El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) destituir y poner en consignación penal ante un juez de Distrito a la exdirectora general adjunta de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF), Celia Almaguer Hernández.
Asimismo, a Víctor Manuel Munguía Baltazar del Ministerio Público (MP) adscrito a la misma unidad por desacato a una sentencia de amparo por el aseguramiento de joyas con un valor de 235.7 millones de pesos.
El caso está relacionado con el decomiso de 4 mil 569 joyas y diamantes del presunto contrabandista Apel Celik, en diciembre de 2014, que fueron localizados en diversos establecimientos comerciales en Quintana Roo.
La FGR procedió a separar de su cargo a los agentes por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un juez federal de Amparo, iniciando la carpeta correspondiente para su judicialización.
La dependencia indicó que este asunto comenzó mediante una averiguación previa por contrabando en 2014, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por lo que los bienes fueron decretados por abandono a favor del Estado y entregados a las instancias federales competentes.
El incumplimiento consistió en no haber realizado en tiempo y forma, por parte del MP y de su superior inmediato, todas las diligencias que el juez les ordenó. Y cuando lo hicieron los plazos ya habían sido incumplidos.
La indagatoria inició por una denuncia anónima por la posible compra-venta irregular de joyería fina y se determinó el embargo precautorio, al no acreditar su legal importación, y entregó los bienes a la entonces PGR ordenando el aseguramiento de la mercancía.
De acuerdo con el proyecto, del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, los indiciados se ostentaron como apoderados o dueños de las empresas, mostraron documentos para acreditar la propiedad de las mercancías y solicitaron al MP acceso a la indagatoria y el desahogo de diversas pruebas.
El ministro resaltó que el 8 de diciembre del 2017, la autoridad dio respuesta a la solicitud reconociéndose el carácter de indiciados y señaló una fecha para brindarles acceso a la indagatoria; sin embargo, se negó a levantar el aseguramiento de los objetos decomisados.
La autoridad negó proporcionar información sobre la situación jurídica de los bienes, bajo la premisa de que los indiciados no habían acreditado su interés jurídico, ni la propiedad legal.
González Alcántara dijo que el 14 de octubre de 2019 se emitió un Acuerdo Ministerial de Declaratoria de Abandono de los Bienes en Favor del Gobierno Federal.
“Desde mi punto de vista, denota el ánimo de la autoridad de ocultar datos relevantes que trascendieron en la inejecución de la sentencia”, ante el incumplimiento, el juez ordenó la remisión al tribunal colegiado.
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Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria
