Los festejos de cumpleaños son especiales porque seres queridos estrechan lazos y el cariño mutuo, se comparten anécdotas que no afloran en conversaciones del día a día o bien, como ocurrió en este caso, aparecen oportunidades de negocio que muchas veces acaban junto con la fiesta.
En el caso de Jesús Roberto H.R., acudir al festejo de cumpleaños de Felipe de Jesús V.G., en 2023, y aceptar el negocio que le propuso su amigo, que conocía desde hace 32 años, terminó costándole más de 4 millones de pesos.
De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la audiencia de vinculación a proceso penal por la causa penal 1792/ 2025, esa fue la forma con la que Felipe de Jesús, dueño de las licorerías Carlitos Güey, estafó a una de sus presuntas siete víctimas.
Les prometía rendimientos por encima de lo que ofrecen los bancos, pero terminó entregándole dos pagarés bancarios que no tenían fondos.
La propuesta
Aunque no se señaló la fecha, la víctima relató que el fraude comenzó en el festejo de cumpleaños en el domicilio en el fraccionamiento Los Nogales de Felipe de Jesús V.G., quien hoy está embargado por entidades financieras.
Fue invitado por el cumpleañero, uno de sus mejores amigos, quien le platicó que tenía un negocio muy lucrativo: la licorería “Carlitos Güey”.
La propuesta de inversión era sencilla: a cambio de una cantidad mensual, Felipe le prometió retornos de inversión superiores a los de bancos o instituciones financieras, de entre un 15 y 20 por ciento de ganancias. El propósito de solicitarle que invirtiera su dinero era para concretar la expansión de una franquicia de su tienda de licores.
Tras algún tiempo de gran insistencia, Jesús Roberto aceptó finalmente entrar al negocio de su amigo y firmó un convenio de participación en junio de 2023.
La víctima comenzó a realizar gran parte de los pagos en efectivo en dos sucursales de la tienda, así como por medio de transferencias bancarias, las operaciones se realizaron de manera mensual durante un año, hasta julio de 2024.
La inversión comenzó con 165 mil pesos, otras aportaciones oscilaron entre los 160 mil y 400 mil pesos.
Dado a que, en el principio, Jesús Roberto recibía rendimientos, había decidido reinvertir sus ganancias para maximizarlas. Sin embargo, aseguró que la relación con su amigo empezó a torcerse a inicios de 2024, cuando la víctima dejó de recibir algunos pagos que le correspondían mensualmente y empezó a darse cuenta de que había otras personas que daban indicios de haber sido estafadas por Felipe.
No obstante, el hombre no dejó de realizar sus inversiones de manera mensual hasta junio de 2024, después de que tuvo una discusión con el imputado, reclamándole que no le había entregado sus ganancias.
El acusado le entregó un último pago por 200 mil pesos, para posteriormente proponerle el fin de la sociedad mercantil dándole dos pagarés; uno por 275 mil pesos y otro por 3 millones 750 mil pesos para cubrir el dinero que Jesús Roberto invirtió en la empresa durante un año.
Los pagarés, al igual que sucedió con la víctima de la causa penal anterior, no contaban con los fondos suficientes para ser reclamados en las instituciones bancarias, concretando el fraude.
En este lapso, la víctima resaltó que, en ningún momento, su amigo había mostrado interés por abrir una nueva franquicia o sucursal, tal como se lo habían prometido al inicio de su contrato de inversión.
Una red de engaños
Como parte de los argumentos para comprobar la vinculación a proceso penal en contra de Felipe de Jesús, la representación social compartió que se investiga al imputado por haber estafado, al menos, a otras seis personas.
El monto total del perjuicio a los inversionistas es superior a los 11 millones de pesos, y los contratos datan de inicios de 2023 hasta finales de 2024. En este periodo, de acuerdo con la fiscal del caso, el acusado habría utilizado su negocio para armar un “esquema Ponzi”.
Es decir, el imputado aseguraba a los inversionistas que expandiría su negocio, solicitando los recursos, que en vez de invertir los usaba para darle ganancias a otros participantes para engancharlos, mientras que a los primeros que había convencido les dejaba de pagar argumentando que se había acabado el dinero.
Finalmente, les daba supuestos cheques y pagarés para regresarles el total de su inversión, pero nunca tenían fondos.
Por lo anterior, el juez de Control dictó el segundo auto de vinculación a proceso en contra del dueño de “Carlitos Güey”, así como un plazo de investigación complementaria de cuatro meses.
En su justificación para este plazo, la representación social argumentó que, además del imputado, la FGE contaba con un información que había toda una red de complicidad entre Felipe de Jesús y los socios de su empresa, compuesto principalmente por sus familiares.
De igual manera, se solicitó la comparecencia de un empleado bancario, mismo que es identificado como uno de los responsables de canalizar a las potenciales víctimas con Felipe.
Asimismo, se indicó que se tiene registro de que el imputado tiene participación en otras siete sociedades mercantiles, mismas que deben ser investigadas con el propósito de revisar sus operaciones comerciales.
Mientras avanzan las investigaciones para escribir el siguiente capítulo de esta historia, el imputado enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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