Así como ya se armó Somos México con Julián «El Oso» LeBarón para lanzarlo por la gubernatura en 2027, el nuevo partido emanado de la Marea Rosa trae avanzados los trabajos en Ciudad Juárez para presentar un perfil competitivo por la alcaldía.

Supo Mirone que ya se dieron pláticas con el expresidente de Canacintra y dirigente del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandía, quien sigue deshojando la margarita respecto a qué camino tomar, porque ha estado recibiendo distintas invitaciones para cobijar su proyecto por la presidencia municipal.

Cuando el PAN armó su estrategia nacional de abrirse a las candidaturas ciudadanas, sus dirigentes invitaron a Thor a entrarle a las mediciones, pero el empresario de plano dijo que no estaba dispuesto a meterse a las dinámicas internas y que, si lo querían de candidato, pues que fuera derecha la flecha.

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No se armó por ahí, pero trascendió que el PRI le hizo la misma invitación para considerar la opción de convertirse en su candidato y que también hubo pláticas con Movimiento Ciudadano, otro partido que anda siempre a la caza de figuras que puedan resultar atractivas y generarles una buena renta electoral.

El partido naranja hizo intentos con LeBarón, pero no hubo acuerdos y Somos México le ganó la tirada.

El PRI ha mantenido los acercamientos con figuras externas como Thor Salayandía, al mismo tiempo que avanza en su proyecto de los Defensores de Chihuahua, con el registro de militantes interesados en postularse a los diferentes cargos.

Todavía no hay definiciones y es temprano en el calendario electoral de 2027, pero parece que la opción de Somos México con Thor Salayandía podría ser viable y las pláticas van en serio. Incluso, se enteró Mirone, existe un diálogo del juarense con el activista Julián LeBarón, por lo que no se descarta que puedan hacer mancuerna.

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Como buena parte de los impulsores y fundadores de Somos México, el propio Thor Salayandía anda muy decidido a entrarle a la política electoral para ponerle un dique al avance de Morena —aparte, claro, de proponer y trabajar proyectos por la ciudad—, por lo que todavía deberá resolver el dilema en el que varios actores políticos y electores podrían colocarse frente a la irrupción del nuevo partido: quieren apoyar una alternativa distinta, pero sin fragmentar el voto opositor a la 4T, algo que podría ocurrir en Chihuahua durante la elección de 2027.

Ya veremos en qué termona la aventura de Thor Salayandía, quien no termina de convencerse de apostar por algún partido, ya que a buena parte de la clase política la ve demasiado voraz y pragmática, dispuesta a utilizar a quien se deje para cumplir objetivos e intereses muy personales o de grupo.

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Entre los múltiples pendientes de la dirigencia estatal del PAN rumbo a 2027 está la definición de las reelecciones en las 20 alcaldías que tiene en su poder ese partido en todo el estado.

No todas están en esa posibilidad, porque algunas presidencias municipales ya van en su segundo periodo, pero supo Mirone que no habrá problema en palomear a todos los que sí pueden legalmente reelegirse.

Alcaldes y alcaldesas se pondrán muy contentos porque tendrán la posibilidad de seguir despachando hasta 2030, siempre y cuando ganen la elección de 2027.

Por lo pronto, no hay vetos ni peros para nadie. O sea, están bien con la dirigencia estatal y con Palacio.

En ese escenario están nueve de las 20 alcaldías. En las otras 11, forzosamente habrá candidatura nueva, porque quienes mandan en la presidencia municipal ya están en su segundo periodo y la ley no permite un tercero.

Además, hay que decir que esta es la última ocasión en que se permitirá la reelección. Para 2030 se aplicará la prohibición que viene de la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Así que quienes tendrán oportunidad de repetir —si se postulan y ganan la elección— son Salvador Calderón Aguirre, de Parral; José Dolores Andujo Gómez, de Rosales; Rodolfo Gardea Palma, de Saucillo, y Adrián Varela Chávez, de Bachíniva.

También podrán seguir en la nómina municipal Lucy Marrufo Acosta, de Ojinaga; Fernando Ortega Balderrama, de Santa Isabel; Terry Francis Leany LeBarón, de Galeana; Armando Reyes Mancha, de Coyame del Sotol, y Sandra Galindo, de Aldama.

Por el otro lado, quienes ya no pueden competir, aunque ellos o el PAN quisieran, son Jorge Alejandro Aldana Aguilar, de Camargo; Joel Loya Márquez, de Janos; Jesús Enrique Peña Vázquez, de Matamoros; Salvador Chacón Rivera, de Riva Palacio, y Norma Muñoz Anchondo, de Satevó.

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En esa misma situación están Elías Humberto Pérez Mendoza, de Cuauhtémoc; Miriam Soto Ornelas, de Meoqui; Leo López Muñoz, de Coronado, e Ivonne de la Hoya Venzor, de Ascensión.

El listado lo completan Jesús Alberto Valenciano García, de Delicias, y Marco Antonio Bonilla Mendoza, de Chihuahua, quienes ahorita andan encampañados, pero para obtener la candidatura al Gobierno del Estado.

Ya se verá luego quién sale victorioso y si el PAN gana o pierde posiciones en 2027.

