Un verdadero bombazo se aventó Abelardo “El Bayo” Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), con la detención del juez penal de Parral Manuel Jurado Torres, por presuntos delitos de corrupción.

Desde luego que las personas juzgadoras están cuestionando qué hay de fondo. Además, no les gustaron las formas en torno al caso específico ni los amagos de que vienen más actuaciones contra 11 jueces y dos magistrados.

El fiscal habla incluso de la posibilidad de iniciar ante el Congreso del Estado juicios de desafuero o procedimientos para retirar la inmunidad procesal en los casos de las personas juzgadoras que se encuentran en funciones.

No hay que olvidar que al juez lo pudieron detener porque previamente había sido suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que, por una vía separada, le tenía abierta su propia carpeta al juzgador de Parral por denuncias recibidas, sin que quede claro si también están relacionadas con su actuación en el mismo caso de asesinato.

Por lo pronto, El Bayo sacudió el avispero y hay quienes consideran que la FACH se extralimitó o que el fiscal busca reflectores para algún otro fin. Así que viene más grilla, pero también más debate jurídico al respecto.

**

Lo que se sabe de este caso inédito en la historia judicial de Chihuahua es que el juez presuntamente favoreció al abogado defensor, de quien es amigo, para cambiarle la medida cautelar a su cliente, un hombre acusado de asesinar a su pareja, quien pudo salir libre después de que le retiraran la prisión preventiva justificada.

Se supone que la defensa esperó premeditadamente a que fuera periodo vacacional para solicitar y obtener la revisión de las medidas cautelares, sin que se presentara una situación de urgencia.

Desde el punto de vista de la FACH, el juez se extralimitó al cuestionar los argumentos de la jueza que anteriormente había dictado la prisión preventiva. Según la Fiscalía, la función de revisar y descalificar razonamientos le compete a la segunda instancia, mientras que la revisión de medidas únicamente procede si cambiaron objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.

También trascendió que, antes de modificar la prisión preventiva, hubo una reclasificación del delito de feminicidio por el de homicidio imprudencial.

Todo ese conveniente acomodo es lo que llevó a la Fiscalía a acusar la prevaricación agravada, delito que se configura cuando alguien dicta resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos; cuando emite una resolución a sabiendas de que es injusta o ilegal, o cuando lo hace con la finalidad de otorgar una ventaja procesal indebida a alguna de las partes.

Ni modo que no la peguen de gritos quienes están inmersos en la función jurisdiccional, no tanto porque se opongan a que se actúe contra hechos de corrupción, sino porque consideran que la FACH estaría cruzando líneas muy delgadas, aunque el fiscal afirme que respeta la independencia judicial y asegure que la Fiscalía no se está metiendo con los criterios aplicados por las personas juzgadoras.

**

A menos, claro, que tenga guardadito por ahí el video donde el juez reciba algún dinerito a cambio de su actuación. Ese sería otro tipo penal, pero, si nomás está en el expediente el cambio de medida cautelar para argumentar que se otorgó una ventaja procesal, el asunto ya estaría entrando en meras subjetividades.

Así lo ven algunas personas juzgadoras que han seguido el tema. Incluso adelantan que el caso se le caerá fácilmente a la FACH por la vía del amparo.

Afirman que un juez, aunque sea de primera instancia, sí puede revisar las medidas cautelares y actuar de manera oficiosa o corregir errores cuando se trata de cuidar derechos tan preciados como la libertad.

Tampoco creen que necesariamente un cambio de medida cautelar signifique favorecer a alguna de las partes. Además, consideran que, en todo caso, si el juez actuó indebidamente porque tenía una relación afectiva con la defensa, procedería una sanción administrativa, no necesariamente la imputación de un delito.

Tampoco gustó la forma: el show mediático para hacer efectiva la orden de aprehensión. Por el lado de la Asociación de Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua consideran que una citación para presentarse hubiera sido suficiente, sin tener que recurrir a la orden de aprehensión que concedió, por cierto, también una persona juzgadora.

Desde su visión, una golondrina no hace verano —aunque El Bayo habló de 11— y lo que vieron más desproporcionado en la narrativa del fiscal fue ese mensaje adicional respecto a lo que dice haber encontrado en un Poder Judicial desaseado.

Luego de la audiencia inicial de ayer viene todo el proceso judicial, así que el bombazo de El Bayo seguirá dando mucho más de qué hablar.

