Después que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, declaró en Ciudad Juárez que dará el “beneficio de la duda” a las autoridades federales para el cumplimiento de la regulación del flujo migratorio, el Gobierno del Estado distribuyó un escrito en el que exige el cumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 22 de septiembre.
A pesar del compromiso, se indica en el reporte, continúa el arribo de miles de personas en situación de movilidad a las ciudades de Chihuahua y Juárez y que tan solo ayer se contabilizaron 2 mil 500 migrantes llegando a la capital del estado.
Debido a esas circunstancias, el Gobierno del Estado de Chihuahua solicita al Instituto Nacional de Migración (INM), acciones contundentes y urgentes para detener el flujo de migrantes que llegan a esta frontera a bordo del ferrocarril.
El Gobierno Federal, añade, es el único que tiene la facultad para diseñar y operar la política migratoria, así como los instrumentos institucionales, así que se le solicita que cumpla con los acuerdos establecidos en la reunión que fue encabezada por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
En la junta estuvieron presentes también el general de División Diplomado del Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez; Troy Miller, comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos; Manuel Padilla, asesor general del CBP, así como Campos Galván.
Ese día se acordó atender de forma inmediata ubicar, en coordinación con Ferromex, puntos estratégicos para el rescate de migrantes, acción que no ha generado resultados positivos, pues continúa el arribo a la frontera de miles de migrantes montados en el tren.
También se estableció la despresurización de la frontera mediante el retorno inmediato de migrantes a sus lugares de origen a través de puentes aéreos y terrestres, pero esto tampoco ocurrió hasta ahora.
La situación pone en riesgo la integridad de los migrantes, además de generar un impacto social y económico en la región por el cierre del carril comercial en el puente Libre y la doble inspección de los camiones de carga provocada por la crisis migratoria.
Estos hechos generan pérdidas económicas por alrededor de 40 mil millones de dólares y afecta los empleos del sector y la cadena de suministros, señala el escrito.
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