De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua la jueza, Paloma Berenice Galindo Vargas, fijó para el próximo 11 de enero de 2027, el inicio del juicio civil en contra de los propietarios de funeraria Latino Americana, quienes son acusados por responsabilidad civil, daño moral y daños punitivos en contra de una familia cuyo ser querido, una niña, fue encontrada al interior del crematorio Plenitud.
Bajo el expediente 191/25 se inició la audiencia de conciliación en la que se revisaron las condiciones para que las partes llegarán a un potencial acuerdo, previo al juicio.
Sin embargo, al no alcanzar un punto en común, se procedió a la etapa de calificación y depuración de prueba.
Los abogados de las víctimas, representados por el despacho legal Lex Iusta, solicitaron a la jueza que admitieran diversos documentos, como las bitácoras de los cuerpos que eran mandados al crematorio Plenitud, así como series fotográficas sobre cómo se había entregado al cuerpo a las instalaciones del crematorio.
Por su parte, los abogados de la empresa Servicios Sociales Funeral S.A. de C.V., razón social de la funeraria, mencionaron que los responsables de incumplir el contrato fueron los propietarios del crematorio, ya que a ellos se les había encargado la incineración del cuerpo de la niña.
Una vez que se expusieron las pruebas se fijó la fecha para la realizar el juicio oral en el que se buscará determinar la responsabilidad civil de la empresa funeraria, así como el posible monto de reparación del daño para la familia.
Según el archivo periodístico, la demanda en contra de la funeraria se interpuso desde abril de 2026, mientras que en agosto pasado se llevó a cabo una de las primeras audiencias penales contra la funeraria bajo la causa penal 1459/26.
Respecto al proceso penal, los propietarios de funeraria Latino Americana están en espera de que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación en su contra, fijada para el próximo 10 de diciembre.
En audiencia que se celebró el pasado 4 de agosto, ocho víctimas del delito de fraude fueron remitidas al Instituto de Justicia Alternativa del TSJ con el propósito de que buscarán negociar con los propietarios de la funeraria, un acuerdo reparatorio por el delito de fraude del que habrían sido víctimas.
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