Autoridades de los tres niveles de Gobierno han sido negligentes en la atención a la problemática migrante en Ciudad Juárez, consideró Diana Solís, de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA).
En una visita que hizo personal de dicho organismo de la sociedad civil, mencionó que hay una omisión por parte de los Gobiernos federal, estatal y municipal, en relación a la forma en que ha tratado la estancia de extranjeros en general en territorio mexicano, pero en especial en su paso por el estado de Chihuahua y la llegada a esta zona fronteriza.
La responsable de Análisis por parte de DHIA, mencionó que no se ha garantizado su atención en materia de salud y seguridad, principalmente.
Indicó que se trata de seres humanos que han salido de sus hogares en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias y al haber aceptado México el recibirlos, implica un compromiso de atención que no se ha brindado.
Criticó el hecho de que no se hayan establecido brigadas médicas para los migrantes en el sitio del campamento, sobre todo a raíz de que el clima se ha puesto muy frío y han estado apareciendo cuadros de enfermedades propias de la temporada, como son resfriados, con el riesgo de agravarse como pulmonías o neumonías.
Como ente de la sociedad civil dedicados al servicio a migrantes, han pugnado porque haya un mayor involucramiento de las autoridades para la atención de los venezolanos en esta zona fronteriza, sobre todo en el marco de esta concentración junto al río, donde han establecidos cientos de tiendas de campaña como refugios, según expuso.
Solís justificó la desconfianza que tienen muchos migrantes, quienes han rechazado acudir a los albergues oficiales.
Dijo que, por ejemplo, el albergue que se habilitó en lo que antes era un bar, no era un sitio idóneo y eso lo han percibido los venezolanos y otras personas en situación de movilidad.
Santiago González, director de Derechos Humanos en el Gobierno Municipal, mencionó que en el albergue Kiki Romero se han recibido a más de mil migrantes desde que inició operaciones, en temas de alojamiento, educación y salud, entre otros.
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Señala que lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez es uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la gestión migratoria del país
