Es una mañana fría de enero en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Los vientos arrecian hasta los 50 kilómetros por hora, pero ni esas condiciones tan complejas, alteran el plan de vuelo en la estación militar de Fort Bliss.
Son aproximadamente las 10 de la mañana del jueves 30 de enero, aquí un avión militar numerado con el 8200 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (US Air Force) está a punto de partir con destino hacia Guatemala, lleva dentro el final del sueño americano de 80 personas que llegaron de manera “ilegal” a los Estados Unidos; 56 hombres, 16 mujeres y 8 menores de edad.
Ochenta almas que salieron de Guatemala en búsqueda de mejorar su estilo de vida y que ahora regresarán a su tierra con la etiqueta de “criminales”, yéndose esposados de pies, manos y el vientre.
Antes de estar recargados a un costado del otro, permanecieron en los centros de detención de El Paso, fueron subidos a un camión blanco con azul, escoltados por una camioneta de la policía militar, que los dejó en la aeronave que ahora los regresará al lugar del que salieron huyendo.
Orlando Marrero Rubio, portavoz de la Patrulla Fronteriza en El Paso, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos “utiliza todos los recursos disponibles para deportar personas”.
En su visión, la seguridad nacional de un país comienza desde las fronteras, por lo que enfatizó que la misión es mantener las “fronteras seguras”, una labor que corresponde no solo a ellos, sino a varias agencias gubernamentales de los distintos niveles de gobierno que colaboran en conjunto.
Insistió en que se emplean “todos los recursos necesarios” para hacer que aquellos que se introduzcan a los Estados Unidos de manera irregular, sean deportados en el menor tiempo posible.
“Para algunas personas, es muy difícil aceptar la realidad de no poder permanecer en Estados Unidos, muchas personas se demoran hasta 90 días con recursos para ingresar de manera ilegal, el mensaje es que quien cruce la frontera ilegalmente, lo vamos a deportar a su país de origen en cuestión de horas”, sentenció.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
