En esta ocasión no voy a dar definiciones de corrupción. Bastante tenemos con padecerla como para todavía dedicarle una explicación académica. Me interesa señalar lo que nos quita y además ha causado una facilidad nuestra para acostumbrarnos al siguiente escándalo cuando ni siquiera hemos terminado de entender el anterior.
México tiene recursos naturales, capacidad industrial, una cultura extraordinaria y millones de personas que trabajan todos los días para salir adelante. Sin embargo, demasiadas familias siguen haciendo cuentas para comprar medicinas, pagar la renta o completar la despensa. La abundancia del país sirve de poco cuando una parte de sus beneficios termina en manos de quienes administran lo público como negocio particular.
Por supuesto, la corrupción no explica por sí sola todas nuestras carencias. Pero encarece resolverlas. Una obra con sobreprecio deja menos dinero para otra; una compra arreglada puede desplazar al proveedor que ofrecía mejores condiciones; un nombramiento por amistad pone decisiones importantes en manos de quien debe el puesto, aunque no sepa desempeñarlo. Después nos preguntamos por qué las cosas funcionan tan mal.
Hay una corrupción que trabaja como termita. Avanza durante años entre favores, expedientes extraviados y auditorías que incomodan cada vez menos. Se empieza haciendo una excepción para el conocido y se termina considerando una grosería que alguien exija cumplir la ley. “Así se hacen las cosas aquí”, dicen. Como si la antigüedad del abuso le diera permiso.
La otra actúa con prisa. Aprovecha el cargo, acomoda contratos y busca llevarse cuanto pueda antes de que cambie la administración o aparezca alguien dispuesto a revisar. Las dos se ayudan: donde los controles llevan años debilitándose, saquear resulta más fácil. Y si nadie paga las consecuencias, la siguiente camada llega con el camino aprendido.
El caso del INE merece examinarse bajo esa luz. Las investigaciones periodísticas sobre José Alfredo Hernández Casillas, proveedor relacionado con Guadalupe Taddei y su entorno familiar, plantean preguntas que requieren documentos y respuestas. La cercanía personal no demuestra por sí sola un delito; obliga a revisar si influyó en decisiones que debían atender exclusivamente al interés público. La ASF abrió una investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones.
La dimensión del asunto rebasa una fotografía o un viaje. Según lo expuesto por el titular del Órgano Interno de Control ante diputados, cinco empresas bajo investigación obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. Se investiga si compañías vinculadas aparentaron competir. El monto contratado no equivale automáticamente a dinero robado, pero la posible simulación exige esclarecerse.
Además, este 3 de noviembre se reportó un nuevo video difundido por Latinus en el que Hernández Casillas habla de contratos, porcentajes y cantidades en presencia de Taddei. Corresponde verificar íntegramente el material y determinar qué significan esas conversaciones frente a los expedientes y los movimientos de dinero. La gravedad de los señalamientos exige investigar con rigor, sin convertir una grabación en sentencia ni despacharla como simple ruido político.
Aquí aparece una pregunta incómoda: si hubo irregularidades sostenidas, ¿qué controles fallaron y quién debía advertirlas? Porque el dinero público no sale caminando solo. Hay solicitudes, autorizaciones, firmas y pagos. Revisar únicamente al personaje más visible puede dejar intacto el mecanismo que permitió el abuso.
Y está la elección de 2027. Los señalamientos sobre contratos no prueban manipulación de votos. Pero mantenerlos sin aclarar puede debilitar la confianza en la institución encargada de organizar los comicios. Esa desconfianza ofrece terreno para que cualquier contendiente desacredite lo que no le favorezca. Por eso esclarecer ahora también es cuidar la próxima elección.
La autonomía exige cuentas claras. Defender al INE supone exigir que sus recursos se administren correctamente y que cualquier responsabilidad se acredite y sancione. Encubrir por temor a perjudicar a una institución termina perjudicándola más. Tampoco ayuda aprovechar el escándalo para debilitarla: hace falta corregir lo que falle y conservar su capacidad de cumplir la ley.
No podemos seguir aceptando que cada revelación termine sepultada por la siguiente. La termita prospera mientras nadie revisa; el saqueador, mientras nadie responde. Y nosotros seguimos pagando reparaciones en una casa donde algunos confunden el servicio público con permiso para llevarse los muebles. Ese es el meollo del asunto.
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