Es una historia larga y extremadamente desgastante no solo para las víctimas, sino para todas aquellas personas involucradas alrededor del caso Techo Comunitario.
Los últimos 10 meses han transcurrido en los pasillos de Ciudad Judicial en medio de audiencias, testimonios, lágrimas, gritos, enojos, decepción, alegría, tristeza, atención y un silencio sepulcral que se apodera de las salas antes del anuncio del fallo de los ocho juicios que van hasta ahora.
A pesar de las acusaciones y las pruebas presentadas, los primeros juicios concluyeron con resultados distintos a los esperados por los afectados.
Aquel verano, el juez Jesús Alberto Medina Parra y la jueza Claudia Dominguez absolvieron de todos los cargos a la imputada, señalando que el Ministerio Público no había presentado evidencia que indicara, de manera clara, la responsabilidad de Naomy Yamilé de los delitos que se acusaban en su contra.
Incluso, Domínguez dio vista al Ministerio Público ante la probable comisión del delito de falsedad ante una autoridad judicial, presuntamente cometido por al menos dos peritos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), quienes habrían manipulado su versión ante el juez para inculpar a la sospechosa.
Se suponía que los juicios deberían continuar uno tras otro; sin embargo, la reforma al Poder Judicial que trajo consigo la llegada de nuevos jueces, puso freno a los procesos en contra de la imputada en medio de reclamos por parte de las madres afectadas, quienes enfrentaron cómo la búsqueda de la justicia se retrasaba.
Durante el segundo semestre de 2025 la defensa de Naomy Yamilé acumuló una absolución más, dictada por la jueza Nancy Denisse Jiménez, así como la primera condena en su contra por cinco años de prisión, tras ser encontrada culpable por el delito de abuso sexual agravado.
No obstante, en los tribunales de segunda instancia, magistrados de las salas penales regionales revisaban los recursos de apelación interpuestos por las víctimas, que ponían en tela de juicio las victorias judiciales que la acusada había conseguido.
El giro que cambió el rumbo del caso
Tras el periodo vacacional de fin de año, los juicios orales en contra de Naomy Yamilé se reactivaron a mediados de enero; en el quinto, presidido por la jueza Evangelina Ortiz Zúñiga, continuó la tendencia favorable en favor de la imputada, quien fue absuelta por el delito de violación agravada.
Sin embargo, el panorama empezó a cambiar, ya que mientras se llevaba a cabo el desahogo de pruebas en el sexto juicio oral, el magistrado José Luis Chacón Rodríguez, de la Segunda Sala Penal Regional, revocó el resultado del tercer juicio en contra de la acusada, modificándolo a “fallo condenatorio por el delito de violación agravada”.
En el documento, el magistrado resaltó que, en su momento, la jueza Nancy Denisse Jiménez se había equivocado en su valoración de las pruebas, resaltando que no habría tomado la importancia debida al testimonio del menor víctima.
Dicha noticia llegó acompañada, días después, con el fallo condenatorio dictado por el juez José Marco Arredondo Ávila, que también fijó la pena máxima contemplada por el Código Penal del Estado de Chihuahua: 50 años de prisión.
La resolución del magistrado Chacón Rodríguez fue la primera de tres revocaciones que la Tercera y Cuarta Sala Penal Regional, presididas por las magistradas Nancy Elizabeth Sánchez Corona y Myrelle Oralia Lozoya, concedieron a las víctimas del primer y segundo juicio oral, cambiando las absoluciones por un fallo condenatorio, uno por abuso sexual agravado y otro por violación agravada.
En ambos casos, las magistradas reiteraron que ambos jueces, quienes dejaron sus cargos tras la reforma al Poder Judicial, habían valorado incorrectamente el testimonio de los menores víctimas, dejando de lado el interés superior de la niñez.
Ante estas circunstancias, a la pena de Naomy Yamilé se le agregaron 26 años de prisión; 10 años por el delito de abuso sexual agravado y 16 por el de violación agravada.
Techo Comunitario: las condenas y lo que aún falta por resolverse
Finalmente, durante este mes de abril, se llevaron a cabo el séptimo y octavo juicio oral en su contra, presididos por las juezas Juana Iris Quiñones Rivas y Blanca Zavala Esquivel.
En ambos procesos las juzgadoras coincidieron en sus resoluciones que existía evidencia suficiente para dictar fallo condenatorio en contra de la imputada por haber cometido los delitos de violación agravada en contra de niños que estaban bajo su cuidado en la guardería Techo Comunitario, sumando 32 años adicionales de prisión, 16 años de condena por cada uno de los juicios orales.
Para la defensa, compuesta por la Asociación de Abogados Penalistas, este no fue más que el inicio de una serie de batallas legales ante los juzgados federales con la promoción de juicios de amparo, ante lo que consideraron como un resultado injusto en contra de su representada.
Por su parte, las madres afectadas consideraron que este es el final satisfactorio que esperaban desde hace años, a lo largo de los cuales tuvieron que presentarse en reiteradas ocasiones ante la FEM para revivir el trauma sufrido, siendo el parteaguas para recuperar parte de la infancia que las víctimas habían perdido.
El Tribunal Superior de Justicia ha informado que todavía quedarían pendientes, cuando menos, otras tres causas penales por resolver con relación al caso de Techo Comunitario, mismas que se encuentran en periodo de plazo de investigación complementaria o en espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia para determinar el inicio de nuevos juicios orales, o bien, el sobreseimiento de la acusación.
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