El presidente estatal de la Unión de Transportistas Asociación Civil (Untrac), Matías Prieto Torres, se rebeló contra el plan integral de transporte que instrumentó el Gobierno del Estado y que obliga a los transportistas a cumplir con lo establecido por la ley para prestar el servicio, incluido el cumplimiento del año-modelo de las unidades después de autorizar un alza en la tarifa el pasado 6 de abril.
Aunque los agremiados a esta organización cuentan con la solvencia para cumplir con los requisitos, afirmó que no fueron convocados a las reuniones organizadas por las autoridades y que, de plano, desconfía de los funcionarios.
Señaló que la Untrac aglutina a 16 empresas transportistas, de las que tres cuentan con proyectos de crédito ya aceptados por el banco, pero requieren la firma del Gobierno del Estado para autorizarlo, algo que no han logrado.
También acusó que son víctimas de hostigamiento y de amenazas de retirarles las concesiones, cuando los responsables del mal estado del sistema han sido las propias autoridades.
El portavoz afirmó que ni él ni sus agremiados conocen a los miembros del Consejo Consultivo de Transporte, mientras que la organización que representa es la más grande en el estado y a pesar de eso no los han llamado a alguna junta, por lo que desconocen lo que está pasando.
Propuso que, en lugar de camiones, se adquieran camionetas y que la autoridad comience acciones para plaquear a las unidades que ahora prestan el servicio en la ciudad.
Además, aseguró que la Untrac ha sido respetuosa de la ley, pero que no permitirán que funcionarios afecten su patrimonio y los conminó a poner orden en el sistema de transporte y a que se otorguen los créditos necesarios para comprar nuevas unidades.
Prieto Torres se quejó de que el representante del Gobierno estatal en la frontera, Oscar Ibáñez Hernández, los ha ignorado y ha omitido tener un acercamiento con ellos.
Los transportistas, dijo, desconfían de la autoridad si invierten en comprar unidades nuevas y luego les cancelan la concesión, lo que consideró ilegal y confrontarán la situación.
“Quiero hacerle la pregunta al secretario de Gobierno (Santiago de la Peña Grajeda), ¿quién manda, él, o el representante de la gobernadora aquí, o Aguirre (Manuel Aguirre Aguilera, subsecretario de Transporte)? Necesito saber quién manda porque no sabemos. Vamos con el secretario y nos dice una cosa, venimos acá y Aguirre dice otra”, comentó.
Sobre el tema, Ibáñez Hernández comentó que no existe hostigamiento alguno a ningún concesionario, lo que hay con toda claridad son los planteamientos de las reglas de la modernización del transporte.
Básicamente, dijo, lo que se estableció es que se autorizaba un aumento en la tarifa y que se daba un plazo para que se cumpliera con una serie de requisitos que están en la ley.
Añadió que lo que más pide la ciudadanía es que se dé el servicio con unidades que cumplan con lo establecido por la ley.
“Este asunto es una petición de toda la vida, de todos los juarenses, ahora lo que hizo Gobierno del Estado es que planteó los mecanismos para que los concesionarios pudieran cumplir con lo que establece la ley”, aseguró.
Indicó que es ilógico que desconfíen del Gobierno del Estado cuando se trata de un asunto establecido por la ley y que se ha ventilado de forma pública.
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