Dicen que el perdido va a todas, y hasta hay que reconocerle el esfuerzo. Que el derecho de pataleo es sacrosanto y, en efecto, todos lo respetamos. Pero el “yo no fui”, el “se me chispoteó” o el clásico “la culpa fue de otro” termina provocando más risa que simpatía, cuando no enojo y desesperación.

Tal parece ser la ruta que decidió tomar el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, empeñado en darle vida con desfibrilador y respiración de boca a boca a su fallida demanda de juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Cierto, el asunto todavía no es cosa juzgada y puede seguir su curso. Nadie discute eso. Pero tampoco nadie les va a quitar que aventaron la chicharra y ahí la dejaron, esperando que tronara sola. Y así no funcionan las cosas. Ni en política ni en la vida misma.

**

El coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, la ha emprendido contra la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, por haber anunciado públicamente que el caso estaba cerrado, además de hacerlo fuera de los protocolos propios del Poder Legislativo Federal.

¿Tuvo culpa López Rabadán? A lo mejor una parte. Pero difícilmente podía estar más interesada en el asunto que los propios promoventes de la denuncia. Para la próxima, quizá convenga que los autores del expediente también le den seguimiento.

El líder morenista acusa a la legisladora panista de haber dado carpetazo al procedimiento durante un acto eminentemente político-partidista, cuando, según su interpretación, el procedimiento todavía no agotaba todos los cauces legales.

¿Actuó más como militante del PAN que como presidenta de la Cámara? Puede ser. Pero los morenistas son quizá los menos indicados para escandalizarse por esa práctica. ¿O acaso Gerardo Fernández Noroña se distinguió precisamente por su imparcialidad partidista cuando ocupó la presidencia del Senado? Sí, cómo no.

**

Estrada sostiene que nunca existió una notificación formal que confirmara el cierre definitivo del caso. Y en una de esas hasta tiene razón.

Lo que no ha explicado es por qué presentaron la denuncia, soltaron la pedrada y después se fueron sin quedarse a verificar si realmente habían quebrado el vidrio.

El diputado insiste en que el asunto no es cosa juzgada y técnicamente es cierto: no ha llegado a juicio. Pero tampoco se han presentado elementos nuevos que parezcan más sólidos o convincentes como para sentar a alguien frente a un tribunal, aunque sea político.

La apuesta parece bastante clara: mantener viva la controversia, evitar que el juicio político sea declarado oficialmente muerto y colocar al PAN en la incómoda posición de explicar por qué una denuncia presentada formalmente, según Morena, nunca recibió una respuesta oficial por escrito.

Vale el derecho al pataleo. Nadie se los regatea.

Pero si van a seguir insistiendo en el tema, quizá sea momento de agregarle más sustancia jurídica y menos discurso de campaña.

—–ooo—–

Todo el tema del narcolaboratorio, el CIA-gate y el posicionamiento de Maru Campos como emblema de resistencia panista frente a la 4T, está cambiando varios escenarios políticos rumbo al 2027.

Uno de ellos tiene que ver con la estrategia de apertura a las candidaturas ciudadanas para sacudir al PAN y reconectarlo con la gente, frente al desencanto y el desgaste azul.

Con eso de que a la marca PAN ya le subió varios puntos de preferencia electoral el #YoConMaru, con toda la reactivación de cuadros y militantes y la promesa de revivir veranos calientes e insurgencias electorales, las cosas ya se ven de diferente manera.

En pocas palabras: quizá ya no sea necesario recurrir a las candidaturas externas o a recuperar procesos democráticos internos, porque la chispa que reactivó al panismo y encendió su maquinaria se generó por otra vía, ante la embestida del Gobierno centralista de la 4T, que le aventó la caballería a la gobernadora y ahora está reculando frente al fenómeno que generó, no únicamente a nivel estatal, sino nacional.

**

A nivel municipal son cinco las figuras que se subieron a la mesa de aspirantes a la alcaldía, con dos prospectos externos o ciudadanos: Isela Molina, expresidenta de Canacintra, y el también empresario Juan Carlos Elizondo, hijo del exalcalde Gustavo Elizondo.

Hasta eso que se activaron en tierra y aire, pero no parecen haber logrado buen posicionamiento. En la última medición no alcanzaban ni el 7 por ciento de conocimiento entre la raza.

Los aspirantes internos o militantes del PAN andaban más o menos en las mismas: el empresario René Mendoza; el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz; y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo.

Austria fue la única que despuntó más en conocimiento. Hay una medición que la ubicó en el 12 por ciento. No extraña que esté arriba porque ya fue candidata a diputada en la pasada elección y porque está a cargo de la plataforma de apoyos sociales del Gobierno del Estado, además de encabezar al equipo de chalecos azules.

**

Además, le ha atorado a la talacha con el objetivo de ser realmente la candidata a la alcaldía, no nada más para ver si le toca algo más abajo.

Comenta Mirone que se le están acomodando los astros porque difícilmente saldrá en las encuestas otra figura mejor posicionada —descontando a Daniela Álvarez, quien insiste en que está concentrada en las tareas partidistas—.

También porque la intención de la dirigencia panista está más encaminada a que se trabaje entre los cinco prospectos por un acuerdo de unidad, en favor de quien traiga mejores números en las encuestas.

Una buena sacudida a la estrategia panista le está dando el fenómeno de #YoConMaru, que detonó la propia 4T. Resulta que la subida de puntos para el PAN también podría operar en contra de la alianza formal con el PRI en Chihuahua.

