El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena, afirmó que las autoridades estatales deben comparecer ante el Congreso del Estado o ante la instancia que las convoque, para explicar lo ocurrido con la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, presuntamente realizando labores de seguridad pública.
Sin detallar si debe ser la gobernadora María Eugenia Campos quien acuda ante el Legislativo estatal, el líder morenista consideró que existen razones de peso para exigir cuentas a las autoridades encargadas de la seguridad pública en el estado y, en particular, a la Fiscalía General del Estado.
En conferencia de prensa, Estrada Sotelo reprobó el intento de legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN), concretamente de Ricardo Anaya y Mario Vázquez Robles, de involucrar al Ejército Mexicano para justificar la participación de agentes estadounidenses en una acción que —subrayó— está claramente prohibida por la legislación mexicana: la intromisión en operativos de seguridad pública.
No obstante, agregó que la comparecencia ante los poderes legislativos, ya sea el Congreso del Estado o el Senado de la República, no excluye la posibilidad de que se finquen responsabilidades penales, en caso de que la Fiscalía General de la República determine la existencia de delitos por permitir la participación de actores extranjeros en el operativo.
Estrada fue cuestionado sobre la supuesta participación de agentes —probablemente cuatro— de una agencia estadounidense en el operativo efectuado el pasado 18 de abril, en el que el Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación lograron desarticular un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas en la sierra Tarahumara.
Ese mismo día, una camioneta en la que viajaban dos agentes de la AEI y dos estadounidenses —de una agencia aún no identificada oficialmente— se desbarrancó, provocando la muerte de los cuatro tripulantes.
El legislador consideró que la autoridad estatal “no está diciendo la verdad” sobre estos hechos, pues resulta difícil creer que la presencia de agentes extranjeros haya ocurrido con autorización del Ejército, o que su participación se limite a haber recibido un “ride”.
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