Una nueva directiva del Departamento de Estado de Estados Unidos instruye a los funcionarios consulares a negar la visa de residencia a solicitantes que padezcan obesidad, diabetes u otros padecimientos crónicos, por considerarlos potenciales beneficiarios de asistencia médica pública.
La medida forma parte del criterio de “carga pública” que la administración de Donald Trump intenta reforzar como filtro migratorio, bajo el argumento de que las personas con enfermedades que puedan requerir tratamientos prolongados o costosos podrían representar un gasto para el sistema de salud estadounidense.
El documento, difundido entre embajadas y consulados estadounidenses, señala que los funcionarios deben analizar el historial médico del solicitante y determinar si su condición física o mental podría convertirlo en dependiente de ayudas públicas.
Entre los factores a evaluar se incluyen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, metabólicas, cáncer, diabetes y obesidad, además de la salud de sus familiares directos.
La orden también exige revisar si el solicitante cuenta con recursos económicos suficientes o seguro médico privado que le permita cubrir los gastos de atención sin apoyo del gobierno.
Con esta disposición, los oficiales consulares obtienen amplia discrecionalidad para negar una visa basándose en previsiones médicas y no en hechos comprobables.
Abogados y activistas han advertido que la regla es discriminatoria, carece de base científica y podría derivar en miles de rechazos arbitrarios, sobre todo entre migrantes latinoamericanos, donde la prevalencia de obesidad y diabetes es alta.
Hasta ahora, las evaluaciones médicas exigidas para obtener una visa se limitaban a detectar enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH.
Sin embargo, esta nueva política extiende el control sanitario a condiciones no contagiosas, transformando la salud personal en un criterio económico.
Organizaciones civiles de Estados Unidos han calificado la instrucción como una “criminalización de la enfermedad”, mientras que defensores de los derechos humanos la consideran una forma de exclusión encubierta, diseñada para reducir el número de inmigrantes pobres o con problemas de salud.
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