——ooo——

¡Cómo sufres, José Alfredo! Así se la pueden cantar al diputado panista José Alfredo Chávez Madrid, como lo hacía el mariachi que acompañaba a su tocayo, José Alfredo Jiménez, cuando entonaba sus más “sentidas” canciones.

El líder de la bancada panista se ha metido —una vez más— en un berenjenal por andar contando votos ajenos, cuando ni siquiera se han sentado a negociar en serio ni a escuchar qué ofrece el oficialismo blanquiazul a cambio de dejarle un “fiscal carnal” al próximo Gobierno.

Una vez más, le cuentan a Mirone, el coordinador de la bancada panista complicó el escenario al dar por descontado que sus aliados lo van a seguir a donde él diga, rápido y sin chistar, como si todavía fueran los tiempos de aquel 2025, cuando las salidas al baño y las negociaciones a la Miguel Ángel Yunes salvaban —o le salvaban— el día.

**

Este viernes, Alejandro Domínguez Domínguez, presidente estatal del PRI, le salió al paso para pedirle que no ande diciendo por quién van a votar los “tres tristes tigres” diputados del tricolor.

La aclaración, que tenía un claro tono de reclamo, vino después de que José Alfredo cantara a voz en cuello que ya tenía los 22 votos para aprobar la reforma constitucional que busca crear la Fiscalía General del Estado con rango de autonomía y, ya entrados en gastos, elegir al titular que ejercerá durante los próximos ocho años.

O sea que el señor diputado, tocayo de aquel entrañable guanajuatense que cantaba “El Rey”, dio por sentado que los votos de los tres diputados del PRI, los dos del PVEM, la representante del PT y la independiente América Aguilar ya estaban en su bolsillo.

**

Resulta que, a estas alturas, cuando ya avanzó el primer periodo del tercero y último año de la LXVIII Legislatura, José Alfredo vuelve a tener problemas para completar la mayoría de dos tercios.

Si antes pudo, con esos empujones que le daban desde Palacio, hoy los tiempos han cambiado: los votos que ayer recibía del PVEM y del PT ya no los tiene tan seguros y probablemente no llegue a tenerlos.

En una de esas, se queda, como su tocayo, “sin nadie que le comprenda”, porque, a ojos vistas, la dirigencia del PRI ya se enojó, y no le falta razón.

Si así va a terminar la Legislatura, al fallido aspirante no le va a quedar otra que seguir su destino: “rodar y rodar”.

—–ooo—–

Quien se aventó un muy buen evento fue la síndica municipal, Ana Carmen Estrada. Le llamó Memoria de la Sindicatura a la develación de las fotografías y placas de todas las personas que han ostentado el cargo que ella ocupa desde 2024.

La galería fue habilitada en el vestíbulo de la Sindicatura Municipal, ubicada en el tercer piso del llamado edificio Nielsen, propiedad del Gobierno Municipal, justo a un lado de donde acaba de inaugurarse la Torre Centinela, en el cuadrante formado por las calles Abraham González, Lerdo, 16 de Septiembre y Pino Suárez.

No solo inauguró el memorial con la presencia del alcalde Héctor Ortiz Orpinel; también reunió a la mayoría de sus antecesores para que participaran presencialmente en el reconocimiento a su aporte institucional. Lo hizo con independencia de colores partidistas.

El primer síndico en la historia contemporánea juarense fue el panista Ramón Aguilar. Y ahí estuvo quien estrenó la figura cuando Gustavo Elizondo fue alcalde, de 1998 a 2001.

A partir de entonces, otras 11 personas ocuparon el cargo antes que Ana Estrada, aunque en algunos casos, como los de Javier Nahúm Carrillo en 2016, Verónica Amaya en 2021 y Mireya Torres en 2024, lo hicieron durante periodos cortos, como suplentes.

**

A Ramón Aguilar le siguió Manuel Carrasco, el último síndico de origen blanquiazul, ya fallecido. Su hijo, del mismo nombre, estuvo en el homenaje-memorial donde se reconoció el trabajo que su padre realizó entre 2001 y 2004, durante las administraciones de José Reyes Ferriz, al frente del Concejo Municipal provisional, y Jesús Alfredo Delgado.

El PRI regresó al poder en 2004, con Teto Murguía en la alcaldía y el exrector de la UACJ y expresidente partidista Wilfrido “Willy” Campbell en la Sindicatura. Willy fue uno de los exsíndicos presentes en el evento que reunió a morenistas, panistas y expriistas.

El propio Campbell ya anda del lado guinda, lo mismo que Fernando Martínez, síndico durante la administración municipal de Enrique Serrano, de 2013 a 2016, y también presente ayer en el homenaje.

