En los próximos días, si no es que en las próximas horas, Ana Amelia Murga Elías será ratificada como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM)… muy a pesar de la anterior titular, Wendy Chávez.

Y no es que Wendy la traiga contra Ana Amelia, sino que la actual vicefiscal está más a fuerza que con ganas en su nuevo encargo y no está muy contenta de dejar la FEM, a la que dedicó los últimos años con todo el ahínco, pese a que disponía de un presupuesto limitado para atender a una dependencia estatal que cada vez recibe a más víctimas.

La atención a medias comenzó el pasado 26 de abril, cuando se designó a Wendy encargada de investigar los sucesos de El Pinal, donde murieron dos agentes extranjeros y el titular de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente automovilístico ocurrido después de un operativo para localizar un narcolaboratorio.

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Desde entonces, Ana Amelia Murga ha estado despachando como titular de la FEM, pero sin que Wendy Chávez dejara de ejercer autoridad sobre ella. Sin embargo, el 9 de octubre pasado, Wendy recibió el nombramiento de vicefiscal, como parte de una reestructuración de la FGE anunciada por su nuevo titular, Gilberto Loya Chávez.

La Fiscalía General del Estado, que ahora dirige Loya en calidad de encargado del despacho, ha realizado desde el inicio de su gestión diez cambios de titulares, pero hasta ahora solo ha nombrado ocho reemplazos, entre ellos el de la FEM.

Así se dejó acéfala, para efectos formales, un área de la FGE que, solo durante los tres primeros meses del año —antes de que Wendy se “distrajera” con la investigación de El Pinal—, había integrado 2 mil 409 carpetas de investigación, la mayoría por violencia familiar, uno de los delitos de mayor crecimiento en Chihuahua durante los últimos años.

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Como vicefiscal, Wendy está nuevamente en el ojo del huracán, ante los nuevos amagos contra su exjefe, César Jáuregui Moreno, quien se encuentra procesado por el delito de traición a la patria y, vale recordarlo, también por ejercicio ilegal del servicio público. Ahora, Jáuregui enfrenta una andanada mediática que podría derivar en el anuncio de nuevas investigaciones en su contra.

Mientras eso ocurre, la FEM, una institución permanentemente cuestionada y “fiscalizada” por asociaciones civiles, activistas y colectivos de mujeres, permanece sin una titular plenamente en funciones y sin la autoridad que otorga un nombramiento formal, más allá de la figura de “encargada del despacho”.

En ese manoseo de cargos, investigaciones y reacomodos, lo que parece haber quedado en segundo plano es la propia FEM, una fiscalía que no está como para dejarla encargada de la silla, ni mucho menos para que funcione a medias o para que su conducción esté sujeta a los vaivenes de la política interna de la FGE.

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El problema de los desplazados por motivos de inseguridad está escalando a niveles que van más allá de lo estrictamente social o de seguridad pública.

Ahora le pega al ambiente político-electoral, con más de mil personas en esa condición de vulnerabilidad y unas autoridades estatales que se culpan las unas a las otras de dejar crecer el problema.

Aunque esa problemática ha estado en la conversación desde hace más de un año, hasta ahora las autoridades de los tres órdenes de Gobierno se dieron por enteradas y se voltean a ver las unas a las otras para echarse culpas de la crisis humanitaria que viven las familias que salieron despavoridas de su lugar de residencia para ponerse a salvo de los grupos delictivos.

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Ante la poca atención prestada a las más de mil 400 personas en condición de desplazamiento —según el Inegi—, se ha buscado, más que una solución al problema, alguien a quien echarle la culpa.

No hay mucho que buscarle: desde hace tres años, familias que salieron huyendo de Guadalupe y Calvo y se asentaron en Cuauhtémoc pedían al Gobierno que les vendiera una de las muchas casas que tenía abandonadas en los fraccionamientos de Pensiones Civiles del Estado.

La respuesta fue un rotundo no y la advertencia de que serían sacadas mediante el uso de la fuerza pública. Así se atendió un problema que ya se convirtió en crisis humanitaria, una de la que nadie se quiere responsabilizar.

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Para el Gobierno del Estado, la tensión social que va en aumento a causa de ese fenómeno representa un doble problema: el intercambio de culpas entre las diversas instancias que debieron poner el grito en el cielo desde un principio y —tal vez lo peor— el que se haya dado por hecho que esas familias no van a regresar a sus hogares.

Porque, así como están manejando el problema, pareciera que las instancias de Gobierno prefieren buscar dónde acomodarlas, entregarles “terrenitos” y materiales de construcción, en vez de enviar un operativo a reinstaurar el orden en la región y permitirles regresar a sus lugares de origen.

Ojo con el dato: al menos cuatro municipios de Chihuahua cambiaron su demografía de manera radical en los últimos cuatro años debido —se puede presumir— a la violencia.

