El INE puede resistir; el crimen organizado es el gran desafío: Claudia Arlett Espino

El INE tiene una estructura capaz de resistir cambios de funcionarios y presiones políticas, pero uno de los grandes desafíos de las próximas elecciones será la posible intervención del crimen organizado, advierte Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del organismo, en entrevista exclusiva con Norte Digital.

A casi un mes de su renuncia, la que presentó un día antes del inicio formal del proceso electoral, Espino asegura que dejó el cargo por motivos de salud y descarta haber recibido presiones políticas. Su salida, sostiene, no puso en riesgo la organización de los comicios para renovar la Cámara de Diputados y elegir a los titulares de 17 gobiernos estatales.

La exfuncionaria distingue entre las tensiones que una institución puede procesar mediante sus reglas y estructura profesional, y las amenazas externas para las que debe estar preparada. Entre estas últimas coloca la intimidación y la interferencia de grupos criminales.

El crimen organizado, un desafío que ya no puede quedar fuera

Espino recuerda que el problema no es nuevo. Desde la reforma electoral de 2014 comenzó a discutirse formalmente la posibilidad de que grupos criminales interfirieran en los procesos electorales.

Lo que ha cambiado, explica, es la disposición de las instituciones y de la sociedad a hablar abiertamente del problema.

Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de elecciones, se dejaba fuera el tema de la seguridad. Ahora ya se reconoce que ambos asuntos están vinculados.

El avance más reciente es la creación de una comisión de integridad mediante la cual los partidos pueden someter voluntariamente a revisión determinadas candidaturas ante instituciones de seguridad.

El INE, aclara Espino, no será quien determine quién puede o no competir. Su papel es recibir la información de las instituciones de seguridad y transmitirla a los partidos, pero son ellos quienes deben tomar la decisión final.

El mecanismo todavía no resuelve de fondo el problema, reconoce, aunque indica que el sistema electoral mexicano comienza a reconocer formalmente que la seguridad puede afectar la competencia política.

No basta con evitar la violencia; hay que saber cómo responder

Para Espino, el desafío no consiste únicamente en esperar que no se produzcan amenazas, intimidaciones o interferencias criminales. Las instituciones deben estar preparadas para actuar cuando sucedan.

Durante la entrevista se le recordó un caso ocurrido en un municipio de la Sierra de Chihuahua, donde un grupo armado se llevó paquetes electorales y amedrentó a quienes participaban en la elección.

Los funcionarios y representantes de casilla respondieron colocando las sábanas con los resultados fuera de sus viviendas.

Para Espino, aquella acción tuvo un significado mayor: fue una manera en que la ciudadanía se apropió de su elección y la defendió.

Porque, recuerda, detrás de la compleja maquinaria electoral hay algo elemental: son los ciudadanos quienes reciben, cuentan y custodian los votos. El vecino y la vecina.

Una renuncia por salud, no por presiones políticas

La salida de Espino, apenas un día antes del inicio formal del proceso electoral, generó interrogantes y alimentó especulaciones en el ámbito político y electoral.

Ella explicó entonces que debía atender problemas de salud. Ahora asegura que la decisión fue personal y que había conversado con la presidenta del INE aproximadamente tres semanas antes de dejar el cargo.

Había compartido con ella un diagnóstico que requería atención y, al mismo tiempo, debía garantizar que su salida no dejara vacíos en una institución que se preparaba para un proceso electoral de enorme complejidad.

“Era el momento propicio”, explica.

Espino sostiene que no recibió presiones políticas para abandonar el cargo ni instrucciones relacionadas con decisiones electorales.

Lo que sí hubo fue una presión inherente al puesto: la responsabilidad de coordinar una estructura nacional integrada por alrededor de 20 mil trabajadores, 32 juntas locales y 300 juntas distritales.

“La Secretaría Ejecutiva es uno de los puestos más complejos del Estado mexicano”, afirma.

Aclara que la Secretaría Ejecutiva no es un órgano unipersonal de decisión. Las determinaciones corresponden al Consejo General y la función de la Secretaría es ejecutarlas.

“Las decisiones le tocan al órgano colegiado”, señala.

El INE no depende de una persona

Aunque su salida ocurrió en un momento particularmente delicado, Espino considera que no debe confundirse el relevo de una persona con una crisis institucional.

El INE, sostiene, se creó precisamente para enfrentar ese tipo de eventualidades.

