Diversos medios publicaron ayer miércoles la versión de que la esposa del exgobernador, Bertha Olga Gómez, quedó detenida por la falta de renovación de su visa de entrada a Estados Unidos.

De ser así, no habría vinculación directa con los casos de corrupción que le imputan a su marido… aparentemente, porque no hay que olvidar que en México ya cuenta con una orden de aprehensión, y en cuanto pise territorio nacional podría ser detenida.

Como sea, no es un dato más de los muchos que surgen cada año en torno a casos de corrupción de exgobernantes. Se trataría del inicio de un proceso que podría derivar en su entrega a México y que bien podría prolongarse meses, si no es que años, cerrando el círculo en torno a César Duarte Jáquez, hoy acusado en el ámbito federal por presuntos actos de lavado de dinero.

Porque una cosa es procesar al exmandatario, y otra muy distinta es que la investigación alcance al círculo familiar.

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Desde la audiencia celebrada el 10 de diciembre pasado, en la que el exgobernador de Chihuahua (2010-2016) fue presentado ante un juez federal, el Ministerio Público dejó en claro por dónde iría la causa: el entramado financiero que le permitió desviar 76 millones de pesos del erario estatal para beneficio propio.

En aquella ocasión, el nombre de Bertha Olga Gómez Fong se mencionó con todas sus letras: parte de las operaciones se realizaron a través de ella, incluyendo el pago de tarjetas de crédito.

La audiencia inicial de la causa penal 142/2024 se llevó a cabo en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ahí, Duarte escuchó las razones por las que fue detenido el 8 de diciembre afuera de su domicilio en la ciudad de Chihuahua.

El exmandatario se encontraba en libertad tras el cambio de medida cautelar, aunque con brazalete localizador, al seguir bajo proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado agravado, este último por un desvío de 96 millones de pesos.

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El momento de la detención no pasa desapercibido. Chihuahua ya entró en fase de acomodos rumbo a 2027, y el expediente Duarte siempre ha sido un factor político.

Reactivarlo implica volver a poner en la conversación pública la corrupción del pasado, la recuperación de recursos, la responsabilidad de exfuncionarios y, quieran que no, la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, emblema de la administración de Javier Corral.

Pasarán horas que parecerán años para la esposa del exmandatario, entre que se confirma su situación: detención migratoria, posible entrega a México o permanencia en Estados Unidos.

Traducido al lenguaje de la grilla: el caso Duarte vuelve a escena… y nadie sabe hasta dónde puede escalar.

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Lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa “mañanera de los miércoles” del Grupo Parlamentario de Morena nos revela que el partido insignia de la 4T ya no aguanta más y está más saturado que una olla de frijoles a punto de explotar.

Por primera vez desde que inició la actual legislatura, allá por septiembre del 2024, se apareció —y muy “redepente”— el diputado Óscar Avitia Arellanes, quien había permanecido notablemente distanciado de su coordinador, Cuauhtémoc Estrada, desde hace casi un año, si no es que más.

Quienes conocen el ambiente grilleril del Congreso saben que los miércoles por la mañana, entre 10 y 11, más o menos, es “la hora de Cuauhtémoc”, porque es un escenario donde el líder morenista domina, ataja temas que debería abordar la dirigencia estatal y hasta se da sus tiros de calentamiento con la prensa más crítica hacia la 4T.

Esa hora, de cuando en cuando, es la de “Cuauhtémoc y sus invitados”, porque en una de esas y se aparecen alguna de las diputadas juarenses; de vez en cuando la diputada Brenda Ríos, de Chihuahua, y cada venida de obispo, el juarense Pedro Torres. Pero Avitia no se había asomado siquiera… hasta ayer.

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¿Qué mosca les picó a los dos que, de pronto, quedaron frente a las cámaras de los medios de comunicación y del portal oficial del Grupo Parlamentario de Morena? Casi nada: la mención de la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados.

Minutos antes de que Avitia cruzara la puerta del salón de juntas del grupo morenista, Estrada había estado capoteando los cuestionamientos sobre la supuesta imparcialidad de Brighite y sobre la petición de algunos actores de que fuera destituida de su cargo por no propiciar un “piso parejo”.

Cuauhtémoc, hábil como boxeador peso ligero, de esos que son muy ágiles para evadir los golpes, sorteó el temporal… hasta que llegó su poco amigable compañero de bancada.

Sin decir más, Avitia se sentó a la izquierda de su coordinador y comenzó a hablar, como para retomar el tema y salir al paso a las acusaciones contra “su” jefa. El tira-tira sirvió para que ambos, frente a frente —o más bien lado a lado, porque ni se volteaban a ver—, admitieran sus filias electoreras: Estrada por un bloque, Avitia por otro.

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Fueron momentos de tensión para dos actores del morenismo que conviven ahora mismo en el mismo edificio, misma bancada e iguales intereses legislativos, pero que traen una agenda electoral totalmente encontrada, por decir lo menos: está más bien a punto de convertirse en encontronazo.

