La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó esta noche que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, es investigado por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, derivados de la presunta intervención no autorizada de agentes extranjeros en un operativo antidrogas realizado en abril pasado.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado 17 de octubre, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la detención del exfuncionario se realizó en la ciudad de Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un juez federal.
Explicó que el mandamiento judicial fue obtenido después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de 100 actos de investigación, relacionados con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.
Según Godoy, las investigaciones apuntan a que Jáuregui Moreno habría ordenado y coordinado acciones durante aquel despliegue, en el que presuntamente participaron personas extranjeras sin autorización de las autoridades federales.
Un ataque al pacto federal, sostiene la FGR
La fiscal general sostuvo que las irregularidades detectadas no se limitan a cuestiones administrativas, sino que podrían constituir violaciones a disposiciones constitucionales relacionadas con la soberanía y la seguridad nacional.
“Lo anterior claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, expresó.
Godoy recordó que la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a las facultades de las entidades federativas, particularmente cuando se trata de atribuciones reservadas a la Federación.
En ese sentido, explicó que los gobiernos estatales no pueden asumir competencias exclusivas de las autoridades federales ni transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
De acuerdo con la investigación presentada por la funcionaria, Jáuregui Moreno habría permitido la intervención de personas extranjeras sin autorización en territorio nacional, en acciones que correspondían exclusivamente a las fuerzas federales.
Por ello, señaló que la FGR identificó hechos que podrían configurar el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
El operativo que desató la investigación
El caso tiene su origen en el despliegue realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la Sierra de El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades estatales participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas.
La operación quedó bajo investigación después de que se conociera la participación de agentes estadounidenses vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Dos de esos agentes, identificados como John Dudley Black y Richard Leiter Johnston, murieron posteriormente en un accidente automovilístico ocurrido cuando regresaban del operativo, junto con dos integrantes de la Fiscalía estatal.
Las circunstancias de aquella intervención dieron origen a investigaciones estatales y federales para determinar quién autorizó la presencia de personal extranjero, cuáles fueron sus funciones y si se vulneraron las disposiciones legales que regulan las operaciones de seguridad en territorio mexicano.
Dos investigaciones sobre el exfiscal
La conferencia de Godoy se produjo horas después de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informara que la detención de Jáuregui estaba relacionada con su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en la legislación penal estatal.
El encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, explicó que las investigaciones se concentraron en posibles omisiones en la cadena de mando y el incumplimiento de los protocolos durante el operativo.
La autoridad estatal sostuvo que el resultado obtenido con el desmantelamiento del laboratorio no justificaba las posibles irregularidades cometidas durante la intervención.
Ahora, el posicionamiento de la fiscal general de la República incorpora una dimensión federal al caso, al señalar que los hechos investigados también podrían constituir una afectación a la soberanía nacional.
Las responsabilidades penales del exfiscal deberán determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia.
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