Después de escuchar a 82 testigos durante más de dos meses, la jueza federal Victoria Alejandra Espinoza Alaniz encontró un vacío en el centro de la acusación por terrorismo del “Jueves Negro”: la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar la llamada telefónica mediante la cual “El Zeky” supuestamente ordenó incendiar un camión en Riveras del Bravo.
Tampoco acreditó cuál habría sido la orden, cómo salió desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 ni de qué manera ese ataque estuvo relacionado con los otros 28 hechos violentos registrados el 11 de agosto de 2022 en Ciudad Juárez.
La única declaración que vinculaba a Juan Carlos V., alias “El Zeky”, con la supuesta instrucción fue rendida por Carlos Adrián Gómez Juárez, un joven que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y que murió meses antes del inicio del juicio.
La validez de ese testimonio fue motivo de debate durante gran parte del proceso, uno de los más prolongados y trascendentes desarrollados durante los últimos años en los juzgados federales de esta frontera.
Al final, la jueza determinó que la declaración no era suficiente para probar que existió comunicación entre Juan Carlos y Jorge Antonio C. B., ni que ambos hubieran planeado la quema del camión.
Con base en esas deficiencias, Espinoza Alaniz absolvió a los dos acusados y ordenó su inmediata liberación la noche de este lunes.
La acusación construida alrededor de una llamada
El Ministerio Público federal sostuvo que Juan Carlos y Jorge Antonio fueron responsables de “generar terror entre la población juarense” mediante el ataque contra un camión de transporte de personal en la colonia Riveras del Bravo.
Según la teoría de la FGR, “El Zeky” instigó, mediante llamadas telefónicas, a Jorge Antonio y a otras dos personas para incendiar la unidad con bombas molotov.
La Fiscalía señaló que Juan Carlos dio la orden desde el Cereso número 3, donde presuntamente acompañaba a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, entonces líder del grupo delictivo Los Mexicles.
Carlos Adrián Gómez Juárez declaró que Juan Carlos mantenía comunicación con una persona identificada como “René”, quien supuestamente transmitía las “órdenes” a Jorge Antonio.
Sin embargo, la jueza advirtió que el testigo nunca especificó cuál fue la instrucción, si Jorge Antonio la recibió o si las otras dos personas detenidas junto con él conocían el contenido de la supuesta llamada.
La mayoría de los testigos tampoco reconocieron a Juan Carlos ni pudieron explicar cuál habría sido su participación en los hechos.
Algunos custodios penitenciarios declararon que vieron a “El Zeky” junto a “El Neto” durante la riña registrada dentro del Cereso, pero la FGR no demostró cómo habría tenido acceso a un teléfono celular ni la forma en que supuestamente coordinó los ataques ocurridos en distintos puntos de la ciudad.
Para la juzgadora, la Fiscalía no logró establecer el recorrido de la orden: quién la dio, quién la recibió, cuál fue su contenido y cómo se ejecutó.
Por esas razones, Juan Carlos fue absuelto de todos los cargos.
Estar cerca del camión no probó el plan
Respecto a Jorge Antonio, únicamente se acreditó que fue detenido cerca del lugar donde ocurrió el ataque contra el camión de transporte de personal, en el que se registró un conato de incendio.
La jueza tomó en cuenta sus declaraciones, en las que manifestó haber sido víctima de tortura por parte de policías municipales.
No obstante, señaló que durante el juicio no se presentó alguna prueba que invalidara la actuación de los agentes que participaron en su detención.
Aun así, estar cerca del lugar del ataque no fue suficiente para demostrar que conociera los demás acontecimientos registrados ese día en Ciudad Juárez o que participara en un plan organizado para provocar terror entre la población.
El Ministerio Público tampoco probó que Jorge Antonio hubiera recibido instrucciones de “El Zeky” ni que supiera qué ocurría en otros puntos de la ciudad.
Por ello, también fue absuelto de todos los cargos.
Los 29 hechos que la FGR no pudo conectar
El jueves 11 de agosto de 2022, al menos nueve personas perdieron la vida en distintos ataques. Escuelas, centros de trabajo y establecimientos comerciales suspendieron sus actividades.