El Consejo General es solo una parte de una estructura mucho mayor. Detrás de los 11 consejeros existe un Servicio Profesional Electoral Nacional, juntas locales, juntas distritales y miles de funcionarios que han acumulado experiencia a lo largo de múltiples procesos.

“Es el ejército del INE”, resume al referirse a esa estructura profesionalizada.

Para Espino, ese entramado constituye uno de los principales blindajes de la institución. La experiencia acumulada permite que el organismo continúe funcionando incluso cuando cambian sus integrantes o enfrenta circunstancias extraordinarias.

Ella misma pone como ejemplo su llegada al cargo: asumió cuando ya estaba en marcha un proceso electoral y este pudo salir adelante.

Por ello, no considera que su renuncia haya puesto en riesgo el proceso. El INE, afirma, está hecho “para resistir las eventualidades”.

La política se adelanta; la ley va detrás

Otro de los problemas que enfrenta el sistema electoral, desde su perspectiva, es el desfase entre la realidad política y las reglas electorales.

Las fuerzas políticas comienzan a moverse mucho antes de los plazos establecidos para las precampañas y las campañas. Hay actividades, posicionamientos, recorridos y gastos que generan una evidente discusión pública.

Ante ese activismo anticipado, Espino señala que el órgano electoral no puede sustituir al Congreso ni crear las reglas que este no ha aprobado.

“Normativamente hablando, el Congreso es al que le corresponde esta tarea”, explica Claudia Arlett.

La legislación establece los periodos de precampaña y campaña, mientras que los tribunales desempeñan un papel fundamental al determinar si ciertos actos constituyen infracciones.

El problema, explica, es que la realidad política avanza más rápido que la legislación. En esa zona gris aparecen interpretaciones, controversias y conflictos que terminan en los tribunales.

La polarización también llega al Consejo General

La exsecretaria ejecutiva reconoce que la polarización del escenario político nacional también se observa dentro del Consejo General del INE.

Hay votaciones divididas y mayorías simples, aunque también decisiones adoptadas por consenso.

Para Espino, esa diferencia de posiciones no constituye, por sí misma, una amenaza para el proceso electoral. Precisamente para eso existe la colegialidad, un mecanismo que forma parte del blindaje institucional.

Que los consejeros tengan trayectorias, perfiles y posiciones distintas permite que las decisiones sean producto de la discusión y la votación de un conjunto de personas, no de una sola voluntad.

Chihuahua tiene estructura, pero no está exento de riesgos

Respecto a Chihuahua, Espino considera que el órgano electoral local cuenta con una estructura jurídica, técnica y operativa suficiente para enfrentar el proceso.

Destaca que el Consejo Estatal Electoral está completo y consolidado, una condición que, señala, no existe necesariamente en todas las entidades del país.

Sin embargo, subraya, Chihuahua tampoco está exento de los desafíos nacionales.

La discusión sobre las reformas electorales, la intervención del crimen organizado y la necesidad de blindar los procesos forman parte de un debate que, según Espino, tendrá que continuar después de la elección.

Las próximas reformas, tanto federales como locales, deberían recoger la experiencia de lo ocurrido durante el proceso.

Más exposición no significa menos autonomía

Ante la pregunta sobre si está en riesgo la autonomía del INE, Espino responde que no.

Reconoce que el contexto ha cambiado, al igual que las fuerzas políticas, los actores y las generaciones que participan en la vida democrática. También acepta que las instituciones deben actualizarse frente a esas nuevas circunstancias.

Pero una actualización no significa necesariamente pérdida de autonomía.

“El poder siempre estará tentado a abusar de él”, advierte.

De ahí la importancia de mantener instituciones capaces de resistir esas presiones. Para Espino, el sistema electoral mexicano fue construido precisamente con ese propósito.

Puede haber cambios en las reglas y en los actores. Puede aumentar la exposición pública de los órganos electorales por las redes sociales e incluso crecer la presión de los grupos políticos o criminales.

Pero una institución más expuesta no necesariamente es una institución más débil.

El verdadero blindaje, sostiene, está en su estructura, en la colegialidad, en sus profesionales, en sus procedimientos y, finalmente, en la participación de los ciudadanos.

Porque, al final de la cadena electoral, recuerda Claudia Arlett, la elección no pertenece a los partidos ni a los funcionarios: pertenece a los ciudadanos que acuden a las casillas, reciben los votos y cuentan las boletas.