La mañana del martes 18 de noviembre, Nahomi Yamilé R. P. volvió a la sala 1 de Ciudad Judicial para enfrentar su cuarto juicio oral, ahora bajo el expediente 333/24, presidido por el juez de enjuiciamiento Christian Jonathan Gasca Núñez.
Por parte del Ministerio Público comparecieron una agente de la Fiscalía y una asesora legal de las víctimas. Frente a la imputada se ubicaron tres abogados pertenecientes a la Asociación de Abogados Penalistas, quienes también la han representado en los procesos anteriores.
En esta ocasión, Nahomi se mostró tranquila, relajada, incluso con el esbozo de una ligera sonrisa. En un momento de la audiencia buscó a sus padres —sentados entre el público— y levantó ambos pulgares en señal de que “todo está bien”.
Con tres juicios previos, conoce ya la dinámica procesal, por lo que el juez no tuvo dificultades para explicarle el desarrollo de la sesión.
Solicitud de privacidad y primer incidente procesal
Antes de iniciar el desahogo de pruebas, la representación social planteó un incidente: solicitó que el juicio se realizara de manera privada, con base en los derechos de privacidad de la niñez.
Aunque la defensa no presentó objeciones, el juez consideró que la reserva total vulneraría el derecho a la información y el principio de publicidad del Poder Judicial. Determinó que solo quedarían restringidos los testimonios del menor y de la madre; el resto del juicio sería público, con la instrucción de no divulgar datos sensibles.
Defensa pide sobreseimiento; juez rechaza
La defensa solicitó el sobreseimiento de la causa penal alegando violaciones al debido proceso cometidas durante la formulación de imputación.
Argumentaron que la Fiscalía ubicó los hechos entre agosto de 2021 y junio de 2023, pero la víctima tenía menos de dos años al momento de los supuestos abusos. También cuestionaron el periodo de casi 700 días que estableció la FGE, señalando que dificulta una “defensa adecuada”. Para respaldar su postura, citaron tesis de la Suprema Corte donde se sobreseyó un caso similar.
El juez desechó la solicitud al afirmar que el momento procesal para hacerla fue la audiencia intermedia y que la defensa no presentó documentos para acreditar las tesis mencionadas.
Inconforme, uno de los abogados pidió retirarse para acudir a los juzgados federales a interponer un amparo contra lo que llamó un proceso “injusto”.
Alegatos de apertura: “Demostraremos más allá de toda duda razonable”
Con la ausencia de uno de los litigantes, la audiencia continuó.
La representante de la Fiscalía Especializada de la Mujer afirmó que, con el testimonio de 15 personas, demostrará la presunta participación de Nahomi Yamilé en el abuso del niño de iniciales L.A.E.A., ocurrido dentro de la guardería Techo Comunitario.
“No será un caso fácil para usted, señor juez; constatará la capacidad de hacer daño de Nahomí Yamilé a un niño de dos años”, dijo la asesora legal durante su intervención.
La defensa, en respuesta, acusó que los padres de los menores buscan obtener un beneficio económico mediante demandas contra el IMSS, con compensaciones que —aseguraron— podrían alcanzar hasta dos millones y medio de pesos. Señalaron que tanto los padres como la Fiscalía estarían “revictimizando” a los menores para lograr ese objetivo.
También rechazaron las declaraciones que, de acuerdo con ellos, la FGE ha dado a medios de comunicación, insinuando que la Asociación de Abogados Penalistas protege a Nahomi por presuntamente pertenecer a una red de pornografía infantil en guarderías del IMSS. Afirmaron que la Fiscalía “miente deliberadamente” y que la asociación trabaja “sin cobrar un solo peso” tras detectar inconsistencias en el caso.
La representante social y la asesora legal respondieron que la defensa usó su turno para “hablar mal de ellas” y que sus señalamientos carecen de sustento. Aseguraron que los padres acudieron a juicio porque están convencidos de la veracidad del testimonio del menor y de que la imputada debe recibir el castigo correspondiente.
Para concluir, la defensa insistió: “No son aseveraciones subjetivas; los hechos son los que hablan mal de la asesora legal y la Fiscalía”.
Llamado al orden y continuación del juicio
Al finalizar los alegatos, el juez exhortó a ambas partes a conducirse con respeto y profesionalismo, advirtiendo que actitudes como las vistas podrían derivar en sanciones administrativas.
Sin más pruebas por presentar en esta sesión, el juzgador fijó la segunda audiencia del juicio oral para este miércoles a las 9:30 de la mañana.
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