Ante la grave crisis de transporte público que enfrenta Ciudad Juárez, la diputada Xóchitl Contreras (PAN) presentó una iniciativa para castigar con cárcel a quienes operen camiones piratas y revocar las concesiones de transportistas que incumplan con la normativa vigente.
La propuesta, presentada este miércoles en la sesión del Congreso del Estado, busca erradicar la operación de unidades en mal estado y sin permisos, que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos.
“Ya no podemos seguir permitiendo que el transporte público sea un riesgo mortal para las familias juarenses”, dijo la legisladora, quien representa al Distrito V con cabecera en Juárez.
En su exposición de motivos, calificó de inaceptable que personas que no cuentan con una concesión, ni permisos y con unidades en condiciones deplorables sigan operando impunemente, “poniendo en peligro a miles de ciudadanos”.
La propuesta legislativa plantea que el uso de camiones piratas sea considerado un delito, con penas de hasta tres años de prisión.
Además, contempla la suspensión definitiva de concesiones para aquellos transportistas que no cumplan con los requisitos legales.
También se incluyen sanciones para quienes alteren la identificación de los vehículos para evadir controles, así como penas de cárcel para quienes operen unidades con condiciones mecánicas deficientes o sin seguro vigente.
“Es momento de que el Estado mande un mensaje claro: no más transporte irregular, no más impunidad y no más accidentes evitables. Quienes juegan con la vida de los juarenses por negocio, deben asumir las consecuencias”, enfatizó Contreras.
Ciudad Juárez ha sido escenario de múltiples tragedias relacionadas con el transporte irregular y negligente. Según datos proporcionados por la diputada, más de 2 mil camiones de transporte de personal operan en la ciudad sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad, incluyendo el límite de antigüedad de los vehículos. Esta situación ha derivado en numerosos accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales.
“La seguridad y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier interés económico. No podemos seguir viendo estas tragedias como simples fallas administrativas. Es momento de actuar con firmeza”, concluyó Xóchitl Contreras.
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