El Gobierno Federal debe investigar el tráfico de personas porque la comisión de este delito propicia que estén llegando más migrantes a la ciudad, declaró el representante del Gobierno del Estado en esta frontera, Oscar Ibáñez Hernández.
“El crimen organizado está involucrado en este fenómeno, es un tema muy serio que debe atender el Gobierno Federal”, mencionó.
Las leyes y los procedimientos que hace el Gobierno Mexicano, consideró, solo les otorga la estancia legal y eso favorece que se dé el tráfico de personas.
Enfatizó que se tiene que aplicar la ley a las personas que se encuentran en esta circunstancia.
El tráfico de migrantes, dijo, representa un negocio de 30 millones de dólares mensuales según cifras establecidas por funcionarios policiacos.
A algunos de los migrantes se los traen desde sus países de origen con la promesa de cruzarlos, pero difícilmente alcanzan ese propósito.
“Les dicen que los van a cruzar y, lamentablemente, muchos de esos temas terminan muy mal, algunos acaban muertos, algunos extorsionados y la gran mayoría sin poder llegar a Estados Unidos”, comentó.
Ibáñez Hernández opinó que el Gobierno de México debe de deportar a los que ya fueron rechazados por Estados Unidos, ya que no tiene ningún sentido que sigan aquí.
Debe clarificar, además, una política para otorgarles empleo si es que van a permanecer en el territorio nacional.
Representantes de organizaciones civiles que apoyan a personas en condición de movilidad le dijeron que los ayudan a llegar al norte porque acá existen fuentes de empleo, mientras que en el sur son inexistentes.
“Eso es evidente, pero el tema es que el migrante no quiere venir a trabajar aquí, sino cruzar a Estados Unidos y no ayuda que los estén acercando”, dio a conocer.
Dijo que si el Gobierno Federal no define una política integral que atienda a los migrantes, ofreciéndoles empleo y que les den a todos los permisos para lograrlo, incluso otorgar incentivos a las empresas para que los contrate.
Hay muchas cosas que se pueden hacer y no solo decirle al Gobierno de Estados Unidos que los regrese a territorio mexicano sin que haya una política definida e integral.
Lo que nos queda, dijo, es atender a los que ya están aquí, informarles cómo están la ciudad y las opciones que tienen al quedarse.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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