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Eso de saturar los espacios publicitarios del estado para hacerse propaganda política ya hizo enojar hasta a los miembros de los partidos que ni siquiera andan en campaña y, con mayor razón, a los que hasta hace poco eran aliados y ahora contemplan lanzarse por cuenta propia a la elección de 2027.

A Mirone le contaron que el próximo lunes el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Chihuahua presentará una denuncia ante, al menos, tres instancias para pedir que investiguen de dónde rayos salió tanto dinero para contratar carteleras espectaculares al por mayor, solo para promover la imagen de políticos que andan querendones de una candidatura.

La petición de los priistas parte de una premisa sencilla: alguien que se esconde entre las sombras está pagando esas campañas, porque el cuento de que son los propios medios de comunicación quienes costean esa publicidad no se lo traga nadie. Es más, hasta suena a un insulto para la inteligencia.

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La ronda de denuncias comenzará en el Instituto Estatal Electoral (IEE), para que se eche un clavado y averigüe quién está pagando por llenar de espectaculares con rostros de aspirantes a cargos de elección popular todos los rincones del estado.

Después acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE), para que haga lo propio mediante su área de fiscalización. Finalmente, tocarán la puerta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el propósito de que revisen la situación fiscal de los medios que —supuestamente— contrataron los espacios publicitarios.

La intención, le cuentan a Mirone, es que partidos y aspirantes se abran de capa y digan quién está financiando su pre-precampaña, que, por cierto, barata no es. Según datos proporcionados a este columnista argüendero, una campaña de 60 espectaculares puede costar cerca de dos millones de pesos al mes. Aquí bien vale evocar al inmortal Chicoché: «¿Quién pompó cartelito, quién pompó?»

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Por lo demás, la denuncia priista marcará, quiera o no, la ruta por la que caminará la contienda electoral de 2027. Y es que, en este momento, el principal blanco de la queja sería el PAN y los actores políticos que ya andan encarrerados en actos anticipadísimos de campaña.

Lo que le contaron a Mirone es que el malestar entre los priistas creció porque consideran que los panistas ya les tomaron ventaja al posicionarse entre el electorado gracias a su tsunami de espectaculares.

Ya se cansaron de esperar —le dijeron a Mirone— a que la dirigencia nacional del PAN defina si todavía quiere mantener la alianza rumbo a 2027. Y si no, pues mejor empezar de una vez y verse las caras como adversarios, tal como ocurrió durante décadas.

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Desplazados del municipio de Moris que intentan rehacer su vida en ciudad Cuauhtémoc se reunirán el próximo lunes con representantes de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) para pedirles que les permitan comprar las casas desocupadas que ya habían sido «apalabradas» con inmobiliarias privadas.

La situación que viven en su nueva ciudad ya raya en la desesperación, según le contaron a Mirone. Algunas de esas familias llevan más de medio año pagando rentas altísimas en la Ciudad de las Manzanas, a donde llegaron despavoridas después de que grupos armados irrumpieran en su comunidad y las obligaran a abandonar sus hogares.

En su peregrinar, varios de los desplazados encontraron un conjunto de viviendas deshabitadas que pertenecía a Pensiones Civiles del Estado. Incluso ofrecieron comprarlas, pero ya no fue posible: las casas habían sido vendidas a una inmobiliaria que pagó —le aseguran a Mirone— un enganche de apenas tres millones de pesos por todo el desarrollo habitacional.

—Nos las hubieran vendido a nosotros —reclaman los desplazados.

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Las versiones con que cuenta Mirone apuntan a que fue el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, quien gestionó la reunión con Coesvi, pues el Municipio ya no tenía mucho margen para atender la demanda.

Días atrás, las familias de Moris buscaron entregarle un escrito al presidente municipal, pero este se negó a recibirlo. En cambio, promovió el encuentro con funcionarios de Coesvi para explorar alguna alternativa.

Todo marchaba bien hasta ahí. El problema es que, según supo Mirone, la reunión del lunes podría terminar siendo poco más que un gesto de buena voluntad.

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Resulta que Coesvi no dispone de terrenos ni viviendas en Cuauhtémoc para ofrecerles a los desplazados, ni a ellos ni a cualquier otra persona que solicite apoyo habitacional. Así que, en los hechos, sus funcionarios acudirán a escuchar el planteamiento, tomar nota y analizar qué opciones existen.

Se reconoce la disposición de la dependencia, pero llegará a Cuauhtémoc «a la guerra sin fusil», como dice el dicho, porque la petición de los desplazados es tan sencilla como urgente: quieren una casa para establecerse de manera definitiva.

La otra realidad es que ya, de plano, renunciaron a volver a su tierra. No ven condiciones para regresar mientras los grupos delictivos sigan disputándose el control de la zona a balazos y con explosiones de los llamados «cohetes», como les dicen en la región.

La historia se parece demasiado a muchas otras que se han contado en los últimos años: familias desplazadas por la violencia que terminan en un lugar donde las autoridades tampoco encuentran cómo ayudarlas.

Y aquí cabe una pregunta que parece tan obvia como incómoda: ¿no sería más eficaz restablecer la seguridad en Moris para que quienes fueron expulsados puedan volver a sus casas, en lugar de resignarse a administrar el desplazamiento?