A Willy le siguió en el cargo Leonardo “Nayo” Villar, síndico priista durante el periodo de José Reyes Ferriz, de 2007 a 2010. Luego vendría José Luis “El Cura” Canales, quien ocupó el puesto durante el segundo periodo de Teto Murguía en la Presidencia Municipal, de 2010 a 2013.

El último síndico que llegó bajo las siglas del PRI fue Aarón Yáñez, quien ganó esa elección cuando la Presidencia Municipal quedó en manos de Armando Cabada, como candidato independiente. Ni El Cura, ni Nayo, ni Aarón atendieron la convocatoria de la síndica morenista.

**

Al último síndico tricolor le siguió la morenista Leticia Ortega, actualmente diputada local. Ella debió fiscalizar la hacienda municipal durante el segundo periodo de Cabada, de 2018 a 2021.

O sea que, en la corta historia de la Sindicatura Municipal, únicamente en dos ocasiones su titular no estuvo en sintonía partidista con la alcaldía: primero fue un priista frente a un alcalde independiente y luego una morenista.

Después seguiría la hegemonía guinda y a Leticia Ortega la sustituyó Esther Mejía, de 2021 a 2024. Igual que Ortega, Mejía estuvo en el evento, aunque llegó tarde. Atendió la convocatoria pese a que no forma parte del equipo político de la Presidencia Municipal.

Doña Esther se había ido a Movimiento Naranja —fue su candidata a la Alcaldía en 2024—, pero ya regresó a Morena, nada más que anda en el equipo de apoyo del senador Juan Carlos Loera.

El caso es que todos estuvieron de fiesta y compartieron el espacio y el reconocimiento a quienes han formado parte de la historia de la Sindicatura Municipal.

——ooo—–

¡Peligro, peligro, peligro! El caso de las personas víctimas de desplazamiento forzoso podría ser atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que, como ya sabemos, sirve para maldita la cosa.

Hasta ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), las autoridades estatales y los organismos de la sociedad civil son quienes han intervenido para auxiliar a las familias que se mudaron de ciudad para huir de la violencia de la delincuencia organizada.

Sin embargo, al ser precisamente víctimas de un delito del fuero federal, su caso podría remitirse a aquel organismo nacional, tan ineficiente que hace que la Carabina de Ambrosio parezca una Barrett calibre .50.

**

Lo que le han comentado a Mirone es que los grupos de personas desplazadas que piden el auxilio de las autoridades locales para asentarse definitivamente en las ciudades que les dieron cobijo —Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral, en su mayoría— lo que necesitan es ayuda.

Después de salir despavoridas de sus comunidades, sobre todo del municipio de Guadalupe y Calvo, llegaron a sus lugares de refugio prácticamente con lo que traían puesto o con algunos fondos que, como es fácil imaginar, ya se les acabaron después de permanecer uno, dos y hasta tres años, si no es que más, lejos de sus lugares de origen.

Esos grupos piden ayuda para conseguir una casa —no la quieren regalada, lo han aclarado—, escuela para sus hijos y oportunidades de empleo. Y hasta ese punto, la CEDH y los organismos de la sociedad civil los pueden ayudar.

El detalle está con quienes piden regresar a sus comunidades.

**

Quienes, con todo derecho, exigen que el Estado mexicano les brinde las garantías de seguridad necesarias para regresar a sus casas recibirían un enfoque distinto, según le explicaron a Mirone.

Como se trata de un reclamo dirigido a las fuerzas del orden del país, la queja ya iría encaminada al ámbito nacional, es decir, a la CNDH, la Carabina de Ambrosio, pues.

Por tratarse de personas víctimas del crimen organizado —como sería el caso de quienes fueron desplazados de manera forzosa—, la cosa cambia y el asunto tendría que ir agarrando boleto para viajar a la Ciudad de México, donde se mezclaría con todo ese mar de asuntos irresueltos que acumulan los archiveros de la burocracia nacional.

Lo que le cuentan a Mirone es que los desplazados, si bien tienen motivos de sobra para estar resentidos, enojados, enchilados, pues, con las autoridades estatales y municipales, no quieren saber nada de andar yendo y viniendo a la capital, y todo para que les digan que ya merito.

O sea que están en el peor de los mundos: o se lo lleva la CNDH, es decir, la Carabina de Ambrosio, o se queda en la CEDH, que es algo así como el “Parque Liga-Ligazo”.