El asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por Sinaloa, donde encabezó reuniones de seguridad y sostuvo que los homicidios en la entidad disminuyeron.
Rubí Patricia, integrante del colectivo Corazones por una misma Causa, buscaba a su hijo Edgar Daniel Gómez Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025 en el contexto de la violencia que se vive en el estado. Su cuerpo se localizó en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes.
María Isabel Cruz Bernal, del colectivo Sabuesos Guerreras, señaló que el crimen representa un desafío directo al Estado y un mensaje de impunidad contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Expuso que la buscadora tenía previsto acudir a la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde la Comisión Nacional de Búsqueda realiza trabajos tras el hallazgo de cuerpos y fosas clandestinas.
De acuerdo con colectivos, la visita presidencial coincidió también con la presencia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien encabeza operativos en esa zona.
Organizaciones de búsqueda en Sinaloa manifestaron indignación por el asesinato de la madre buscadora y exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. También pidieron medidas de protección efectivas para las madres buscadoras y la aplicación de protocolos internacionales que garanticen su seguridad.
Integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda lamentaron que hayan sido sus propias compañeras quienes localizaron el cuerpo. Señalaron que el crimen exhibe la vulnerabilidad en la que trabajan los colectivos.
Colectivos recordaron que Sinaloa enfrenta una crisis de desapariciones en medio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la detención y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024. Estimaron que en el último año y medio se han registrado más de 5 mil personas desaparecidas en la entidad.
Las organizaciones insistieron en que las autoridades federales y estatales deben realizar una investigación pronta y exhaustiva, así como garantizar condiciones de seguridad para quienes continúan la búsqueda de sus familiares.
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