Un verdadero escándalo se generó en toda la ciudad por la manera cruda en que se mostró —a través de diversos videos— lo que ocurre en algunos antros donde jóvenes, incluidas mujeres menores de edad, consumen alcohol —y muy posiblemente otras drogas— hasta perder la conciencia.

El caso generó preocupación y alarma por la situación de vulnerabilidad en que quedaron las jóvenes, ante la posibilidad de algún consumo no consentido o de la ingesta de alcohol o bebidas adulteradas, así como por la ausencia de protocolos para garantizar la integridad de quienes acuden a este tipo de establecimientos.

Desde luego, no debió ser casualidad que al menos dos casos similares estuvieran relacionados con Plaza Portales durante una misma noche: la del sábado o, mejor dicho, la madrugada del domingo.

Los videos muestran a dos mujeres jóvenes inconscientes —al parecer, una de ellas menor de edad— en el exterior de los establecimientos de la plaza, donde operan los bares La Bendita y Kiddo, ambos clausurados por Gobernación estatal, presumiblemente por estar relacionados con los hechos.

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La dependencia procedió a la clausura debido a que los establecimientos pusieron en riesgo la salud de sus clientes y no dieron aviso a ninguna autoridad sobre lo ocurrido.

La gravedad o magnitud del riesgo para las jóvenes quedó tan expuesta como la ausencia de medidas y protocolos que deben implementar los negocios, pero también supervisar las autoridades estatales y municipales.

Incluso hace falta revisar la forma de proceder de quienes acompañan a personas que caen en ese estado, así como la de quienes simplemente observan lo que ocurre en su entorno.

Porque aquí la responsabilidad no termina en quien consume. También alcanza a los establecimientos que venden las bebidas, al personal que presencia los hechos, a los acompañantes y a las autoridades obligadas a vigilar.

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Plaza Portales tiene un largo historial de escándalos y hechos violentos en esos y otros antros que operan ahí o que han funcionado en distintos momentos.

Tanto La Bendita como Kiddo estaban en la lista de los antros que suelen funcionar fuera de horario y vender alcohol a menores de edad. Como muchos otros negocios de ese giro, han podido operar bajo esquemas de corrupción, aunque esporádicamente sean clausurados, como dice la expresión popular, “nomás para taparle el ojo al macho”.

Ya lo había dicho Mirone desde el año pasado: el descontrol en los antros y los esquemas de tolerancia bajo cuotas están más arraigados que nunca.

Urge una buena sacudida para ordenar los giros y sanear las dependencias responsables de vigilar y sancionar el cumplimiento de la ley.

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Todo indica que la 4T no aprendió la lección que dejaron los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez. Tres años después de aquella tragedia, el Instituto Nacional de Migración volvió a mantener personas extranjeras en un inmueble sin equipo suficiente para responder ante una contingenca.

Paradójicamente la responsable actual del INM en el estado es Zaira Carrasco Flores, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua desde marzo de 2025 y una de las pocas funcionarias vinculadas con el equipo de Francisco Garduño que se mantuvieron dentro de la institución.

Carrasco Flores es, en los hechos, la heredera del garduñismo en Chihuahua. Bajo su responsabilidad volvió a operar la Estación Migratoria de Janos, en la que el sábado se registró un incendio y tuvieron que ser evacuados 33 extranjeros.

Lo confirmado hasta hoy es suficientemente grave: el área de hombres no tenía aspersores, los bomberos no localizaron hidrantes y el personal del INM solamente pudo utilizar un extintor, que resultó insuficiente para controlar el fuego.

¿Quién autorizó a Zaira Carrasco para recibir migrantes en esas condiciones?

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Importante es señalar que el poblado de Janos se localiza lejos de los principales centros urbanos del estado y con una capacidad limitada para responder ante una emergencia mayor.

El incendio suscitado el pasadodo sábado fue controlado por nueve integrantes de La Última Pradera y Guardianes del Pueblo, dos agrupaciones de bomberos voluntarios que trabajan con carencias. Llegaron aproximadamente diez minutos después del reporte y utilizaron el agua de su propia unidad.

Afortunadamente no hubo personas quemadas ni intoxicaciones graves. Un migrante recibió oxígeno y una mujer fue atendida por una crisis nerviosa.

No fue el INM el que evitó otra tragedia. Fueron nueve bomberos voluntarios.

Después del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del Puente Lerdo, el Gobierno federal prometió investigaciones, sanciones y garantías de no repetición.

La estación de Janos había dejado de operar después de aquella tragedia, en medio de los cuestionamientos sobre el uso de instalaciones migratorias como centros de detención. Sin embargo, bajo la gestión de Carrasco Flores volvió a recibir extranjeros.

El INM debe explicar con qué autorización fue reabierta, qué dictamen de Protección Civil permitió su funcionamiento y por qué recibió migrantes sin contar con aspersores ni hidrantes.

