México no cuenta con cifras nacionales oficiales sobre desplazamiento interno en el país, fundamentales para la elaboración de políticas públicas al respecto, informó la Relatora Especial de la ONU, Cecilia Jiménez-Damary.
Jiménez-Dámary visitó México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre, y realizó visitas a los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, y en la declaración por el cierre de su misión, compartió información preliminar sobre sus hallazgos.
En esta declaración, destacó, entre otras cosas, que es vital la creación de un registro federal único de personas internamente desplazadas, que incluya no solo a quienes se reconozcan como víctimas, sino también a otras personas que no cuenten con esa condición, pero se encuentren desplazadas.
Mencionó que entre los grupos en situación de vulnerabilidad para ser desplazadas de manera forzada se encuentran periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a mujeres víctimas de violencia de género.
Estos grupos deben dejar sus hogares y migrar internamente a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, los cuales “desafortunadamente, permanecen en su mayoría impunes”, añadió.
Por estos grupos anteriormente mencionados, la relatora dijo unirse al llamado para “fortalecer el Mecanismo [de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas] y asegurar que los planes de protección se implementen en su plenitud”.
Ofreció, además, un reconocimiento a algunas labores en la materia en el estado de Chihuahua. “Saludo la realización del primer Ejercicio de caracterización […]. Estos esfuerzos colaborativos son cruciales y se me informó que servirá para promover y diseñar política pública basada en evidencia”, comentó.
Platicó además que se hizo de su conocimiento la instalación de la Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno, así como el trabajo del congreso local de legisladores en el análisis de una iniciativa de reforma al Código Penal para incluir el desplazamiento arbitrario como delito.
No obstante, pese a los esfuerzos de los estados que visitó, dijo que las entidades requieren adoptar estrategias que vayan más allá de la prestación de servicios de sus dependencias locales. Por el contrario, dijo, las estrategias aplicadas deben basarse en un contexto local, y deben prestar atención a la prevención de las condiciones que provocan el desplazamiento interno.
Agregó que durante su visita recibió muchos comentarios sobre los obstáculos que presentan para acceder a educación básica de infantes, debido a que las personas desplazadas internamente se enfrentan a dificultades para ser reconocidas jurídicamente.
Por ello, invitó a ofrecer un enfoque integral a las políticas públicas en la materia, que garanticen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
La relatora recordó que el comunicado compartido contiene solo observaciones preliminares, pues el análisis completo y recomendaciones al Gobierno mexicano se presentarán en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023.
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