La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado anunció acciones de escrupulosa supervisión al proyecto de construcción del Banco de Alimentos de Fechac en Juárez. Esto tras la publicación en Norte Digital del reportaje que pone en evidencia irregularidades y conflictos de interés detectados en el desarrollo de este proyecto.
El reportaje evidencia beneficios económicos indebidos para algunos integrantes del Consejo Directivo de Fechac, destapados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en 2021.
Así quedó asentado en el Informe Individual de Auditoría Especial Forense de diciembre de 2021, respecto a la Cuenta Pública 2020 de esta fundación empresarial.
La auditoría reveló diversos pagos por adjudicación de contratos para empresas asociadas a consejeros de Fechac, integrantes del Comité de Construcción creado para este proyecto.
Esto, entre otra serie de irregularidades de que da cuenta tanto la ASE, como la subsecuente investigación que al respecto llevó a cabo Norte Digital.
“Estaremos muy, muy pendientes de este caso que se relaciona con lo que en su momento yo también mencioné; contratos que se dan, se triangulan, yendo a parar seguido a las mismas manos de gente como el caso de los consejeros de esta organización”.
Así se expresó la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez.
Se trata -dijo- de una situación que corresponde a prácticas frecuentes y muy documentadas en México, que en este caso no deben seguir ocurriendo.
“En mi trabajo también he sido síndica, he visto este tipo de prácticas, cómo le hacen ciertos actores para de alguna manera inclusive desviar recursos; es algo que en muchas ocasiones lo hemos puntualizado, en este caso lo vamos a seguir revisando, no vamos a dejar de hacerlo”, comentó.
Destacó que se trata de un proyecto muy importante que resulta increíble que a seis años de haberse iniciado, no se haya podido concretar.
“No es posible que esté avanzando en un precio que me parece exageradamente alto; que lo van a terminar en 80 millones de pesos, desde mi punto de vista es una exageración de recursos para construir un edificio”, dijo.
“Algo malo está pasando…”
Al respecto, la diputada morenista María Antonieta Pérez, consideró que si Fechac dejara de ser confiable, constituiría la pérdida de un importante activo social.
“Es algo que no se puede permitir; si son señalamientos por parte de la ASE, pues se pone de manifiesto que algo malo está pasando en el manejo de este proyecto”, comentó.
Calificó de graves los conflictos de interés que la Auditoría Superior del Estado detectó en el ejercicio de recursos destinados a su construcción; esto porque pone en riesgo la imagen, la confianza y la credibilidad que esta fundación ha generado a lo largo de muchos años.
“La Fechac es un activo social que no puede ser dilapidado ni mal manejado, no importa quién esté al frente del Consejo; es muy grave que una institución como ésta vea comprometida por este motivo”, aseveró.
Por ello la legisladora lanzó un llamado al Consejo Directivo de la Fechac para que tenga mayor cuidado en la selección de sus integrantes; y especialmente en la forma en la cual proceden a la hora de ejercer los recursos que son destinados a sus diversos proyectos sociales.
“Creo que si Fechac está en esta situación es porque algo les falló en la selección de consejeros que llevó a este conflicto de intereses; es un llamado, y es una alerta para ellos mismos para que esos códigos de ética que tienen impuestos, pues se retomen”, indicó.
Pugnar porque sean recursos públicos no empresariales
Por su parte el diputado Gustavo De la Rosa Hickerson, dijo no estar al tanto del conflicto; pero consideró que las aportaciones que reciben organismos como la Fechac, deben estar sujetas a fiscalizaciones más puntillosas.
“Son impuestos que aporta todo aquél que tiene más de tres empleados, todo aquél que tiene nómina, y tiene que pagar impuestos sobre nómina; no sólo son los grandes empresarios”, afirmó.
Pugnó por que en los casos en que representativos empresariales ejercen recursos públicos, se tenga una fiscalización con toda la rigidez que el caso exige.
“No tengo evidencia de que en este caso haya habido mal manejo de esos recursos; pero sí de un tiempo a la fecha he estado insistiendo en que estas aportaciones se consideren recursos públicos y no empresariales”, dijo.
Consideró que al considerarlos recursos públicos en el discurso y con claridad, toda la gente podría opinar respecto a cómo son ejercidos esos recursos.
“La inversión de esos recursos debería ir etiquetada desde el comienzo y no quedar a criterio de los fideicomisos”, concluyó.
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