También debe precisar cuánto tiempo permanecieron retenidas las 33 personas, cuál era su situación jurídica y si podían salir libremente del inmueble.

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La versión preliminar indica que algunos migrantes habrían roto vidrios y colocado cobijas sobre un minisplit, el cual comenzó a arder al sobrecalentarse. Esa conducta deberá investigarse, pero no cancela las obligaciones del INM.

Una estación migratoria debe contar con extintores suficientes, hidrantes, aspersores, salidas de emergencia, protocolos de evacuación y personal capacitado, sin importar cómo se origine el fuego.

Zaira Carrasco no puede alegar desconocimiento. Recibió la representación del INM en Chihuahua después de la muerte de 40 migrantes y conocía las consecuencias de operar instalaciones sin medidas adecuadas de seguridad.

Su permanencia representa la continuidad del equipo de Francisco Garduño, quien dejó el Instituto sin que se haya cerrado la discusión sobre su responsabilidad en la tragedia de Ciudad Juárez.

La semana pasada, Garduño no se presentó a una audiencia federal en la que se revisaría el cumplimiento de la disculpa pública y otras medidas impuestas por el proceso judicial.

Mientras el excomisionado sigue litigando las consecuencias de aquella tragedia, su heredera en Chihuahua repite las mismas omisiones.

Determinar si existen delitos corresponde a las autoridades investigadoras. Pero las responsabilidades políticas y administrativas deben exigirse desde ahora.

En Janos no murieron migrantes. Eso no demuestra que el INM haya aprendido; también demuestra que los bomberos voluntarios llegaron a tiempo.

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Desde que Abelardo “El Bayo” Valenzuela se aventó la detención del juez penal Manuel Jurado y declaró que trae investigaciones contra otros 11, además de dos magistraturas, comenzaron los trascendidos y las especulaciones respecto de a qué integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial se refería.

No hay todavía información oficial, pero en el propio Poder Judicial de Chihuahua se ha hablado de tres prospectos para sentar en el banquillo de los acusados, mientras sigue creciendo la polémica por la actuación específica de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) en torno a la detención de Jurado y su condición de juez con fuero constitucional.

También se cuestiona el alcance de las declaraciones del fiscal, que sonaron a amenaza o envío de un mensaje político que no le correspondía realizar.

Pero, con independencia de que El Bayo se haya extralimitado en sus actuaciones o en sus declaraciones, no se pueden ignorar los expedientes que ya cargan magistrados y magistradas que asumieron la función jurisdiccional hace un año, luego de ganar las primeras elecciones judiciales de junio de 2025.

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Todo mundo coincide en colocar en primer término el nombre de Nancy Escárcega Valenzuela, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, quien fue alcanzada por el escándalo cuando trascendió la semiliberación de su hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, sentenciado por el secuestro de dos personas.

La semilibertad concedida por el juez de Control Juan Carlos Erives Fuentes ocurrió apenas 28 días después de que la magistrada —esposa del diputado y entonces presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez— asumiera el cargo. La resolución le permitió a su hermano dejar la prisión cada lunes y regresar los viernes.

Incluso hubo una denuncia formal por hechos que podrían configurar los delitos de corrupción y tráfico de influencias, interpuesta en enero de este año ante la FACH, después de que nada pasó en el Tribunal de Disciplina Judicial.

El segundo nombre es el de la magistrada de la entonces Sala Penal Regional del Distrito Hidalgo, María Elizabeth Macías Márquez, quien revocó la vinculación a proceso de Fernando Ramírez Gutiérrez, hermano del entonces presidente del Congreso de Chihuahua, el priista Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.

También se investigó un posible tráfico de influencias con epicentro en Parral, donde el imputado enfrentó cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa contra el abogado y ganadero Eloy Soto Payán.

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El tercer nombre es el del magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, titular de la Cuarta Sala Penal, vinculado también con el caso del hermano del diputado Guillermo Ramírez y quien presuntamente ejerció presiones sobre el juez Elmer Lerma Fontes para que no dictara una resolución en contra del imputado.

Acosta Barrera también fue señalado públicamente por Rubén Aguilar Gil, magistrado de la Quinta Sala Penal, de proteger a quienes operan en el área de Gestión Penal y han conformado una supuesta red de corrupción mediante el sistema de turnos y la coordinación de notificaciones.

“Están hasta las manitas de irregularidades”, dijo el exdiputado.

Aguilar, integrante de la familia dueña de la franquicia del PT en Chihuahua, anunció en su momento que acudiría ante la FACH porque el Tribunal de Disciplina Judicial no actúa.

Por lo pronto, el Tribunal de Disciplina ya quedó muy mal parado: primero se movió la Fiscalía Anticorrupción y todavía es hora de que el nuevo órgano disciplinario no enseña los dientes.

