“Todo el peso de la ley” pidió el presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel, para los elementos de la Guardia Nacional acusados de participar en secuestros exprés y extorsiones contra pasajeros en el Aeropuerto Internacional Abraham González.
El alcalde respaldó las investigaciones que realizan las autoridades federales y sostuvo que cualquier servidor público que incurra en conductas delictivas debe responder ante la justicia, sin importar la corporación a la que pertenezca.
Las declaraciones del presidente municipal se producen luego de la detención de cinco elementos de la Guardia Nacional adscritos a la terminal aérea, quienes enfrentan procesos penales por presuntamente retener de manera ilegal a pasajeros procedentes de la Ciudad de México y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar su trayecto.
De acuerdo con las investigaciones, cuatro de los agentes permanecen en prisión preventiva, mientras un juez federal resolverá el próximo 8 de julio si los vincula a proceso por los delitos de secuestro exprés y extorsión agravada. Un quinto elemento enfrenta un proceso por hechos similares y su situación jurídica será definida en una audiencia programada para este 7 de julio.
Los datos del caso
La Fiscalía General de la República investiga al menos dos casos ocurridos entre el 2 y el 3 de julio en el Aeropuerto Internacional Abraham González. En el primero, un pasajero fue retenido durante 27 minutos y sus familiares transfirieron 15 mil pesos para obtener su liberación. En el segundo, otro agente presuntamente exigió 3 mil pesos a un viajero para permitirle abandonar la terminal.
Las investigaciones quedaron integradas en las causas penales 439/2026 y 443/2026, además de la carpeta de investigación 1407/26. La FGR también analiza videos de vigilancia, testimonios e informes policiales para determinar si existe una red dedicada a extorsionar pasajeros y si, además de los guardias nacionales detenidos, participaron otros servidores públicos.
Ortiz Orpinel reiteró que las instituciones deben actuar con firmeza cuando alguno de sus integrantes incurre en conductas ilícitas y confió en que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
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