En Juárez, la promoción del voto cruzado continúa su marcha, con paso lento, pero constante, sin que haya hasta el momento una medición que pueda determinar qué tan efectivo ha sido ese llamado a votar en una boleta por uno y en la otra por el de la casa de enfrente.

Lo que sí ha salido a la luz es el lugar de donde se ha generado, en gran medida, esa campaña a través de redes sociales, donde llaman a votar por Morena para la Presidencia Municipal y “cruzar” en la de gobernador, con tal de que Cruz Pérez Cuéllar no sea el próximo ocupante de la oficina principal del Palacio de Gobierno.

Entendidos en el tema le han contado a Mirone que el generador de esa campaña es el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y el grupo que lo acompaña.

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Si bien es cierto que ese llamado no ha pegado fuerte, sí ha levantado polvareda y representa una amenaza en los cuarteles generales de Morena y, en particular, para el coordinador estatal, porque ve cómo el foco de resistencia a su candidatura tiene cuartel en las filas de su propio partido.

El edil juarense, bien “andao” en temas electorales, ya ha emprendido una campaña de promoción del voto a favor de la 4T, en general, en todos los municipios y los distritos electorales del estado, aun cuando el candidato no haya sido de su agrado.

Lo que importa ahora —le cuentan a Mirone— es mantener viva la flama y evitar que el triunfo, que muchos ven cerca, se les caiga por una mala operación política al interior del partido, más que entre la población abierta.

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Entre los datos que le pasaron a Mirone está el hecho de que la coordinadora por Juárez, Andrea Chávez, ya se ha deslindado de esa campaña. De su boca —o de sus redes sociales— no ha salido un llamado a votar “por otro”, que no sería “otro” más que Marco Bonilla, el virtual candidato del PRIAN.

Los morenistas “de planta”, esos que votan por cualquier candidato por el solo hecho de ser postulado por el partido guinda y blanco, tienen ahora un doble trabajo: promover el voto entre los electores indecisos o independientes y entre los de su propia casa.

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A Mirone le reportaron lo que se ha estado platicando entre panistas que integran el Consejo Estatal, como una opción para destrabar el entuerto y la mala vibra que se generó en el proceso interno de elección de candidato a la alcaldía de la capital, después del tsunami político que acompañó la detención y la vinculación a proceso del exfiscal César Jáuregui Moreno.

Resulta que ha empezado a sonar con insistencia el nombre de Fernando Álvarez Monje, el expresidente estatal del PAN que tiene buena fama de conciliador y negociador entre grupos internos, aunque también de habilidoso político que sabe cuándo brincar de un proyecto político a otro, así como transitó de acompañar al corralismo a integrarse al equipo de Maru Campos.

Todos saben en el PAN que con él se puede dialogar y construir acuerdos. Además, le cuentan a Mirone, nadie le regatea su institucionalidad y convicción panista de muchos años, empezando porque trae sangre azul de cuna y vena de negociador como sobrino de Luis H. Álvarez, el expresidente nacional del PAN, excandidato presidencial y excandidato a gobernador que se convirtió en el primer alcalde panista de la capital en 1983.

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El camarguense, que actualmente funge como titular de la Oficina de la Gubernatura y empezó el sexenio como director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), trae currículum choncho, ya que fue diputado federal, dos veces presidente estatal del PAN y dos veces diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado.

Incluso fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en 2014 y coordinador general de la campaña de Javier Corral en 2016, el mismo año en que asumió por segunda vez la presidencia estatal del PAN.

Por toda esa experiencia es que su nombre también se ha puesto sobre la mesa en cuanto al relevo que viene en la dirigencia estatal, luego de que Daniela Álvarez se venga a Juárez como candidata a la alcaldía.

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Sin embargo, lo que le aseguran a Mirone es que a Fernando le late más el corazoncito por la alcaldía de Chihuahua, aunque ahorita esté un poco agazapado, mientras terminan de bajar las aguas del tsunami azul que todo lo arrastró en Chihuahua. Ya había suspirado por el cargo en 2021, pero entonces no cuajó la candidatura.

A ver qué pasa en la grilla interna y cómo se dan las definiciones, ya que también se ha puesto sobre la mesa el nombre del actual titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Alan “El Cabrito” Falomir. Él se había registrado formalmente como aspirante a la candidatura a la alcaldía, aunque también ha sonado como alternativa para la presidencia estatal del PAN.

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A propósito de jugadas políticas, ajustes de cuentas y grillas azules, quien se vio bastante mal en su autopromoción como coordinador en Juárez del proyecto de Marco Bonilla fue el exdirector general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Iván Ortega, El Toca.

Desde finales de octubre se conoció de su salida del Ichife y lo que supo Mirone es que fue “renunciado” como parte de la limpia que se ordenó desde Palacio a todo lo que oliera a César Jáuregui Moreno, no únicamente en la Fiscalía General del Estado.

El Toca era de los amigos con corazón más bien tricolor que impulsó Jáuregui para distintos espacios. Justo lo había promovido el exfiscal para hacerse cargo del Ichife cuando Raúl García Ruiz fue regresado a Juárez para operar políticamente desde la Recaudación de Rentas. Iván venía de la Universidad Tecnológica de Paquimé y cayó en la codiciada dirección general del Ichife con todo el apoyo de Jáuregui.

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El caso es que El Toca ha pretendido venderse como nuevo fiel operador de Marco Bonilla. Cuando le dijeron adiós en el Ichife, él publicó que renunciaba al cargo para aceptar la invitación de sumarse al proyecto del alcalde de la capital con licencia, aunque nadie creyó la versión por aquello de que el hueso que soltó es bastante jugoso por la millonada que se maneja en los contratos de obra y adquisiciones.

