Como un crimen de Estado calificó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 extranjeros y otros 27 quedaron heridos hace un año.
Miriam González, integrante de la organización de la sociedad civil, dijo que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se concluyó que los representantes del Instituto Nacional de Migración (INM) tuvieron el tiempo suficiente para abrir la reja de los migrantes y no lo hicieron.
En un escrito público, el Imumi señaló que “lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México”.
Por su parte, en entrevista con Norte Digital, González dijo que como representantes legales de algunas familias de migrantes sobrevivientes, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República y a jueces de Control del Poder Judicial de la Federación, a dejar de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas en el proceso judicial.
Exigieron también desvincular de sus funciones al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, para que exista una investigación y un proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo.
Criticó además que el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, se encuentre prófugo de la justicia a pesar de estar vinculado a proceso por ese caso.
En el texto difundido, Imumi cuestionó que “a la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”.
Afirmó que el INM no solo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; sino que también ha negociado con gobiernos, representantes de las víctimas, la reparación del daño; y anunciado montos económicos para las familias de los fallecidos, poniéndolas bajo riesgo de extorsión en sus países de origen, sin ser su facultad, y sin que nadie frene su actuar.
“La noche del 27 de marzo de 2023 murieron 40 hombres, 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, y 15 mujeres fueron testigas de cómo sus parejas, padres, hermanos o amigos fallecieron. Eran hombres jóvenes buscando protección o una mejor vida para sus familias, cuyo derecho a la vida tenía que haber estado protegido por las autoridades mexicanas. Hoy, 82 familias están rotas, y las y los sobrevivientes no volverán a ser los que era antes del incendio, ha quedado una huella traumática que tendrán que procesar por el resto de su vida”, se indicó.
Agregó que “como organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil seguiremos al lado de ellas y ellos exigiendo verdad, justicia y reparación, para que una tragedia así no vuelva a suceder”.
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