El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, descartó que los problemas de salud que enfrenta el alcalde de Chihuahua y precandidato a la gubernatura, Marco Bonilla Mendoza, estén relacionados con alguna amenaza o riesgo contra su seguridad personal.
El funcionario aseguró que se trata de un asunto estrictamente médico y dijo haber estado atento a la evolución del estado de salud del presidente municipal, con quien mantiene una amistad de varios años.
“Me queda clarísimo que es un tema completamente médico, no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de amenaza ni de riesgo a su seguridad personal”, expresó.
Loya Chávez señaló que incluso tuvo conocimiento de un video difundido recientemente en el que Bonilla manifestó que se encuentra en condiciones de continuar con sus actividades, situación que, dijo, le dio gusto.
Sobre el particular, el encargado de la FGE fue cuestionado acerca de una posible similitud entre el caso del exgobernador José Reyes Baeza, quien también sufrió una parálisis facial cuando el estado enfrentaba una severa crisis de inseguridad.
A ese respecto, descartó que, en el caso de Bonilla, existan otros elementos que no sean los estrictamente médicos, ya que—añadió—los cambios de clima y la carga de trabajo podrían estar entre los factores relacionados con el padecimiento.
Sin embargo, dijo, no pretende especular sobre las causas y que el propio alcalde le hizo saber que se trata de un problema de salud.
Habrá protección a candidatos
Por otra parte, el encargado de despacho de la FGE explicó que las autoridades estatales cuentan con protocolos para brindar protección a quienes participan como candidatos en los procesos electorales.
Detalló que estos mecanismos se establecen en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE), instancia a través de la cual los partidos políticos pueden solicitar medidas de seguridad para sus aspirantes y candidatos.
Explicó que personal especializado evalúa los niveles de riesgo para determinar las medidas correspondientes, que pueden ir desde la incorporación a una lista de atención prioritaria, con respuesta inmediata mediante la plataforma Centinela, hasta la asignación de protección directa por parte de las instituciones de seguridad.
Precisó que este procedimiento corresponde a las candidaturas locales, mientras que en el caso de las federales la responsabilidad recae en las autoridades de ese ámbito, como ocurrió en el proceso electoral anterior, cuando intervino la Guardia Nacional.
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