El decreto que declara las megaobras del presidente López Obrador como de seguridad nacional, es un permiso para que el Gobierno «haga lo que quiera» así lo consideró el dirigente patronal de Coparmex en Juárez, José Mario Sánchez Soledad.
«No puede ser que el Gobierno esté por arriba de los derechos de los ciudadanos, entonces se impone. Porque si no, el ciudadano está en una debilidad extrema. Nos preocupa el decreto en ese sentido. No es equitativo en el marco jurídico, en pocas palabras: el Gobierno puede hacer lo que quiera y nadie podrá decirle nada», dijo.
Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación declara de interés público y seguridad nacional los proyectos de obra de la 4T.
«Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional», indica parte del documento.
De acuerdo con algunos juristas en el país, el decreto no permitiría la presentación de amparos contra obras del Gobierno federal. Tampoco garantiza el acceso a la información de los megaproyectos.
Blindaje de megaobras crea preocupación
«Lo que más nos preocupa es que cuando se tiene un marco constitucional debe haber justicia y equidad, tanto para el Estado mexicano como para los ciudadanos, un equilibrio, y con esto deja de existir», señaló el dirigente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el decreto busca agilizar los trámites burocráticos; sin embargo, no se trata de un decreto.
“Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, dijo AMLO en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
La ordenanza fue tachada por la oposición de incentivar la opacidad. En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció el análisis del documento.
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