Luego que la Auditoría Superior del Estado (ASE), identificó que el Municipio de Juárez gastó más del monto de recursos autorizados por el Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos 2023, la síndica María Esther Mejía Cruz, señaló que el presidente Cruz Pérez Cuéllar debe rendir cuentas sobre el manejo de los recursos.
Específicamente se refirió a la incongruencia que, según ella, resulta de la Administración que tiene dinero para gastar de más, pero al mismo tiempo acumula una lista de proyectos de obra pública del Presupuesto Participativo que no han sido concluidos o fueron cancelado por insuficiencia presupuestaria desde 2022.
Las incongruencias del Gobierno municipal
Señaló que el sobregasto de 200 millones de pesos en que incurrió la actual administración, de acuerdo con la ASE, no es congruente con el rezago y las omisiones relacionadas con el cumplimiento de las obras votadas por los juarenses para su desarrollo, como parte de sus derechos reconocidos por la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
Fueron al menos 20 proyectos del Presupuesto Participativo del 2023, los que no se construyeron por una supuesta inviabilidad financiera, puesto que las inversiones demandaban más recursos de los autorizados. Suman cerca de 80 millones de pesos los que no se han ejecutado, dijo.
Explicó que los recursos de las obras no ejecutadas del Presupuesto Participativo del 2023, fueron registradas en una cuenta de pasivos con el propósito de ejercerlas el año siguiente, 2024, pero hasta este momento no han concretado los trabajos comprometidos con la comunidad.
Hay deuda de obra desde el 2022
También dijo que a estas alturas del ejercicio de la administración 2021-2024, todavía es hora de que no se concluyen las obras del Presupuesto Participativa del 2022 y consideró que difícilmente lo lograrán al término de la administración.
Mencionó que derivado del ejercicio del 2023, la mitad de los proyectos de obra del Presupuesto Participativo aún no se construye.
Comentó que frecuentemente los proyectos se cancelan y los recursos autorizados por el Cabildo los concentran en una bolsa que después se etiquetan como supuestos ahorros que son empleados en proyectos millonarios promovidos por el presidente.
“Nosotros consideramos que en apego al estado de derecho, el alcalde tiene que rendir cuentas al Congreso del Estado, pues si la ley sólo le permite gastar lo autorizado, debió cumplir con este ordenamiento y en su caso ejercer los egresos extraordinarios, si los hubo, con la autorización pertinente”, dijo Mejía.
Criticó que en 2023, con un gasto autorizado de casi 8 mil 376 millones de pesos, se ejecutó muy poca obra pública.
Aclarar el uso de cada peso
A través del Atlas Financiero Municipal publicado por la ASE, los auditores identificaron un sobregiro de 200 millones de pesos adicionales al gasto aprobado por el Congreso y por el propio Cabildo.
Es decir, el municipio de Juárez reportó gastos por casi 8 mil 600 millones de pesos.
Por eso, la sínica consideró que la ASE debe tomar cartas en el asunto en el momento que tiene conocimiento sobre las irregularidades que publicaron en su informe.
“A esta sindicatura nos parece que se incurrió en un acto indebido y debe de aclararse cada peso administrado”, señaló Mejía.
La sindica presentará su decimo informe trimestral en la próxima sesión de Cabildo y adelantó que justamente en este documento, dará cuenta sobre la revisión efectuada a los proyectos de Participación Ciudadana.
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