Alrededor de 17 mil migrantes han sido trasladados de Chihuahua hacia otros estados al sur del país por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, violando con esa acción los derechos de esas personas consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, denuncian activistas sociales.
Informan también que por acuerdos entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y de Estados Unidos junto con empresarios ferroviarios a finales de octubre pasado se impidió llegar a la frontera norte a 34 mil 373 personas, una clara violación dicen de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Gisela Muñoz, miembro de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), refirió que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla del derecho de las personas a solicitar asilo en cualquier país que lo deseen.
“Sin embargo, como organización hemos detectado que entre enero y julio de este año 6 mil 673 personas han sido trasladadas de Chihuahua hacia estados del sur y centro del país, esto por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional durante su trayecto y dificultando una y otra vez su traslado hacia la frontera, lo que en consecuencia los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, truncando la posibilidad de ir hacia el país al que solicitaron asilo”, declaró.
Explicó que en septiembre de este año se sostuvieron reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, autoridades estadunidenses y empresarios ferroviarios en donde llegaron a dictaminar acciones contrarias a este derecho.
“Teniendo como resultado hasta el 31 de octubre de este año el impedimento de llegar a la frontera norte a 34 mil 474 personas, informacion tomada de un comunicado del Instituto Nacional de Migración, llegando incluso a dejarlos varados en medio del desierto”, plantearon.
Siguiendo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestó que con las personas que solicitan refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o Comar la dependencia ha visto sus facultades rebasadas debido a la alta cantidad de personas que hacen esa clase de solicitudes.
“Unicamente se cuenta con una oficina de representación de esa instancia, siendo necesario trasladar esas solicitudes hacia el centro del país y por ende, retrasándolas”, dijo.
El artículo 20 de la declaración, explicó, hace mención del derecho de las personas a agruparse aunque no pertenezcan a una misma agrupación.
“Como las personas en movilidad se han visto orilladas a conformar este tipo de grupos como una medida de protección al momento de congregarse en distintos espacios de la ciudad como edificios o parques o el espacio público, el 6 de enero de este año el Instituto Nacional de Migración desplegó al menos a 200 agentes para disuadir aglomeraciones en el bordo fronterizo. Este operativo fue denominado Contención Juárez El Paso y con esta acción también trasladaron a personas a albergues, donde la libertad de tránsito queda a merced de las autoridades”, consideró la activista.
Uno de los sucesos representativos relacionado a ese derecho, dijo, fue un mes después de la tragedia en la estación provisional de Migración
“Se tenía un campamento instalado a las afueras de la presidencia municipal, y a las personas que ahí estaban se les notificó que serían retiradas del lugar a través de un desalojo que se llevó a cabo mediante el uso de la fuerza, encabezado por el secretario del ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel y el director de Derechos Humanos del Municipio”, destacó.
Dijo que en el campamento durante el desalojo se encontraban personas en vulnerabilidad como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
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