La exdirectora del Centro de Reinserción Social para Adultos (Cereso) número 3, Astrid González, reconoció que una gran cantidad de personas que llegan a cometer delitos son consumidores de droga y presentan afectaciones mentales a causa de dicha adicción.
Mencionó que cuando a ella le tocó estar al frente del penal local, se abordó el problema de las adicciones como un asunto de salud pública.
Indicó que se contó con personal médico especializado en adicciones, encargado de diagnosticar a los internos, así como de sus tratamientos, donde muchos también presentaban problemas mentales.
Subrayó que el objetivo era —y debe ser— tratar de rehabilitar a las personas con dichas adicciones y, cuando fue directora, se tenía un espacio exclusivo para quienes vivían ese tipo de problemática, donde se les atendía desde las áreas psicológica, psiquiátrica y médica.
Calculó un aproximado de 200 personas con problemas de adicción a sustancias psicotrópicas y enfermedades mentales tratables.
Acerca de las personas que eran consideradas inimputables, explicó que estas no permanecen en la cárcel porque, precisamente por su condición mental, no reciben sentencias de privación de la libertad, ya que se demuestra que no tienen la conciencia necesaria para comprender que cometieron un delito.
Del único inimputable que tuvo memoria fue un hombre que carecía de brazos, a quien habían acusado de cometer un homicidio a cuchilladas, lo cual hubiera sido imposible que hiciera. Por ello se realizaron las gestiones necesarias para que se decretara su libertad.
En relación con los centros que se ostentan como de rehabilitación en la ciudad, González agregó que no están supervisados, no tienen protocolos e incluso no garantizan ni la seguridad de las propias personas encargadas.
Señaló que es común que personas con daños mentales deambulen por las calles y sean detenidas, pero terminan internadas en este tipo de anexos irregulares, donde no se garantiza la seguridad ni los tratamientos.
Dijo que se requieren especialistas al servicio de ese tipo de instituciones, donde los empleados deben estar capacitados, con protocolos y, sobre todo, con supervisión de la autoridad correspondiente; sin embargo, advirtió que la Secretaría de Salud estatal no lo hace.
Astrid González comentó que no se puede argumentar que no hay presupuestos para asegurar la supervisión, porque la ley es la ley y debe cumplirse.
“Si por parte de la autoridad hay laxitud o tolerancia, están mal”, sostuvo.
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