Bastante bien se le conoce en Chihuahua a quien se convertirá el domingo en presidenta nacional de Morena, después de dejar la poderosa Secretaría de Bienestar, como parte de las jugadas políticas más recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nada más hay que preguntarle a quienes han formado o forman parte de su equipo para saber que es una jefa bastante controladora, que no deja nada suelto y actúa como capataz.

Así ha operado con sus dos pilares fundamentales en Chihuahua: la Delegación de Bienestar y la bancada morenista en el Congreso del Estado, desde donde se ha desprendido una estructura propia y alterna para cubrir todo el territorio.

Muy bien que te ampara políticamente y no te deja morir, pero muy mal también que no puedes hacer prácticamente nada sin su autorización, incluso pisando la línea del terreno personal.

El nivel de control se ilustra perfectamente con las variadas anécdotas de quienes llegaron a sufrir reprimendas por dar un “like” a alguna publicación de Facebook a algún personaje “non grato” o no autorizado por la ahora exsecretaria.

También la manera en que en la Delegación de Bienestar llegó a autorizar o desautorizar contrataciones hasta terceros y cuartos niveles. Nadie entraba y nadie salía prácticamente sin su conocimiento y consentimiento.

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Siempre ha palomeado Montiel y fijado la línea política de lo que se hace en la bancada morenista que coordina el diputado juarense Cuauhtémoc Estrada, lo mismo que en la Delegación de Programas para el Bienestar que encabeza la también juarense Mayra Chávez.

Por igual, todos forman parte del empoderado equipo de AMOR por Chihuahua, la estructura y la marca que creó Ariadna con su acrónimo cuando tenía interés —o pensaba— que ella misma podía convertirse en gobernadora del estado, una idea que acarició por bastante tiempo, mucho antes de que se perfilara como alfil partidista de la presidenta.

Que sepa Mirone, en ningún estado se metió tanto Ariadna a operar políticamente como en Chihuahua, aunque sí destaca la creación de la organización AMOR por la Ciudad, que se creó en la Ciudad de México, desde donde operó Montiel en favor de la fallida candidatura de Omar García Harfuch, la carta de la hoy presidenta que entonces se sacrificó para abrirle el espacio a la preferida del expresidente AMLO: la hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Por cierto, ahí quedó registrado otro momento del compromiso y el vínculo Montiel-Sheinbaum, igual que cuando se conoció abiertamente la forma en que la entonces secretaria de Bienestar puso a operar en Chihuahua a todo su equipo en favor de la candidatura de Claudia, desde antes de las encuestas y la definición de AMLO y Morena.

El caso es que Montiel carga en Chihuahua un largo historial de trabajo político, particularmente desde que en 2018, cuando todavía era diputada federal, fue enviada como delegada de Morena para la elección que entonces ganó Andrés Manuel López Obrador.

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Claro que la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia de Morena tendrá fuertes repercusiones en Chihuahua, tanto por el lado de la dirigencia como en la cuestión de las candidaturas en juego.

Es difícil pensar que se logre mantener como presidenta estatal Brighite Granados de la Rosa, precisamente porque trae su historia personal con “la mejor organizadora del mundo”, como la llamó Claudia Sheinbaum.

Prácticamente fue Montiel su tutora o madrina y, si llegó a la presidencia estatal, fue bajo su impulso, luego de que Brighite se mantuvo a su lado cuando se dio, en 2021, la ruptura de Ariadna con Juan Carlos Loera de la Rosa, el tío segundo de la dirigente estatal.

Sin embargo, también hubo quiebre de Granados con Montiel en 2025, precisamente por los afanes controladores de quien dejó la Secretaría de Bienestar. Lo que trascendió en su momento fue que Granados no toleró que Ariadna intentara marcarle lineamientos para su vida personal y, en general, por el trato impositivo de jefa.

Así que terminó tronando contra la madrina, para quien trabajó incluso como asistente personal en la Ciudad de México.

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Luego de ese rompimiento, Brighite restableció la relación con Juan Carlos Loera y con las pocas personas que siguieron con él después de su rompimiento personal y político con la misma Ariadna.

Todos fueron antes un mismo equipo, cuando el poder y los recursos los compartían Loera y Montiel, pero luego vinieron las historias de truene, a partir de relaciones personales fracturadas y señalamientos de traición en distintos sentidos.

Por eso señala Mirone que difícilmente podrán trabajar juntas Ariadna y Brighite. En teoría, la dirigencia estatal no tendría por qué renovarse, ya que estatutariamente obedece a otra dinámica y a otro calendario, pero en la real politik siempre se pueden articular las salidas que hagan falta.

Ya se verá qué posición o postura asume Brighite.

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En cuanto a las candidaturas en juego, hasta ahora se manejan dos lecturas distintas del impacto de la llegada de Ariadna a Morena, con independencia de que también, por estatutos, en teoría no tendría que intervenir en las definiciones que competen a la Comisión Nacional de Elecciones.

Un escenario bastante lógico es que meta el hombro por sus operadores y aliados políticos en Chihuahua. En ese caso hablamos de la delegada Mayra Chávez, quien aspira a la alcaldía, y del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien va por la gubernatura.

