A propósito del presunto fraude en contra de casi cinco mil ahorradores por parte de la empresa Aras Business Grup, el grupo parlamentario del PAN (GPAN) propuso agravar las penas contra defraudadores y dejarlos sin derecho al perdón de parte del defraudado.
El proyecto del GPAN pide reformar fracciones del artículo 223 del Código Penal para establecer un mínimo de 12 y un máximo de 20 años a quien cometa fraude en el estado de Chihuahua.
Esa penalidad se aplicaría a los casos donde el monto de lo defraudado supere las 10 mil Unidades de Medición Actualización (UMA), que a valor actual es de $ 96.22 pesos diarios.
Actualmente, la pena genérica máxima es de 12 años, sin contemplar los agravantes previstos en el Código.
La pena máxima y mínima sería de 12 a 20 años de cárcel. Se ajusta al principio constitucional de proporcionalidad.
Esa penalidad se duplicaría si el fraude se hace a través de una empresa u organismo legalmente constituido con el fin de enganchar y/o engañar a los posibles inversores.
Mario Vázquez Robles, coordinador del GPAN, presentó el proyecto a nombre de su bancada durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada este 23 de agosto.
El proyecto panista contempla, además, que cuando se cumpla ese supuesto, el delito se persiga de oficio y, por lo tanto, no se admita el perdón hacia el defraudador.
Ante esa propuesta, la diputada María Antonieta Pérez y el diputado Daniel Avitia Arellanes, ambos de Morena, solicitaron la palabra para recordar, en respectivos discursos, que su grupo parlamentario hizo esa misma propuesta, pero hace 9 meses.
Antonieta Pérez hizo mención a que, a la fecha, el fraude se puede estimar en mil 200 millones de pesos en perjuicio de casi cinco mil familias.
Agregó desde octubre de 2021, a nombre del grupo de Morena, denunció en la Tribuna del Congreso “lo que ya era un secreto a voces: el gran fraude de Aras”.
Para ese entonces, continuó, “las familias defraudadas ya llevaban meses deambulando entre autoridades estatales y federales para que les recibieran las denuncias”.
La Fiscalía General del Estado actuó hasta noviembre del 2021, cuando ya se sentí una gran presión social.
Antonieta Pérez hizo un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Fiscalía General Zona Centro a cargo del fiscal Carlos Mario Jiménez al integrar las carpetas de investigación para entablar la primera audiencia colectiva que se celebra en el país, donde se vinculó a proceso a tres exfuncionarios de Aras.
Sin embargo, señaló que esa Fiscalía está saturada, pues se han presentado decenas de renuncias de agentes del ministerio público, debido al bajo sueldo que reciben, pues ganan apenas 16 mil pesos al mes.
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