Resulta que nos quedamos muy cortos cuando comentamos el tamaño de la presunta corrupción en el sistema penal estatal que generó espanto al fiscal Abelardo “El Bayo” Valenzuela.

Supo Mirone que son montones las denuncias recibidas por diversos canales en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) y que las 11 o 14 carpetas de investigación contra personas juzgadoras son solo una muestra de los casos que se han logrado integrar con suficientes elementos.

Pero las quejas han brotado no nada más en Chihuahua, sino también en esta frontera, donde despachan 49 jueces penales.

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Hemos comentado sobre la transa, muy común según las denuncias, del cambio de medidas cautelares para que imputados libren la prisión preventiva justificada. Pero resulta que en todas las etapas procesales, las personas juzgadoras tienen amplio margen para favorecer, bajo pedido o arreglo, a alguna de las partes. Lo que se ha denunciado es el presunto favorecimiento a las defensas de imputados por distintos delitos.

Así que no nada más hay foco rojo con los jueces de Control. A los de Enjuiciamiento les dicen “quítate, que ahí te voy” en cuanto a resoluciones sospechosas, ajustes o cambios que irían en el sentido de dilatar las sentencias o rebajarlas dentro de los procesos de impugnación. Todo mediante presuntos acuerdos bajo la mesa entre juzgadores y defensas, de acuerdo con las múltiples denuncias que han llegado a la FACH.

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Por eso la Fiscalía ha saturado de peticiones de información a los juzgados, en busca de más elementos para abrir e integrar un mayor número de carpetas. También ha recibido denuncias contra otros operadores del sistema y funcionarios judiciales, no únicamente contra personas juzgadoras.

Se supone que la FACH está decidida a actuar y judicializar varios casos, aunque primero tenga que solicitar los procedimientos de desafuero.

Ante el desaseo que ha brotado en esos terrenos penales, parece que desde el más alto nivel estatal se ha decidido dar un manotazo sobre la mesa.

La idea es evitar que esa descomposición judicial siga creciendo. La corrupción judicial no es nueva, pero parece que con los jueces del acordeón hay menos pudor.

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El PT se prepara para ir solo en la elección de 2027 si no logra un acuerdo “parejo” con Morena a nivel nacional, con candidaturas a los Gobiernos estatales que sean del agrado de todos.

Chihuahua no es la excepción. Aquí, el partido de la estrellita amarilla ya se prepara para contender por cuenta propia en al menos la mitad de los municipios —33, por lo menos— y en los 22 distritos, por aquello de que aparezca solo, y con su alma, en la boleta electoral.

Fácil no la tiene, y eso ya lo ha calculado. Lo que sí sabe es que puede, al menos, pelear por el Distrito VI de Juárez, que ya tiene, y por los tres municipios que ganó en 2024 con siglas propias: Ahumada, Belisario Domínguez y Ocampo.

Luego, con un poco de suerte, el tiempo “y un ganchito”, como diría Pedro Infante, también se queda con Ignacio Zaragoza, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes, que ganó en coalición con Morena hace dos años.

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Todo depende de la decisión que se tome en las alturas del partido rojo y amarillo, en función del trato que les dé Morena en el reparto de las “coordinaciones” en los 17 estados donde habrá renovación de la gubernatura.

Como ya es sabido, la dirigencia petista ha reclamado el trato un tanto indignante, de “mugroseo”, que le ha dado la cúpula morenista, sobre todo en estados donde el PT sentía que le alcanzaba para empujar una candidatura, si no propia, sí de su preferencia.

En Chihuahua, la decisión está colgada, en gran medida, de que el partidazo guinda le levante la mano a Andrea Chávez, pues los petistas aseguran tener encuestas donde aparece en un claro primer lugar, con hasta ocho puntos de ventaja sobre el alcalde de Juárez con licencia, Cruz Pérez Cuéllar.

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El rumor que corre en los “Radio Pasillo” y en las mesas de café es que, si se la dan a Cruz Pérez Cuéllar, el PT se lanzará a postular a Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua.

Suena fácil, así de entrada, pero hay un factor que aún mantiene sujeto, así sea con alfileres, el acuerdo entre los tres partidos que se agruparon para defender la Cuarta Transformación: la presidenta Claudia Sheinbaum.

A estas alturas, y con el descrédito que se cargan todos los partidos políticos, cualquiera se la piensa para romper con una líder que tiene hasta un 70 por ciento de aprobación, pese a las malas calificaciones que le dan a su Gobierno.

Ahí es donde se medirá la verdadera temperatura del agua de los camotes: pelearse con Morena y mantener de “amigui” a Claudia. Se ve difícil sostener las dos opciones al mismo tiempo.

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Apenas renunció al PAN la semana pasada y Omar Baquier ya apareció como funcionario del DIF Municipal.

Es uno de los Golden Boys que tuvo su tiempo de gloria en el PAN, donde llegó a ser secretario general del Comité Municipal cuando lo presidió Joob Quintín Flores Silva, otra de las figuras que se alejó del blanquiazul para acercarse a los proyectos guindas de la Presidencia Municipal.