Hasta este miércoles, Avitia era el único de los 12 diputados que le quedan a Morena abiertamente decantado por una ruta. Otros diez están a todas con la otra corriente, y otras dos… quién sabe. Las del llamado “WC Gate” no han dado color, aunque ya Rosana Díaz se reunió —¿con quién?— con Brighite.

¿Será la nueva adquisición de ese bloque? ¿O apenas un tanteo en medio del jaloneo interno?

Lo cierto es que la olla ya está hirviendo, y en Morena, lo que parecía disciplina de bancada empieza a parecerse más a una telenovela política con final todavía en suspenso.

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Desde las diversas trincheras de Morena insisten en que no hay actos anticipados de campaña y que no hay “novedad en el frente de batalla” por la candidatura al Gobierno estatal.

Pero mientras dicen eso, la estructura del Gobierno Federal ya se movió.

Al inicio de la semana se dio un posicionamiento clave que fortalece la estructura de Ariadna Montiel.

Se trata del nombramiento de Ever Quezada, quien hasta hace unos días —si no es que horas— era el “número 2” en la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, al lado de Mayra Chávez, otra de las operadoras infaltables del entramado de la poderosa secretaria de Estado.

Quezada no salió, se “cayó pa’ arriba”: dejó Bienestar en los mejores términos para irse a una “mejor vida”.

Ya no será el pícher relevista… ahora será el mero abridor en la Semarnat.

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La carrera de Quezada dentro de la 4T ha sido, por decir lo menos, meteórica.

En 2018 era diputado local por el Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua.
Hoy, en menos de ocho años, pasó de ser un “chapulín” recién aterrizado en la olla guinda a convertirse en pieza clave dentro de la operación política de Ariadna Montiel en el estado.

Enterados del tema le cuentan a Mirone que el ahora delegado tuvo en su momento una alianza empresarial en la firma BQ Gestión Ambiental con su hoy compañera de partido, Brenda Francisca Ríos, también con pasado en el PVEM.

Nada menor, si se observa cómo se han ido acomodando los cuadros verdes dentro de la estructura morenista.

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El nombramiento de Ever Quezada en Semarnat Chihuahua no es administrativo.
Es político. Y bastante revelador.

Primero, por el origen: viene de Bienestar, que en la lógica interna de Morena responde al grupo de Ariadna Montiel. Y quien conoce la grilla sabe que Bienestar no solo reparte programas: construye territorio, estructura… y candidaturas.

Segundo, por el destino: Semarnat no tiene operación electoral directa, pero sí algo muy valioso: presencia estatal, interlocución con alcaldes, vínculo con sectores productivos y visibilidad pública sin desgaste.

Dicho en buen cristiano: el grupo de Ariadna se movió y ya ocupa una nueva casilla, como en el Monopoly.

Lo bueno es que no están en campaña… o al menos eso dice el morenismo oficial, que cada vez batalla más para disfrazar lo que ya parece armado desde hace rato.

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En el Instituto de Formación y Actualización Judicial, el famoso Inforaj del Poder Judicial del Estado, están peor que en las escuelas patito.

Resulta que ofrecen múltiples cursos, diplomados, maestrías y hasta doctorados, que todo mundo toma, principalmente quienes ya forman parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado y hasta carrera tienen en la función jurisdiccional.

Hay capacitación continua, y de forma institucional, el trabajo del Inforaj se presume a los cuatro vientos… nada más que hay un enorme ‘pero’.

A Mirone le llegaron reportes de continuas quejas de operadores del sistema judicial, pasando por jueces y juezas y llegando hasta el más alto nivel: las magistraturas.
El problema es uno: los títulos nomás no llegan.

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Pura burocracia y tramitología que les hace de agua el papelito, ese que habla… sobre todo cuando se trata de ajustes salariales por grados académicos o cuando los operadores son invitados a la docencia.

Ahí es donde pega: pierden oportunidades de ingreso porque no pueden presentar los títulos exigidos.

Con internos y externos, unas 200 personas cursaron el Doctorado en Derecho Judicial en un proceso que inició en 2020, hace ya seis años.

Terminaron hace más de dos años, luego vino un curso de sustitución de tesis, después uno de inglés y finalmente el trámite de titulación… pero todavía no terminan.

La justificación: cambios constantes de directores en el Inforaj y trámites detenidos porque deben validarse firmas en la Ciudad de México.
Y así se la han llevado.

Esa fue la segunda generación. Desde que egresaron, al menos cuatro directores han pasado por el instituto.

La primera generación tampoco se salvó: hasta cinco años tardaron en tener el título en mano.

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En las maestrías en Derecho Penal, Familiar y Civil, la historia se repite: egresados que terminaron hace años y siguen sin documento que acredite sus estudios.

Los afectados están en todos los distritos judiciales, aunque el golpe es mayor en Juárez y Chihuahua, donde se concentra el grueso del personal.

Ahí está otro pendiente que cae directo al escritorio de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera.

Ni modo que le guste que, dentro y fuera del Poder Judicial, se diga que hasta las preparatorias patito son más cumplidas para entregar títulos.

Y por si faltara: la queja final.

No cumplen con lo que deben… pero eso sí, traen a todo mundo a gorro para que se inscriba en maestrías y doctorados, nomás para inflar los números de egresados.