue más allá. Dijo que desconocía lo que estaba ocurriendo y cuestionó por qué sus colaboradores no le informaban sobre decisiones relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia. Incluso habló de una “caja de Pandora” que se abrió al conocerse los detalles del operativo y justificó los cambios realizados en la Fiscalía como necesarios para recuperar el orden y la disciplina institucional.

Después, cuando Jáuregui fue detenido, Campos sostuvo que nadie está por encima de la ley y respaldó la actuación de las autoridades, al tiempo que rechazó la existencia de un pacto con la presidenta Claudia Sheinbaum para entregar a su antiguo colaborador.

Es decir, mientras Bonilla habla de un preso político, Maru habla de un funcionario que rebasó los límites y actuó sin la autorización de su jefa.

La diferencia entre los discursos revela algo más que una mera discrepancia sobre la situación jurídica del exfiscal. Expone la fractura política que dejó el caso de El Pinal, con todo y el escándalo de los agentes de la CIA participando en labores de seguridad en el estado de Chihuahua, y la dificultad del panismo para construir una posición común frente a uno de los expedientes más delicados de la administración estatal.

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Bonilla tiene razones políticas para defender a Jáuregui; presentar a un panista “de casa” como víctima de persecución por su detención suena atractivo en una campaña.

Maru, en cambio, necesita deslindarse de las decisiones tomadas dentro de la Fiscalía y evitar que la responsabilidad por la participación de agentes extranjeros en el operativo termine por llegar al despacho de Palacio de Gobierno. Su argumento ha sido que no fue informada y que los funcionarios involucrados deben rendir cuentas por sus actos.

La pregunta incómoda es si el panismo puede defender a Jáuregui sin cuestionar el relato de la gobernadora. Porque, a estas alturas, el caso ya no solo enfrenta a Jáuregui con la justicia federal. También pone a prueba la lealtad, la memoria y la disciplina dentro del PAN.

Y vaya paradoja: quienes durante años presumieron que Maru y Jáuregui formaban parte del mismo equipo, ahora tienen que elegir entre la versión de la jefa y la solidaridad con el antiguo fiscal. Bonilla ya tomó partido; la gobernadora también. El problema es que sus posiciones no caben en la misma fotografía.

En el PAN pueden organizar desplegados, pronunciar discursos de unidad y reclamar justicia para Jáuregui, pero mientras no aclaren quién sabía qué, quién autorizó qué y quién decidió actuar por la libre, la defensa del exfiscal seguirá teniendo un pequeño inconveniente: la principal testigo de su deslinde político es la propia gobernadora.

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En Guadalupe y Calvo no solo vuelan drones con explosivos. También las familias salen “voladas” con rumbo a otros municipios, cansadas de vivir entre balaceras, amenazas y el miedo a quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Hoy en día, miles de guadalupenses (sí, miles) deambulan por Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Chihuahua o Juárez en busca de un lugar donde puedan dormir sin sobresaltos.

La tragedia no es nueva, pero cada episodio de violencia vuelve a evidenciar la incapacidad de las autoridades para garantizar algo tan elemental como la seguridad y la permanencia de la población en sus propias tierras.

La prueba irrefutable de que estamos ante una crisis humanitaria la dan los números, fríos y chismosos, como son. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Guadalupe y Calvo tenía 50 mil 514 habitantes. Cinco años después, la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi estima que su población se redujo a 39 mil 496 personas. Son 11 mil 18 habitantes menos, una disminución de casi 22 por ciento, solo en cinco años.

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El problema es que ese golpeado municipio, conocido ya como la “Esquina caliente”, y no por ser la tercera base del beisbol, sino por ser la punta del “Triángulo Dorado” del narcotráfico, también se ha quedado sin autoridad.

Desde tiempo atrás circula el rumor de que la alcaldesa Ana Laura González Ábrego ya no está en el municipio y que despacha desde Hidalgo del Parral. Es decir, que bien podría pasar por “desplazada política”.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que desde el miércoles han intentado comunicarse con la alcaldesa González Ábrego para conocer qué asistencia está brindando a los afectados, pero no han obtenido respuesta. El Estado, dijo, desconoce qué está haciendo el Municipio ante la emergencia.

Norte Digital y este Mirone comunicativo pueden confirmar el dato: la alcaldesa no contesta, no se encuentra, no la ubican. En el Ayuntamiento poco falta para que respondan con el clásico atemporal: “dice que no está”.

La situación está para que corra la gente del lugar, pero también para que las fuerzas del orden aprieten el paso para combatir al crimen.

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En la región de Baborigame se registraron ataques con explosivos lanzados desde drones. Autoridades federales reportaron al menos siete artefactos dirigidos contra elementos de seguridad, aunque no hubo lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó explosiones en la zona y precisó que los agentes no fueron atacados directamente.

Entre el 10 y el 12 de noviembre, autoridades estatales distribuyeron 129 paquetes de ayuda a familias afectadas en Tarahumares, Nabogame y Los Otates. Es una respuesta necesaria, pero insuficiente frente a una crisis que no se resuelve con despensas ni con visitas ocasionales.

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras las familias pierden sus casas, sus tierras y sus medios de subsistencia, las autoridades también parecen perder la capacidad de coordinarse.

La emergencia exige algo más que comunicados, recorridos y paquetes de ayuda. Hace falta una estrategia sostenida de seguridad, atención humanitaria y protección a las comunidades, así como condiciones para que quienes fueron desplazados, puedan regresar sin poner en riesgo la vida.

Guadalupe y Calvo ya perdió más de una quinta parte de su población entre las dos mediciones del Inegi. No se trata de una cifra menor ni de un asunto que pueda despacharse como una simple variación estadística.

A este paso, el municipio corre el riesgo de quedarse con sus montañas, sus caminos y sus enormes extensiones de tierra, pero cada vez con menos gente para habitarlos. Y mientras los criminales se disputan el territorio, las autoridades ni siquiera logran ponerse de acuerdo para proteger a quienes aún permanecen en él.