Desde el primer momento en que se dio a conocer la lista de organizaciones que el Gobierno de los Estados Unidos catalogó como “terroristas”, llamó la atención tanto las que aparecían en ese “ranking” como las que no quedaron, pese a su largo historial de actividad en el trasiego de drogas y otros “giros”.

Una de esas organizaciones es La Línea, heredera del cártel de Juárez, que, pese a su antigüedad, presencia y legado como detonadora de violencia, así como a su participación en la malograda “guerra contra las drogas” de la primera década del siglo, quedó fuera de esa clasificación.

De los múltiples sucesos ocurridos en aquellos años aciagos de la primera década de los 2000, se recuerda con especial nitidez el día en que estalló un vehículo.

Fue el 15 de julio de 2010 cuando ocurrió aquella explosión, en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Bolivia, en Juárez. El saldo fue de cuatro muertos y al menos una decena de heridos. Autoridades locales atribuyeron el acto a La Línea, brazo armado —para aquel entonces— del Cártel de Juárez.

Aquí cabe preguntarse, entonces: ¿cómo es que la organización a la que se le atribuyó la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez no entró en el molde creado por el Gobierno de Donald Trump para calificar a las organizaciones terroristas?

Según fuentes consultadas por Mirone, la razón es así de simple: la libraron porque no están en el negocio del fentanilo.

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El dato viene a colación ahora que el cártel de Sinaloa ha acaparado reflectores tras los señalamientos del Gobierno de los Estados Unidos de América de que el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene vínculos con esa organización o, al menos, con una de sus fracciones.

Como ha trascendido en medios de comunicación de casi todo el mundo, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron el inicio de causas penales contra Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve personajes de la política sinaloense, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El dato cobra relevancia por dos razones: porque la mayoría de los imputados aún están en ejercicio de su cargo y porque, prácticamente, los están acusando de narcoterroristas, una etiqueta que hace temblar a cualquiera.

Según la carta que circuló el miércoles pasado, lo de menos son los acusados, pues no serían los primeros políticos mexicanos —de todos los partidos— en enfrentar a la justicia estadounidense.

Lo que debe causar escozor es el tono de la acusación: se les señala de servir al Cártel de Sinaloa, al que se refiere como una organización que no solo trafica con drogas mortales, sino que, además, es considerada terrorista.

Eso cambia todo. Para mal, si no es que para peor de los señalados.

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El 20 de enero de 2025, la administración del presidente Donald Trump publicó la lista de las organizaciones delictivas que consideraba como terroristas.

Entre ellas estaban las de origen mexicano: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además de la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de catalogar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no es solo un asunto de lenguaje: implica un cambio de enfoque en la forma de combatirlos.

El argumento central está en el impacto del fentanilo, una droga sintética altamente letal que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en territorio estadounidense. Para Washington, este fenómeno dejó de ser un problema de salud pública para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Es decir, no se trata únicamente de las acciones violentas que cometen en México u otros países, sino, de manera enfática, de su participación en el negocio de las drogas sintéticas.

Bajo esa lógica, los cárteles no solo trafican drogas: operan como redes criminales transnacionales que generan violencia sistemática, controlan territorios y sostienen sus actividades mediante corrupción y estructuras financieras complejas.

El término “terrorismo” no solo enciende alertas en las organizaciones así calificadas, sino también en los Gobiernos donde operan.

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Al llamarlos “terroristas”, el Gobierno estadounidense envía un mensaje de mano dura no solo a los grupos delictivos, sino también a la clase política, porque abre la posibilidad —al menos en el discurso— de justificar acciones más agresivas bajo el argumento de que se combate a organizaciones que representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ese endurecimiento, según diversos análisis, responde a la presión social derivada de la crisis de sobredosis. Poco se dice de que la epidemia del fentanilo también tiene raíces internas en Estados Unidos, pero eso resulta secundario frente a la necesidad política de señalar a un responsable visible.

Para ese fin, los cárteles mexicanos encajan a la perfección.

La etiqueta de “terroristas” permite al Gobierno estadounidense acceder a herramientas legales más agresivas, como el congelamiento de activos, sanciones internacionales y una mayor capacidad para perseguir redes fuera de su territorio.

Sin embargo, esta clasificación también tiene implicaciones políticas y diplomáticas. En México, distintos Gobiernos han rechazado esa denominación por considerar que puede abrir la puerta a acciones extraterritoriales y tensiones en materia de soberanía.

En el fondo, no se trata solo de cómo se nombra a los cárteles, sino de lo que ese nombramiento permite hacer.

Y es ahí donde Chihuahua entra en la conversación, aunque no siempre se quiera ver así.

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El cártel de Sinaloa tiene fuertes vínculos con Chihuahua y un nivel de actividad intenso en la lucha por controlar puntos clave para la producción y el tráfico de drogas desde el llamado “Triángulo Dorado” hacia la frontera con Estados Unidos.

No es nueva, ni mucho menos, la actividad de esa organización en la entidad, y sus recientes ramificaciones han trasladado sus disputas hegemónicas a territorio chihuahuense, como han dado cuenta las propias autoridades cuando explican —o intentan explicar— el origen de los hechos violentos que ocurren cotidianamente.

Según la información difundida por diversas instancias, el cártel mantiene operación activa en Chihuahua, confirmada incluso por informes de la DEA y autoridades mexicanas.

Su incursión más fuerte se consolidó en la última década, aprovechando la fragmentación de grupos locales y las alianzas con células regionales. Tal es el caso de la disputa actual por el control del corredor Aldama–Ojinaga, mediante una alianza con el grupo de Los Cabrera, originario de Durango.

La presencia de las dos principales facciones sinaloenses —Los Mayos y Los Chapitos— ha convertido a Chihuahua en un campo de batalla en distintos frentes: en Juárez, contra La Línea, por el control del cruce fronterizo; en el nororiente, por el corredor que conecta el “Triángulo Dorado” con Ojinaga; y en ese mismo enclave serrano, por el dominio territorial entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

En ese sentido, vale recordar que el narcolaboratorio localizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, se encuentra justo en ese punto neurálgico que se disputan las organizaciones escindidas del cártel sinaloense, entre sí y frente a otros grupos.

Es en este punto donde los frentes políticos deberían tener cuidado de no morderse la lengua cuando festinen el comunicado emitido por autoridades de los Estados Unidos.

Hasta ahora, algunos han querido reducir el señalamiento a un asunto que solo incomoda a ciertos actores de Sinaloa. Como si el problema tuviera domicilio fijo… y credencial partidista.

Pero basta leer con calma una línea del documento para que la tranquilidad empiece a tambalear: el cártel de Sinaloa “depende de la corrupción y el soborno para provocar violencia y generar ganancias”.

Nada nuevo, en realidad. Salvo que ahora viene escrito en papel membretado y con firma extranjera.

Así que, antes de repartir culpas con entusiasmo, quizá convendría hacer un ejercicio más elemental: mirar alrededor.

No vaya a ser que, en una de esas, el señalamiento no sea tan lejano como parece… ni tan ajeno como se presume.