A Mirone le comentaron que Iván fue “renunciado” no únicamente por el tema del guillotinazo a los cesaristas, sino también porque traía cuentas pendientes y quejas por la manera en que bloqueaba el trabajo político a la propia delegación del Ichife en Juárez.

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Lo que trae de nueva cuenta a Iván Ortega en la mira es que se puso a decir que ya es el mero mero coordinador de la campaña de Bonilla en Juárez, sin que eso se haya puesto sobre la mesa institucional que aquí encabeza, para los trabajos campañeros de 2027, nada menos que el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Olmedo.

Ahora sí que se quiso pasar de lanza El Toca y a lo mejor se queda no nada más fuera del proyecto que pretendía de César Jáuregui, sino también del que encabeza Marco Bonilla.

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Va para abajo. La reforma a la Ley de Bienes del Estado es, por lo pronto, una de las víctimas de la mala relación entre las bancadas del PRIAN y Morena en el Congreso del Estado.

Al no encontrar “ambiente” para leer el dictamen en tribuna, ya no digamos para aprobarlo en el Pleno, se decidió bajarlo de la agenda de este martes 3 de noviembre.

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN el 16 de junio de 2026, propone agregar una sexta excepción al artículo 46 para facilitar al Poder Ejecutivo la venta de los terrenos que tenga en parques industriales.

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La reforma contempla que el Gobierno del Estado pueda vender sus terrenos situados en “zonas económicas” sin que medie la aprobación del Congreso. El Ejecutivo y su propio órgano de administración territorial decidirían a quién y por cuánto vender esos predios.

Pero hay un detalle: el dictamen amplía el alcance de la propuesta original.

Ya no se limita a proyectos estratégicos que atraigan inversiones nacionales y extranjeras, sino que abarca cualquier tipo de inversión privada.

El argumento de los promoventes es que el procedimiento actual puede tardar entre ocho y 18 meses y que esos tiempos restan competitividad a Chihuahua frente a otras entidades.

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Entre los antecedentes que rodean la discusión están dos ventas de terrenos autorizadas por el propio Congreso por montos inferiores a sus valores de avalúo.

Una es la de un predio en el Parque Industrial Chihuahua Sur a Parques American Industries, aprobada en 2022. Estaba valuado en 137 millones 546 mil pesos y se vendió en 3.38 millones de pesos. El proyecto contemplaba que la empresa construyera una nave industrial y se la rentara a Honeywell.

La otra es la venta de un terreno en Delicias a Mission Foods México, filial de Gruma, autorizada en 2025 para instalar una fábrica de tostadas. También se vendió por debajo de su valor de avalúo y, según lo que le reportan a Mirone, la producción todavía no comienza.

Así, la discusión pasa por los tiempos para atraer inversiones, las condiciones de venta del patrimonio estatal y las facultades del Congreso. Por ahora, antes de destrabar las operaciones, las bancadas tendrán que destrabar su propia negociación.

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Desde ayer martes, el sector educativo del estado y, en general, el del país comenzó a poner en marcha una medida que seguramente provocará reacciones encontradas entre miles de alumnos de los distintos niveles educativos: la restricción del uso del celular dentro de los planteles escolares.

¡Poca cosa! Por primera vez desde que se popularizó ese aparatejo, se aplicarán medidas restrictivas para su uso, se establecerán espacios donde no podrán ni marcar un número y horarios para guardarlo y hacer de cuenta que ni siquiera existe.

Así, palabras más, palabras menos, es como viene la normatividad que aplicará la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en Chihuahua, luego de que a nivel nacional se adoptaran disposiciones para ponerle freno al uso indiscriminado de estos dispositivos durante las horas de clase.

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Lo que le contaron a Mirone es que la medida más drástica, digamos, consiste en que durante el tiempo que el alumno permanezca en la escuela no podrá utilizar el celular, salvo en tres situaciones: por motivos de salud, ante alguna emergencia familiar o bajo la supervisión del docente.

Los diseñadores de la nueva normatividad se cuidaron de no utilizar la palabra “prohibido”, que tantas reacciones genera y que, a veces, provoca precisamente el efecto contrario al que se busca. Mejor optaron por el término “restricción”.

Esa “restricción” podría llegar al extremo de impedir que el alumno lleve su celular a la escuela, si el plantel no cuenta con un lugar apropiado para resguardarlo durante las horas de clase.

Aquí es donde entra el detalle con el magisterio, porque los docentes no están dispuestos a cargar con la responsabilidad de “cuidar” los teléfonos móviles de sus alumnos mientras dura la jornada escolar. Así que sí, habrá prohibiciones, aunque les llamen de otra manera.

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La medida se anunció desde septiembre pasado, durante una conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se habló de la necesidad de establecer reglas para el uso del celular durante las clases y evitar que los estudiantes se distraigan con la dichosa pantalla cuando deberían estar atendiendo al maestro.

En algunas escuelas privadas ya se había contemplado la instalación de casilleros con llave para que los alumnos guardaran ahí sus teléfonos mientras estuvieran en clase. Sin embargo, la mayoría de los cinco mil planteles de educación básica del sector público no cuenta con instalaciones de ese tipo.

Los entendidos en el tema le contaron a Mirone que la medida podría resultar chocante porque, en algunos casos, el alumno se verá privado de su teléfono por primera vez en su vida.

Hasta ayer, le dicen a Mirone, no había reportes de reacciones en contra por parte de los estudiantes, pero habrá que estar pendientes de lo que ocurra cuando la disposición comience a aplicarse.

El horario de clases será una especie de “manos libres”: los chamacos podrán soltar el celular y poner la atención en lo que ocurre frente al pizarrón y a su alrrededor.