En menos de 24 horas se registraron 29 hechos violentos a lo largo de Ciudad Juárez. Incluso meses después, distintos negocios experimentaron una disminución significativa en sus ventas y actividades, según lo expuesto durante el juicio.
La jueza reconoció que aquella jornada provocó una amenaza grave para la seguridad pública, alteró las actividades de la ciudad y ocasionó daños a la población.
Sin embargo, señaló que para demostrar el delito de terrorismo no bastaba con acreditar la gravedad de los hechos.
Era necesario que el Ministerio Público agotara las líneas de investigación y explicara cómo se organizaron y ejecutaron de manera conjunta los distintos ataques.
La FGR no presentó alguna prueba que relacionara el incendio del camión en Riveras del Bravo con los otros 28 acontecimientos violentos.
Tampoco logró demostrar que existiera una estructura coordinada detrás de toda la jornada.
El traslado de “El Neto” quedó en rumores
Para explicar el motivo de los ataques, la Fiscalía presentó testimonios que señalaban que Los Mexicles reaccionaron ante el supuesto traslado de “El Neto” a otra prisión.
No obstante, las personas que hablaron sobre esa versión reconocieron que se trataba de “rumores”.
Durante el juicio no se presentó alguna prueba de que las autoridades hubieran programado el traslado del líder criminal a otro centro penitenciario.
La jueza también analizó si los hechos reunían los elementos establecidos en el Código Penal Federal para ser considerados actos terroristas.
Espinoza Alaniz explicó que, para acreditar ese delito, las acciones debían poner en peligro la seguridad nacional.
Esto implicaba, de acuerdo con lo expuesto en la resolución, que los ataques rebasaran la capacidad de las corporaciones locales y que, para mantener el orden o proteger la existencia del Estado mexicano, fuera necesario declarar un estado de emergencia y recurrir a las Fuerzas Armadas.
Aunque reconoció el daño y el miedo provocados entre la población, la juzgadora determinó que las autoridades no fueron rebasadas y que no se declaró un estado de emergencia.
Por ello, concluyó que el Ministerio Público no logró acreditar el delito de terrorismo.
La espera que valió la pena
Eran aproximadamente las 8:10 de la noche en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez cuando la jueza ordenó la inmediata liberación de Juan Carlos y Jorge Antonio.
En sus rostros se reflejaron la tranquilidad y la alegría después de escuchar la resolución.
La barbilla de Jorge Antonio permaneció tensa durante gran parte de la audiencia y mantuvo la mirada sobre el estrado de madera desde el que la jueza leyó su pronunciamiento.
A lo largo de las tres horas que duró la sesión, su cuerpo se relajó conforme Espinoza Alaniz detalló las deficiencias probatorias del Ministerio Público.
En algunos momentos sonrió ligeramente y bromeó con su defensora, a quien abrazó cuando concluyó oficialmente la audiencia.
Entre el público estaban sus familiares, quienes recibieron la resolución entre lágrimas y suspiros. En cuanto pudieron acercarse, abrazaron a Jorge Antonio, quien recuperaría su libertad después de permanecer detenido durante cuatro años.
En la mesa de la defensa hubo aplausos de satisfacción. En la del Ministerio Público fueron notorios los rostros de decepción y cansancio.
René, padre de Jorge Antonio, expresó que la familia se encontraba satisfecha porque había concluido una etapa en la que tuvieron que acudir a tribunales y fiscalías de Ciudad Juárez y Chihuahua.
“Hasta el día de hoy se hizo justicia, gracias a mi padre Dios”, expresó.
Jorge Antonio fue trasladado en una patrulla de la Guardia Nacional al Cereso número 3 para completar los trámites de su liberación. De acuerdo con sus defensores, ya no tenía otra causa penal pendiente.
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Jorge Antonio C.B. declaró ante la jueza que policías municipales lo golpearon tras su detención y que una agente de la FGE le mostró fotografías de dos personas para que las señalara como involucradas en la quema de camiones
