Frente a la entrada de Ciudad Judicial, en las instalaciones del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia, Belia Jiménez viste de negro, lleva una pañoleta morada en el cuello y carga una manta azul, mientras se encuentra acompañada por integrantes de la Red Mesa de Mujeres.
Para las 11:00 de la mañana de este lunes estaba programada la audiencia intermedia contra Miguel Ángel M.T., quien fuera su esposo y permanece desde hace un año y medio bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que la jueza de control encargada de revisar la causa penal determinara que había elementos suficientes para presumir la probable comisión del delito de violación agravada contra su hija, quien padece autismo.
Para la madre de la pequeña, este ha sido un proceso desgastante y tardado, no solo por las secuelas psicológicas y físicas que dejó en su hija la agresión sexual, sino también por las diversas irregularidades ocurridas a lo largo del proceso penal.
Manifestó que, para llegar hasta la etapa intermedia del proceso, han tenido que esperar más de un año y medio. Además, señaló que las personas que han atendido a su hija han demostrado falta de conocimiento en la atención con perspectiva de género e infancia.
“No podemos exigirle a los niños que se expresen como un adulto y más en la condición que padece mi niña, que es el autismo. Entonces, sí es limitada la forma de expresión de mi hija; debe haber protocolos para la valoración de niños con o sin condiciones de neurodesarrollo y, sin embargo, muchos de los juzgadores o incluso de las mismas primeras instancias no saben cómo tratar a los niños”, señaló.
Agregó que, por ahora, el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero que, a lo largo del proceso, ha intentado en diversas ocasiones recuperar su libertad mediante la obtención de un amparo.
“Exijo justicia porque mi hija ha pasado por mucho sufrimiento, por muchas situaciones de depresión. Es una niña que, por el mismo autismo, no comprende o apenas está alcanzando a comprender lo que le sucedió y su infancia, pues, fue cortada de manera abrupta y cruel”, puntualizó.
Por su parte, Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, expresó que la organización decidió acompañar este caso debido a que ha observado que en los procesos penales que involucran a infancias se presentan constantes retrasos y dilaciones que afectan el ánimo de las víctimas.
Cortés puntualizó que las irregularidades presentadas en este caso suelen repetirse en otro tipo de denuncias en las que las víctimas son menores de edad, por lo que resaltó la importancia de alzar la voz y evitar que estos casos queden impunes.
“Del total de las denuncias de violencia sexual que se dan en esta ciudad, por lo menos el 60 por ciento son de menores de edad, y hablamos de menores de 10 años, que no avanzan, no avanzan las investigaciones, no hay personas detenidas, no hay la protección de las infancias ni de las familias para que esto no vuelva a suceder”, concluyó.
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