Sin embargo, también existe una lectura contraria: que su llegada a la presidencia de Morena podría tener repercusiones negativas para ambos proyectos, bajo la lógica de que Montiel quedaría bajo sospecha de favoritismo si las candidaturas terminan en manos de quienes impulsó antes de llegar a la dirigencia del partido.

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Lo que ocurrió el sábado 18 y el domingo 19 en el lugar conocido como El Pinal, en los confines del estado de Chihuahua, bien puede enmarcarse en un auténtico ejemplo del dicho popular que reza así: “del gozo, al pozo”.

Según le han contado a Mirone, el operativo para encontrar y desarticular un laboratorio clandestino destinado a la fabricación de drogas sintéticas sería el punto de arranque para la precampaña del entonces fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

El plan estaba trazado para dar con el objetivo el sábado 18; luego, anunciarlo el domingo como la más grande operación de desarticulación del “más grande laboratorio clandestino de fabricación de drogas sintéticas” el día domingo 19, y el lunes 20 salir a presentarse “en sociedad” como el gran combatiente del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales.

Pero en eso que ocurre un accidente vehicular en medio de la sierra que causa cuatro muertes. Fueron dos desbarrancados: uno, el auto donde viajaban el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, uno de sus escoltas y dos agentes de la CIA; el otro, la campaña de César Jáuregui rumbo a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

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No es casual, le comentaron a Mirone, que en el “megaoperativo”, como se le presentó el domingo 19, participaran únicamente la AEI, órgano de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa y —de manera soterrada— los agentes extranjeros. No estuvo, en cambio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que es la que cuenta con la mayor capacidad de despliegue policial de todo el aparato gubernamental.

¡Qué raro! Tampoco asistió la Guardia Nacional, pero eso ya es motivo de otro comentario.

Acá lo que cabe destacar es que no se convidó a partir el pastel a la corporación dependiente del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, quien trae su propia precampaña, enfocada a hacerse de la candidatura al Gobierno del Estado, o lo que caiga es bueno.

No es gratuito que, en medio de todo el vendaval que se soltó a partir del lunes 20 de abril, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que no estaba enterada de la presencia de agentes extranjeros, Loya Chávez prácticamente desapareció de la escena mediática.

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Según las fuentes mironianas que compartieron este trascendido, el PAN tenía contemplado iniciar un levantamiento censal para medir el nivel de conocimiento de sus personajes y la intención del voto en favor de cada uno de ellos.

Si la intención de Jáuregui era dar el gran golpe, salir victorioso el lunes y arrancar con motores nuevos en aquel miércoles, día del inicio del levantamiento, tendrá que ser para la próxima.

El proyecto terminó el lunes 27 de abril, cuando presentó formalmente su renuncia al cargo y admitió haber cometido una serie de errores de comunicación. Hasta ahí llegó su canción.

Así de azarosa se vuelve la vida para alguien que decide caminar por el filo, como lo hizo Jáuregui. Bien le puede quedar como lección a los otros que andan afanosos detrás de un cargo de elección popular.

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Este miércoles 29 de abril retumbó la noticia de que la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y mandos de seguridad, a quienes señala de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el documento judicial dado a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y la DEA, los imputados habrían participado en una red de protección institucional al grupo criminal, a cambio de sobornos millonarios y respaldo político.

La acusación golpea en el corazón de la 4T y refuerza la narrativa de sus opositores, en el sentido de que se trata de un “narcopartido”, aliado con los cárteles de la droga y financiado por esas bandas criminales.

El anuncio es demoledor. Entre los acusados figuran también Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, todos partícipes, de una u otra forma, en el Gobierno morenista de Sinaloa.

Aquí viene lo más grave: según la acusación, todos son o fueron funcionarios de alto nivel en Sinaloa y habrían utilizado sus cargos para proteger las operaciones del cártel, incluyendo el resguardo de cargamentos de droga, la filtración de información confidencial y la obstrucción de investigaciones.

El documento sostiene que los implicados mantenían vínculos particularmente estrechos con la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que Rocha Moya habría recibido apoyo de este grupo durante su campaña electoral.

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Miel sobre hojuelas para el bloque prianista, la comentocracia antimorenista y para quienes hoy defienden la actuación del Gobierno de Chihuahua por “combatir al narco”.

En la víspera, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, advirtió que la corrupción sigue siendo un problema estructural en el país.

También en las horas previas, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que informó que había atraído el caso de los agentes estadounidenses que operaron en Chihuahua el 18 y 19 de abril. En ese documento, el máximo órgano investigador del país reprochó al Gobierno de Maru Campos la tardanza en la entrega de la carpeta de investigación.

“Es importante señalar que, hasta el día de ayer, a petición reiterada de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local”, señala el comunicado. Si no fue pataleo, cómo retumbó.

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Lo que sigue se parece a aquellos episodios de rispidez vividos en la década de 1980, cuando el agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, fue asesinado en México, presuntamente por un cártel de la droga, pero con la protección de autoridades mexicanas.

La resonancia de aquel conflicto diplomático todavía se escucha, más de 40 años después. Que quede en actas lo sucedido desde el 18 de abril: pudo ser el inicio del conflicto diplomático entre México y Estados Unidos más grande en años recientes.