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La versión que circuló en redes tenía todos los ingredientes para convertir el ataque del sábado en una historia de película de acción: un helicóptero de las fuerzas del orden —en este caso, de la Policía Estatal—, cerros, desierto, un tirador apostado en una loma y, para darle todavía más dramatismo, el supuesto uso de rifles calibre .50.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, salió a ponerle freno a esa versión. No encontraron impactos de calibre .50, dijo. Lo que sí hubo fue un tirador apostado estratégicamente en un lugar desde donde podía atacar al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como, de hecho, lo logró.

No eran balas de calibre .50, pero sí había proyectiles de distintos calibres, todos correspondientes a armas largas. Era, pues, una operación de algún grupo criminal. No fue un encuentro fortuito con una patrulla de agentes policiales o del Ejército Mexicano, no. El grupo delictivo estaba ahí para abrir fuego contra la aeronave del Estado.

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La noticia no es que hayan usado un .50 o un fusil de otro calibre, sino que alguien estaba suficientemente bien posicionado para esperar el paso de una aeronave de la Secretaría de Seguridad y dispararle.

Loya explicó que el helicóptero realizaba labores de reconocimiento entre cerros, montañas y las amplias planicies del desierto que se extiende entre Ojinaga y Coyame. Fue entonces cuando el agresor comenzó a disparar desde una loma, oculto en una trinchera detrás de una pileta de agua. Los tripulantes escucharon, además, detonaciones provenientes de otros puntos, mientras el piloto realizaba maniobras evasivas para evitar los disparos.

Sin embargo, el o los atacantes sí lograron alcanzar y dañar la nave y, peor aún, lesionar a uno de sus tripulantes.

El episodio está completo hasta ahí: un ataque directo contra una aeronave oficial, en una zona donde las autoridades saben que existe actividad criminal y en la que varios grupos delictivos se disputan desde hace meses el control de uno de los enclaves más importantes para el trasiego de drogas hacia EU.

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El hecho es que un grupo delictivo se posicionó de tal manera que pudo atacar una aeronave de la Policía, sin ser visto y sin que pudieran darle alcance. Esto ocurrió días después de la inauguración de la Torre Centinela, en una ceremonia en la que el Estado colocó la inteligencia, la vigilancia y la capacidad de respuesta como algunas de las grandes fortalezas de su nueva estrategia de seguridad.

Que los disparos no hayan sido de calibre .50 le resta espectacularidad a la versión que circuló en redes, pero no disminuye la gravedad del ataque. Un grupo criminal encontró la posición adecuada, esperó el paso del helicóptero, abrió fuego, dañó la aeronave, hirió a uno de sus tripulantes y consiguió escapar.

La bala pudo ser más pequeña, pero el desafío al Estado no lo es.

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Si alguien pensó que la reciente reunión de la vieja guardia tricolor había sido únicamente para tomar café, sacudir nostalgias y quejarse de los Alitos, se equivocó.

El pasado domingo hubo una nueva encerrona, ahora sí en petit comité, entre Beto Reyes Rojas, Nacho Duarte, El Cura Canales, Eleno Villalba, Jorge Bermúdez y Alvin Álvarez.

La cita fue a las 9:00 de la mañana en El Chapa, donde el desayuno se sirvió acompañado de un platillo que todavía no aparece en el menú: la boleta electoral de 2027.

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Esta vez no hubo demasiadas vueltas ni discursos sobre la reconstrucción del partido. Los seis pusieron directamente sobre la mesa sus aspiraciones y alcanzaron un primer acuerdo: todos, sí, todos, buscarán aparecer en la boleta de 2027.

También acordaron operar como bloque para impulsar al resto de los perfiles del PRI en Ciudad Juárez.

Hablaron de abarcar todo el abanico: presidencia municipal, sindicatura, diputaciones locales, diputaciones federales y regidurías. No dejaron ni las suplencias junto al salero.

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El propósito del grupo es llegar a la negociación con nombres propios y posiciones previamente acordadas, independientemente de que el PRI termine compitiendo solo o alcance una alianza electoral.

No quieren que desde Chihuahua capital —mucho menos desde la dirigencia nacional— les manden candidatos empaquetados, con moño y sin domicilio político en Juárez.

Lo único que mantienen bajo siete llaves es quién quiere cuál candidatura. Todos confirmaron que desean jugar, pero ninguno está dispuesto todavía a enseñar sus cartas.

Por lo pronto, el mensaje quedó servido desde El Chapa: haya alianza o no, estos seis priistas quieren lugar en la boleta y asiento en la mesa donde se negociará el 2027.

Todavía está por verse si las candidaturas alcanzarán para tantos comensales… o si al final alguno tendrá que conformarse con pagar la cuenta.