En el primer periodo de gobierno de Donald Trump (2017-2021), pensé que el presidente número 45 de Estados Unidos podría ser capaz de hacer cosas que ningún mandatario antes que él se habría atrevido a llevar a cabo, como retirar visas masivamente a mexicanos por diversos motivos que no fueran estrictamente criminales. No lo hizo entonces. Pero sí lo hará ahora, en su segundo término.
El 6 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a terminar con lo que Estados Unidos denomina birth tourism (turismo de nacimiento). El concepto incluye la entrada de cualquier extranjera con visa de no inmigrante cuyo propósito sea dar a luz en territorio estadounidense.
No es una disposición dirigida exclusivamente contra mexicanas. Alcanza a cualquier extranjera. Sin embargo, por razones geográficas y por una práctica fronteriza de varias décadas, México será uno de los países donde el golpe resulte más visible.
Durante años, miles de mujeres mexicanas cruzaron la frontera para tener a sus hijos en hospitales estadounidenses. Algunas lo hicieron abiertamente, pagaron los gastos médicos y regresaron a México con un hijo ciudadano de Estados Unidos. Otras pudieron haber declarado que iban de compras, a visitar familiares o de paseo, aunque el equipaje, la fecha probable del parto y hasta la carriola indicaran que el paseo incluía una escala en maternidad.
Trump sostiene que la ciudadanía estadounidense no puede tratarse como mercancía ni obtenerse mediante la explotación calculada de las leyes migratorias. Su criterio es sencillo y, hay que decirlo, difícil de descalificar por completo: una visa de turista autoriza una estancia temporal; no fue creada para conseguir mediante ella un beneficio permanente.
El problema no es estrictamente tener un hijo en Estados Unidos. Tampoco es estar embarazada. Lo que ahora se persigue es haber utilizado una visa con un propósito distinto al declarado y, especialmente, haber mentido para conseguir la entrada.
La mentira fronteriza nunca fue una travesura inocente. La legislación estadounidense considera inadmisible a quien tergiversa deliberadamente un hecho importante para obtener una visa o ingresar al país. Si una mujer declaró que iba de compras cuando su propósito real era dar a luz, la autoridad puede concluir que ocultó un hecho material: información que, de haberse conocido, habría cambiado la decisión del agente migratorio.
Las consecuencias ya no son menores: cancelación de la visa, rechazo en el puente, expulsión expedita, prohibición temporal de entrada o inadmisibilidad permanente por fraude. No se necesita una condena penal para perder la visa. La visa no es un derecho adquirido ni una condecoración por buena conducta, es un permiso revocable.
La nueva orden va todavía más lejos. Autoriza a los secretarios de Estado y Seguridad Nacional para impedir la entrada, negar o cancelar visas y, en determinados casos, prohibir permanentemente el ingreso de quienes hayan participado en turismo de nacimiento. También permite actuar contra intermediarios, organizaciones y negocios dedicados a facilitarlo. Es decir, no solamente se revisará lo que alguna mujer pretenda hacer mañana, sino también lo que pudo haber hecho ayer.
Aquí aparece el aspecto más delicado: revisar con el criterio severo de 2026 conductas ocurridas hace diez, veinte o treinta años, cuando la práctica era conocida, tolerada y hasta promovida por hospitales estadounidenses mediante paquetes de maternidad. Muchos cobraban puntualmente y nunca preguntaron si el recién nacido llegaría con pasaporte incluido. El dólar, desde luego, suele ser más hospitalario que la política migratoria.
¿Le costó dinero a Estados Unidos? En algunos casos, sí. Cuando el parto no fue pagado, la cuenta pudo quedar como deuda incobrable, atención hospitalaria no compensada o gasto cubierto parcialmente mediante programas públicos estatales y federales. Pero no existe una cifra oficial confiable que permita calcular cuánto costaron específicamente los partos de extranjeras que viajaron con ese propósito.
En muchos otros casos, las familias pagaron completamente. Por eso, el dinero no parece ser el motivo central. El verdadero criterio de Trump es político, migratorio y nacionalista: impedir que una autorización temporal sea utilizada para producir una ciudadanía permanente.
También sería irresponsable afirmar que todos los mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos cometieron fraude. Algunas madres residían legalmente allá; otras declararon el propósito médico y demostraron capacidad para pagar; algunas enfrentaron emergencias inesperadas. Un nacimiento estadounidense no demuestra por sí mismo que hubo mentira. El Gobierno tendrá que distinguir entre parto planeado, atención médica legítima, urgencia y engaño deliberado. Veremos si lo hace o si termina cortando con machete donde debía utilizar bisturí.
Tampoco puede asegurarse que sean millones quienes obtuvieron así la ciudadanía, aunque la dimensión acumulada seguramente es enorme. Los registros de nacimiento señalan dónde nació una persona, pero no revelan qué contestó su madre al cruzar ni cuál era la intención real del viaje. Convertir una sospecha histórica en cifra científica sería otra manera de mentir, solo que con calculadora.
Sin embargo, el mensaje de Trump ya está dado: Estados Unidos revisará con mayor rigor quién entra, para qué entra y si dijo la verdad. El castigo no se presenta como condena a la maternidad, sino a la mentira. Y aunque la aplicación retroactiva pueda generar injusticias, tampoco podemos fingir sorpresa: cuando alguien obtiene un permiso mediante engaño, corre el riesgo de perderlo cuando el engaño es descubierto. La mentira puede cruzar la frontera, pero no siempre consigue residencia permanente.
La medida representa además una advertencia para quienes creen que las costumbres fronterizas se convierten automáticamente en derechos por haber sido toleradas durante décadas. Trump está demostrando que está dispuesto a cambiar de golpe prácticas que parecían intocables. Lo que ayer se permitía por conveniencia, desinterés o beneficio económico, hoy puede ser presentado como abuso del sistema.
Estoy seguro de que, en breve, podríamos ver la exigencia del Gobierno de Donald Trump de poner un ultimátum a cientos de miles de trabajadores con green card o inmigrantes que trabajan en Estados Unidos, viven en México y cruzan diariamente la frontera, lo que sería devastador para la economía y el modo de vida de los ‘emigrados’. Ahí, el meollo del asunto.
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