La estrategia de seguridad Unidos por Juárez encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se vería fortalecida gracias a la intervención del Congreso del Estado de Chihuahua, cuyos integrantes analizan posibles reformas legales que ayuden a castigar a los delincuentes.
Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso local, dijo estar enterada de que Unidos por Juárez es una estrategia para combatir el crimen organizado y tratar de regresar la seguridad al estado y sobre todo a Ciudad Juárez.
Mencionó que es una colaboración entre los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y municipal– donde se incluyen las Policías y que va en beneficio de la seguridad de los chihuahuenses.
Indicó que aunque el Poder Legislativo no forma parte de Unidos por Juárez, se tuvo una primera reunión con los mandos de la Sedena y la Guardia Nacional, donde se conocieron los objetivos generales de combate al homicidio, narcomenudeo, tráfico de personas y adicciones.
Mencionó sobre la conveniencia de que el Poder Legislativo viera la forma de apoyar, para lo cual se habló en dicha reunión sobre la instalación de mesas de trabajo para analizar la legislación vigente relacionada con el ámbito de la seguridad.
La representante del Congreso de Chihuahua no descartó que se puedan hacer algunas reformas o modificaciones a algunas leyes, lo cual se está analizando.
Agregó que esto es un trabajo de escritorio, a diferencia del trabajo ejecutivo que realizan las policías de los tres niveles de gobierno.
Terrazas Porras mencionó que de acuerdo a la información que la Sedena les proporcione, se verá cuáles normas son las que se revisarían y adecuaría en determinado caso.
Señaló que se tuvo una primera reunión general con diputados, donde estuvieron representantes del Poder Judicial y ella en lo personal tuvo una segunda reunión, pero están pendientes de programar un tercer encuentro.
Dijo que de momento no se ha definido reformas en específico, pero estas podrían surgir de acuerdo a las estadísticas que la Sedena tenga, así como del análisis que el propio Congreso visualice.
No descartó que pudiera haber vacíos en la ley que impidan la aplicación de mano dura o que faciliten que los presuntos delincuentes salgan de manera rápida, lo cual se estará revisando.
“Es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que así sea, quedamos en volver a tener una mesa de trabajo”, subrayó.
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