Nada más en Guadalupe y Calvo se perdió el 21 por ciento de la población, al pasar de 50 mil 274 habitantes en 2020 a 39 mil 496. Esos 10 mil 778 que migraron están ahora en otro lugar, en un municipio diferente, donde podrían ir a votar —si se apuran a renovar su credencial del INE— y ser un factor determinante en la próxima contienda electoral. Apúrense a atenderlos o los alcanzará el destino.

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Luego de que se dio el nombramiento de Marcelo Torres Cofiño como delegado de procesos electorales del PAN en Chihuahua, Ulises Pacheco ya lo está esperando en Juárez para ver definiciones rumbo a 2027.

Acá esperan al diputado federal por Coahuila con ansias, para saber si se tomará en cuenta o no el registro de los 121 aspirantes que todavía buscan los distintos cargos, o si fue en vano que se hayan puesto a recolectar las mentadas firmas de apoyo.

El proceso de selección de candidaturas en Juárez prácticamente se dejó en stand by, aunque se supone que están vigentes las aspiraciones de todos aquellos que se registraron en la plataforma digital y que pasaron a la segunda fase.

Desde el 31 de octubre se cerró el plazo para subir los apoyos a la plataforma y todavía es hora de que no se conoce cuántos y quiénes lograron cumplir con el número de firmas. Toda la información la ha concentrado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y no le ha soltado nada al Comité Municipal.

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La recolección acabó y todas las firmas de aspirantes a coordinaciones territoriales —alcaldía, diputaciones, regidurías y sindicatura— están en proceso de verificación o de auditoría por parte del Comité Ejecutivo Nacional para validarlas.

Hasta ahora únicamente se sabe que Austria Galindo y Raúl García Ruiz sí superaron las 6 mil firmas requeridas para la coordinación municipal, pero, por lo que ha trascendido, la chamba la hicieron en vano, porque se espera que de un momento a otro haya designación directa en favor de Daniela Álvarez, la presidenta estatal del PAN, que nunca se registró ni le entró a la recolección de firmas.

Después de la sesión del Consejo Estatal del pasado sábado, se manejó que se había sugerido para Juárez la designación directa, pero no hubo nada específico en ese sentido. Los 66 municipios fuera de la capital tienen abierta esa posibilidad, pero también la de utilizar las opciones estatutarias ordinarias: elección por la militancia, encuesta o elección abierta o primaria.

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Nada está dicho todavía y la verdad es que no hay claridad en el PAN juarense sobre lo que viene. Ese futuro se empezará a vislumbrar cuando el delegado especial Torres Cofiño aterrice en Juárez.

En lo único en lo que hay certeza es en que habrá definición de coordinaciones a más tardar el 15 de diciembre.

La fecha fatal está definida por el hecho de que, constitucionalmente, las precampañas formales para presidencias municipales, diputaciones, regidurías y sindicaturas arrancan el 19 de diciembre, de acuerdo con el calendario electoral autorizado por el INE.

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Por terrenos guindas, el que anda desatado contra los oportunistas es el profe Martín Chaparro, el expresidente estatal de Morena.

“No permitiré que oportunistas quieran de último segundo subirse al barco que tantos y tantas construimos, solo para ganar una medalla o cargo (mañana volverán a merodear en otros terruños)”, compartió en sus redes uno de los fundadores de la 4T en Chihuahua.

El profe se registró en la plataforma morenista para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital del estado, luego de haber hecho lo propio por la coordinación estatal, que quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar.

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Y como en la ciudad de Chihuahua a la lista de prospectos por la alcaldía se siguen sumando nombres que nada tienen que ver con el origen del movimiento, se puso bravo Chaparro y llamó en sus redes a no permitir que “se nos suban los parásitos”.

En la ciudad de Chihuahua han surgido nombres de aspirantes como el empresario Sahír Rentería, dueño de las ferreterías REWO, y el regidor Miguel Riggs, el expanista y exemecista que fue cercano políticamente a Javier Corral.

Igualmente, la exdiputada y excandidata a gobernadora por el Partido Verde, Brenda Ríos, es una de las fuertes figuras impulsadas en Morena por la presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes.

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Contra ese morenismo recién llegado anda desatado el profe Chaparro, quien también deberá competir por la alcaldía de la capital contra el extitular de la Dirección General de Paneles Internacionales de la Secretaría de Economía, Héctor Ochoa, y contra la abogada y activista social Martha Serrano, además de la también morenista de base Rosa Lilia Cardona.

“¡Es hora de ser verdaderos morenistas, seamos auténticos!”, escribió Chaparro en su más reciente publicación, luego de atender la invitación de un grupo de Morena para acudir a la sede partidista y exponer su visión sobre distintas problemáticas de Chihuahua capital.