La Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad Juárez (Coparmex) demandó que el Gobierno del Estado garantice certidumbre financiera y transparente el uso de los recursos, relacionados con el JuárezBus.
Después de cinco días que la Operadora de Transporte Vivebús (OTV) se hizo cargo del servicio en la ruta Troncal 2, la Coparmex emitió un posicionamiento público en el que, igual que lo hizo la semana pasada el Consejo de Movilidad de Juárez, pidió la reunión urgente del Consejo Consultivo de Transporte.
El fin de semana la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), había criticado en un comunicado de prensa que se tomaran decisiones unilaterales, enfatizando la necesidad de dar certeza jurídica, reglas claras y cooperación entre Gobierno y sector privado.
En el boletín publicado anoche, la Coparmex recordó que es indispensable avanzar en la operación efectiva de un fideicomiso, contemplado en la ley, que garantice certidumbre financiera y transparencia en el uso de los recursos.
El mismo texto enfatizó la necesidad de que se conforme un órgano consultivo permanente, con reglas claras y sesiones periódicas, “que permita dar seguimiento técnico, evaluar resultados y corregir oportunamente las situaciones que se vayan presentando”.
Ambos puntos fueron planteados en un comunicado el 1 de enero de 2026 por el concesionario Lazo 5 Puntos, que hasta un día antes, el 31 de diciembre de 2025, había prestado el servicio en la Troncal 2, con camiones prestados en comodato, propiedad del Gobierno del Estado.
De acuerdo con la Subsecretaría de Transporte, dicho concesionario tuvo un año y medio para adquirir camiones y así poder continuar operando el servicio, pero no lo hizo.
Al respecto, los administradores de Lazo 5 Puntos explicaron a Norte Digital desde mediados del mes pasado, que con la estructura financiera en que estaban operando, y que era responsabilidad del Gobierno del Estado, no existían condiciones para capitalizarse y tampoco se cumplían requisitos legales de las armadoras para que pudieran ser sujetos de crédito y así poder comprar sus propios camiones.
De acuerdo con Coparmex, las diferencias deben ser conciliadas con diálogo entre las partes, poniendo como prioridad el bienestar de los usuarios y no intereses particulares.
Las controversias no deben trasladarse a los usuarios, ni derivar en afectaciones a la frecuencia, cobertura o calidad del servicio, remarcó.
Sostuvo que la movilidad humana debe construirse desde la cooperación, el respeto al marco legal y una visión de largo plazo orientada al bien común, “no desde la confrontación o la improvisación”.
“El transporte público es un servicio esencial y el principal instrumento para garantizar el derecho constitucional a la movilidad, por lo que cualquier decisión que impacte su operación debe priorizar la continuidad del servicio, la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema”, advirtió.
No obstante reconocer la facultad del gobierno para regular y supervisar la prestación del servicio “cuando existan riesgos que comprometan su operación”, el organismo empresarial consideró “indispensable” que dichos procesos se conduzcan “bajo principios de legalidad, debido proceso, certeza jurídica, transparencia y comunicación institucional”.
Debe existir, agregó, un estricto cumplimiento de los contratos, concesiones y demás instrumentos jurídicos aplicables, “a fin de preservar la confianza y la certidumbre de los actores involucrados”.
En ese sentido, señaló que las diferencias de interpretación técnica, contractual u operativa “que hoy se discuten públicamente”, reflejan los retos propios de un Sistema Integrado de Transporte que “aún se encuentra en proceso de consolidación”.
Por esa razón, insistió, se hace necesario fortalecer mecanismos de diálogo técnico e institucional, con reglas claras, información verificable, transparencia y criterios objetivos para la toma de decisiones.
De acuerdo con Coparmex, el momento actual, representa una prueba de gobernanza para la consolidación del Sistema Integrado de Transporte, cuya institucionalización exige compromisos ineludibles de Estado, orientados a construir un sistema sólido y sostenible en el tiempo.
Para su maduración, el SIT requiere dirección, planeación estratégica y cumplimiento irrestricto de los instrumentos jurídicos, así como una visión de largo plazo, indicó.
El Estado, sostuvo, tiene la obligación de garantizar sistemas de transporte público seguros, accesibles, eficientes y de calidad; el interés público y el bienestar del usuario deben estar por encima de intereses particulares.
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