Integrantes de asociaciones civiles enfocadas a combatir la violencia contra las mujeres expresaron una “gran preocupación” en torno al caso donde un juez civil condenó al Instituto Tesla al pago millonario a favor de un exalumno que, en su momento, fue acusado de abuso sexual en contra de al menos 20 de sus compañeras.
Como parte del posicionamiento que se leyó a medios de comunicación por parte de integrantes de Red Mesa de Mujeres, Casa Amiga Esther Chavez Cano, Sin Violencia y Programa Compañeros, entre otros, calificaron como “lamentable” el hecho de que un asunto grave, como son las denuncias de agresiones sexuales, se haya reducido a “números y cifras”.
“Necesitamos un sistema que garantice el debido proceso para todas las personas involucradas, pero que también envíe un mensaje claro a las víctimas. Denunciar vale la pena. Serán escuchadas y nunca estarán solas”, comentaron.
La sentencia del juez José Chaparro, titular del Juzgado Octavo Civil, no solo dejaría en bancarrota a los directivos de la institución educativa, sino que es un mensaje para aquellas escuelas que enfrenten situaciones similares y no puedan ejercer acciones inmediatas contra el presunto agresor, como separarlo del resto de los estudiantes.
Además, mencionaron que esta situación deja en “vulnerabilidad y desprotección” a todas aquellas alumnos que denuncien actos de abuso en su contra, pero que tengan que convivir con sus agresores dentro de las escuelas.
“Las medidas de protección en una escuela, como separar temporal o definitivamente a una persona, no son una medida penal, son medidas de urgencia para proteger a las víctimas. Un entorno educativo no puede esperar de tres o hasta cinco años a que un juez penal dicte una sentencia para garantizar la seguridad de las alumnas”, comentaron.
De igual manera, urgieron a las autoridades para la creación de un protocolo efectivo que dé a las instituciones educativas, una verdadera guía que sirva a los profesores y directivos, sobre la forma correcta de operar en este tipo de situaciones.
Lamentaron que el sistema actual represente un riesgo para las escuelas, ya que si no se actúa pueden enfrentar responsabilidad penal o incluso el rechazo por parte de la ciudadanía, mientras que, si actúan de manera inmediata contra el agresor, pueden exponerse a una sanción económica en materia civil.
“Nos preocupa que las escuelas, docentes y autoridades escolares, tras esta sentencia, tengan miedo de ejercer el cumplimiento y deberes de protección, de inhibir y prevenir conductas de violencia sexual dentro de las aulas”, aseveraron.
Agregaron que este caso deja entrever la necesidad de dotar de mayores recursos, tanto a la Fiscalía Especializada de la Mujer como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que puedan atender de mejor manera y de forma gratuita a las víctimas de este tipo de casos.
El principal problema no radica en la cantidad del dinero, sino en que, la violencia en contra de las mujeres se ha normalizado y que no hay interés en erradicarla, indicaron.
Si bien por ahora no han tenido mayor intervención en el caso, indicaron que hasta donde saben solo dos jóvenes presentaron una denuncia formal en contra del presunto agresor, por lo que convocaron a las afectadas a levantar la voz y, si lo desean, tendrán la asesoría por parte de los colectivos que firmaron el posicionamiento.
“Es importante decirle a todas las chicas que no han denunciado, si quieren hacerlo ahora, lo pueden hacer. Es un delito que no prescribe y aún sigue abierto, vigente. Si esa es su decisión y quieren un acompañamiento, veríamos cómo hacer este proceso para que sea lo menos revictimizante posible y con un verdadero acceso a la justicia”, concluyeron.
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