A casi seis meses de que autoridades estatales comenzaron el proceso para cancelar 234 concesiones de transporte público en Ciudad Juárez, hasta ahora continúa sin completarse alguno para, según lo planeado, otorgarlas a otros empresarios que tengan interés y la capacidad para brindar el servicio.
Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que convocó a una reunión que se realizará la semana que entra para hacer un balance de los procedimientos que se llevan a cabo, acción que fue dada a conocer en esta frontera el pasado 13 de julio.
“De entrada, nosotros seguimos adelante… es un proceso administrativo y tenemos en la mira para cancelar doscientas cuarentaitantas en Ciudad Juárez (234, cifra real) y 88 en la Ciudad de Chihuahua”, declaró.
Será, dijo, una reunión interna de las áreas legales de la Secretaría General de Gobierno, y de la Subsecretaría de Transporte, para ver qué avances se tienen en cada uno de los pasos para lograr la cancelación de los permisos que están vigentes, pero sin prestar el servicio.
La semana pasada, el director de Transporte Público en Ciudad Juárez, Alberto Martínez Baylón, mencionó que la principal problemática que enfrenta la renovación del transporte público urbano colectivo es la cancelación de concesiones.
Información oficial indica que en esta frontera existen 891 concesiones activas, pero únicamente trabajan 412 y solo 85 cumplen con el requisito año-modelo; es decir, que tienen 10 años o menos de antigüedad.
Ahora son 234 las concesiones que están sujetas a cancelación, pero para alcanzar ese objetivo se debe recorrer un largo camino.
Solo algunos concesionarios, no más de cinco, acudieron de forma directa a las oficinas de transporte para entregar su concesión porque fueron afectados económicamente por la pandemia de Covid-19.
Los titulares de algunas de las concesiones que ya no estaban operando tuvieron la oportunidad de generar un efecto y algunos amparos, otros tratan de recuperarla y ya se hizo todo el trabajo de notificación y trámites legales.
Sin embargo, los afectados, tienen un lapso para actuar en lo que a ellos convenga, que son 30 días hábiles a partir de la notificación.
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