Desde ayer, el abogado se hace cargo de la dirección especializada en niñez en las oficinas del DIF ubicadas en el Circuito Pronaf.

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Baquier fue subdirector de Gobernación Zona Norte cuando el titular era Alejandro Jiménez Vargas, el hoy regidor que acaba de renunciar a sus 18 años de militancia panista.

Cuando Gobernación se quedó acéfala, a Baquier lo despidieron en lugar de darle la oportunidad de ocupar la Dirección. Luego fue nombrado asesor del regidor Jiménez en el Ayuntamiento.

Baquier renunció a ese cargo por una mejor oportunidad en la Central de Actuarios, de donde pasó poco tiempo después a la Sala Regional Civil que encabeza la magistrada Angélica Mendoza. Ella se convirtió en primera dama y presidenta del Voluntariado del DIF cuando su esposo, Héctor Ortiz Orpinel, asumió la Presidencia Municipal.

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Supo Mirone que el abogado renunció al PAN luego de que la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, presuntamente presionó por su salida del Poder Judicial.

El propio Baquier dejó el cargo de actuario de la Sala Civil antes de que venciera su contrato, pero fue rescatado por la magistrada Mendoza en el DIF Municipal.

Es buen abogado y muy grillo, así que seguramente también le entrará a la operación política que requiera el equipo guinda de la Presidencia Municipal.

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El proceso electoral 2026-2027, con todo y la cuantiosa promoción personal de los suspirantes por algún cargo, apunta a ser uno de los más desairados que hayamos visto o, en el mejor de los casos, a registrar una participación igual de baja.

Si las cosas siguen como van, más de un millón y medio de ciudadanos se quedarán sin formarse en la fila para votar.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) ya tiene una lectura muy clara: el abstencionismo es producto de la desconfianza y el desencanto de la población hacia las instituciones políticas, las instituciones públicas y, en general, el sistema democrático.

Pero hay otro problema que las autoridades electorales no han conseguido resolver: cómo atraer a los jóvenes a las urnas. De acuerdo con la presidenta del IEE, Yanko Durán, representan aproximadamente el 27 por ciento del padrón electoral, pero se encuentran entre los sectores que menos participan.

“No creo que sea porque no tengan interés”, planteó Durán, sino porque las instituciones todavía no han encontrado la manera de comunicarles adecuadamente la importancia de participar en las elecciones y otros procesos ciudadanos.

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El dato es demoledor y lleva así varios años: Chihuahua está entre los últimos lugares de participación electoral y, según el diagnóstico de Yanko Durán, así seguirá, al menos, en las elecciones del año próximo.

Al inicio del proceso que concluirá con la renovación de los poderes locales y la Cámara de Diputados, Chihuahua ocupaba el lugar 27 en participación ciudadana, uno de los más bajos del país. Esto, a pesar de todas las campañas difundidas en los medios de comunicación para incentivar la asistencia a las urnas.

Con todo y eso, la respuesta es baja. Al corte más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), Chihuahua tiene 3 millones 192 mil 755 electores inscritos en su lista nominal. Si se mantienen los índices actuales, el año próximo irán a las urnas apenas un millón 500 mil 594.

Eso significa que un millón 692 mil 161 ciudadanos con credencial de elector se quedarían en casa el domingo 6 de junio de 2027.

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El diagnóstico es demoledor: ese más de millón y medio de personas que permanece indiferente está harto de todo.

Lo dijo la presidenta del IEE sin tapujos: las instituciones electorales “no hemos encontrado la manera de llegar o de atraer el voto de las juventudes”. Al menos se reconoce con sinceridad. Por más promoción que se haga, no logran convencer a los ciudadanos de salir de casa ese domingo de asueto y formarse en una fila para votar.

Peor aún: del total de la lista nominal, el 27 por ciento son personas jóvenes, y son precisamente ellas las que menos votan.

Preparémonos entonces para recoger boletas “planchadas”: unas cruzadas a favor de alguien y otras que quedarán sin usarse, listas para ir a la trituradora de papel. Millones de pesos convertidos en celulosa.

Si la elección anterior convocó a los ciudadanos a elegir la Presidencia de la República y no acudió ni la mitad de los enlistados, no hay razón para pensar que, en esta ocasión, cuando se votará por gobernador o gobernadora, lo harán en mayor cantidad.

La oferta que está en la mesa es casi igual que la de hace tres años: acusaciones mutuas, echadas de culpa y lenguaje soez; promesas de resolver problemas que llevan años flotando en el ambiente y recetas mágicas para terminar con la inseguridad, la violencia y la incertidumbre económica.

Si ese va a ser el discurso, ya podemos entender por qué la gente preferirá quedarse en casa, salir con la familia o irse al cine ese domingo 6 de junio. Al menos en la sala de cine o en la pantalla de televisión vemos fantasías que sí entretienen.