Chihuahua es una de las entidades del país donde menos abortos se denuncian, a pesar de que a nivel nacional, de enero a julio, estas repuntaron hasta un 14.28 por ciento en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado.
En el estado existen solamente tres denuncias por el delito de aborto, mientras que desde el 2015 se han registrado 65, muy lejos de las 709 que se mantienen en el Estado de México, por ejemplo, destacan datos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Incluso, desde el 2015 hasta julio de este año, en el país ah al menos 4 mil 39 denuncias acumuladas.
El pasado 20 de julio, Veracruz fue el cuarto estado de la República en garantizar el derecho al aborto legal. Esto, luego de que Hidalgo lo aprobara el pasado 30 de junio. El primero en hacerlo fue la Ciudad de México el 24 de abril de 2007, posteriormente le siguió Oaxaca en 25 de septiembre de 2019.
Además, en 23 estados también se excluye la tipificación del aborto como delito si existe peligro de muerte de la mujer embarazada; en 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, y dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.
Sanciones de hasta 5 años de cárcel a quien se practique o ayude a practicar abortos
Baja California, Morelia, Puebla y Tamaulipas sancionan el aborto en cualquier etapa con penas que van desde uno a cinco años en prisión. Y en Colima, las penalizaciones privativas de la libertan van desde los 2 hasta los cuatro años en prisión y multa económica.
En Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila (hasta el martes), Durango y Guanajuato, la sanción oscila entre los 6 meses hasta los 3 años en prisión. También en Guerrero, Estado de México, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.
El pasado martes, los ministros de la Corte declararon de manera unánime que es inconstitucional el artículo 196 del estado de Coahuila, el cual penaliza el aborto en cualquier etapa del embarazo.
El fallo de los 10 ministros presentes sentó jurisprudencia y estableció un criterio obligatorio para impedir la criminalización de mujeres gestantes que decidan interrumpir su embarazo, así como del personal médico que las ayude.
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