Obligar a una persona menor de edad a vivir en pareja con un adulto será castigado en Chihuahua con penas de ocho a 15 años de prisión, tras la aprobación unánime del Congreso del Estado para tipificar la cohabitación forzada.
Con esta reforma, Chihuahua se convirtió en el estado número 19 en reconocer esta práctica como delito y establecer sanciones para quienes la ejerzan.
La modificación incorpora al Código Penal del Estado un capítulo denominado “Cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad”. Este contempla sanciones para quienes obliguen, coaccionen, gestionen u oferten a personas menores de edad para unirse de manera informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con una persona mayor de dieciocho años, con el fin de convivir de forma constante y equiparable a un matrimonio.
Además de la prisión, se establecen multas de mil a dos mil 500 días. Las penas aumentarán hasta en un tercio cuando el delito sea cometido por un ascendiente, tutor o persona responsable de la guarda o custodia de la víctima.
En el dictamen aprobado se señaló que México ocupa el octavo lugar a nivel global en la incidencia de esta práctica y que la ONU estima que, al ritmo actual, erradicarla por completo tomaría 300 años.
Asimismo, se destacó la importancia de reconocer esta conducta como delito y no limitarse a prohibir el matrimonio infantil, dado que la falta de consecuencias contribuye a que estas prácticas continúen.
La activista Eufrosina Cruz, impulsora de la propuesta a nivel nacional, sostuvo que estas uniones constituyen una problemática de derechos humanos y salud pública que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, al exponerlas a situaciones de violencia, limitar su acceso a la educación y comprometer su desarrollo integral.
Como referencia de la dimensión del problema, el dictamen señala que durante 2024 se registraron en Chihuahua 3 mil 114 nacimientos de madres menores de 18 años; en mil 873 de esos casos, el padre era mayor de edad. Asimismo, indica que mil 228 de las madres tenían menos de 14 años al momento de dar a luz.
La reforma también garantiza que las víctimas reciban atención psicológica y jurídica, así como las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad, evitar represalias y asegurar una atención oportuna.