—–ooo—–

El nombre que empezó a sonar para ocupar la oficina del Registro Público de la Propiedad en Juárez es el de Roberto Silveyra Michel.

Desde que hicieron tronar y renunciar a Karla Patricia Vergara Briseño como titular, en marzo de este año, no se ha concretado el nombramiento y como encargada interina se quedó Claudia Quintana.

No es cualquier cargo ya que todo el negocio inmobiliario de la ciudad pasa por esa oficina cuando se trata de inscripciones de propiedades e infinidad de trámites que involucran a despachos de abogados, notarios y juzgados, además de los propios empleados y funcionarios de la dependencia.

Incluso, entre abogados se comenta que por esa oficina corre bastante dinero, sobre todo cuando se trata de acelerar trámites o registros vinculados con el llamado cártel inmobiliario.

**

Lo que se sabe de Roberto Silveyra es que ha trabajado en la notaría de Guillermo Dowell y que fue director de Catastro durante parte de la administración de Armando Cabada, cuando lo jaló a la función pública su compa Alejandro Martínez, El Pira, quien con Cabada fue secretario del Ayuntamiento, luego de haber fungido como titular del Registro Público de la Propiedad durante el sexenio de César Duarte.

El abogado Silveyra es sobrino del exrector de la UACJ, Carlos Silveyra Sayto, y parece que El Pira quiere mostrarle cómo se mueve el negocio en el Registro Público, muy al estilo del viejo PRI, ya que ambos traen más bien corazoncito tricolor.

Por eso el eventual nombramiento ya comenzó a generar comentarios entre quienes conocen la relevancia política, administrativa y económica de esa oficina.

**

A ver qué dice el secretario general de Gobierno ya que el Registro Público de la Propiedad se encuentra dentro de sus áreas de control.

Lo que también supo Mirone es que no se dio opción a la Representación de Gobierno del Estado en la Zona Norte para pensar en un perfil más compatible con los proyectos azules.

Así que, mientras el nombramiento sigue sin oficializarse, el nombre de Roberto Silveyra ya empezó a correr con fuerza en los pasillos donde suelen cocinarse las decisiones antes de que aparezcan los nombramienttos oficiales.

—–ooo——

De no creerse. Ahora resulta que el joven Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, estudiante de preparatoria en el sistema Cecytech, perdió la vista por la supuesta “falta de cuidado de sus padres” y no por la tarea de química que le encargaron en su escuela.

Según le contaron a Mirone, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) pretende eludir la responsabilidad de cubrir los gastos médicos del estudiante lesionado y proporcionarle la rehabilitación física y emocional que requiere tras sufrir un accidente tan grave porque, aseguran, la culpa fue de sus padres por no cuidarlo.

En octubre pasado se dio a conocer que el Gobierno del Estado había aceptado inscribir tanto al muchacho como a su madre en el sistema estatal de salud y facilitarle la atención que requiere una persona con discapacidad visual, incluido el apoyo psicológico para ayudarle a sobreponerse de una experiencia tan devastadora.

Pero a las palabras, como a muchos discursos políticos, se las lleva el viento.

**

Lo que le ocurrió a este joven, estudiante del Cecytech ubicado en Flores Magón, municipio de Buenaventura, no debió suceder y no debe volver a pasarle a nadie.

El accidente ocurrió en marzo de 2024, cuando un grupo de alumnos de ese plantel, entre ellos Carlos Daniel, realizaba un experimento con materiales químicos para cumplir con una actividad encargada por uno de sus profesores.

Por increíble que parezca, se les pidió continuar en sus domicilios un proyecto de laboratorio relacionado con la fundición de aluminio para fabricar piezas de torno.

Durante el procedimiento se produjo una explosión que impactó directamente el rostro del joven, provocándole quemaduras en ambos ojos y, como consecuencia, una ceguera irreversible.

Los demás estudiantes también sufrieron lesiones, aunque de menor gravedad.

La pregunta que sigue flotando es tan simple como incómoda: ¿quién consideró buena idea trasladar a las casas de los alumnos una práctica que involucraba materiales y procesos potencialmente peligrosos?

**

El caso provocó tal indignación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en la que solicitó al Cecytech atender de manera integral las necesidades médicas del joven lesionado.

Sin embargo, la ruta para la reparación del daño ha resultado más sinuosa que un camino de terracería en la sierra, al grado de que el afectado y su familia tuvieron que recurrir a los tribunales para presentar una demanda por daño moral.

Ahora resulta que el Cecytech ya no quiere hacerse cargo de nada y, por el contrario, les ha devuelto la pelota a los padres, como si ellos hubieran obligado a su hijo a fundir aluminio en la casa para cumplir con una tarea escolar.

La ruta del litigio, le dicen a Mirone, va para largo. El problema es que Carlos Daniel necesita atención hoy, mañana y pasado mañana; la necesita de manera permanente.

Y hay algo todavía más preocupante: se corre el riesgo de sentar un precedente en el que los planteles educativos queden libres de responsabilidad cuando encarguen actividades improcedentes o potencialmente peligrosas —como ocurrió en este caso— a sus estudiantes.

Porque aquí la discusión no debería centrarse en quién gana un litigio, sino en algo mucho más elemental: si una escuela puede deslindarse de las consecuencias de una tarea que terminó costándole la vista a uno de sus alumnos.