El Poder Judicial del Estado desalojó de su vivienda a una familia durante la emergencia climática hace 15 días, en la colonia Exhipódromo. Además, los miembros son positivos a Covid.
Son de los 10 desalojos diarios, realizados por los juzgados civiles, en contubernio con inmobiliarias, Infonavit y despachos jurídicos, denunció Griselda Sosa, de El Barzón.
En plena helada, actuarios enviados por el Juzgado Primero Tradicional llegaron al domicilio ubicado en la calle Federico Gamboa #740, de la colonia Exhipódromo, a desalojar a la familia Urbina Moctezuma. Eran las 18:00 horas.
En las tareas de sacar muebles, ropa y otras pertenencias, cayó la noche. Un adulto mayor, de 80 años; su hija, de 45, Mireya Urbina Moctezuma; su hija y su esposo quedaron en la calle.
“Fue difícil, porque nadie quiso darles posada. Dos de los miembros de la familia son positivos a Covid-19 y estaban en cuarentena”, lamentó la barzonista.
Despojo de vivienda, un problema que viene de 20 años atrás
El problema data 20 años, cuando Multibanco Comermex vendió la cartera vencida a un despacho de abogados, quienes dejaron de litigar el caso por 12 años. De forma intempestiva “aparecieron” con una orden de desalojo, dijo Sosa.
“Lo más grave es el contubernio entre el Poder Judicial y estos grupos, que sin recato les autorice las órdenes de desalojo. Estamos hablando de un juicio que tiene 20 años”, señaló la activista.
Aseguró que, conforme a derecho, este juicio está prescrito en automático. Además, a los afectados no se les notificó, por lo que la familia solicitó un amparo federal.
Indicó que el caso de la familia Urbina Moctezuma forma parte del problema de vivienda social del que tiene parte Infonavit. El organismo dejó a la deriva más de 34 mil 322 vividas sociales en el suroriente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la organización Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, hay un 35 por ciento de casas desocupadas en la zona, lo que representa más de una de cada tres viviendas sociales.
Los operadores privados, quienes no tienen un domicilio confiable, llegan hasta las familias con problemas legales de tenencia, a presionar o amagar a nombre de Infonavit, con el fin de que desocupen su propiedad, advirtió el activista Jorge Muñoz.
En una reunión realizada con personal de la oficina de representación de la senadora Bertha Caraveo, el delegado del instituto, Marino Adolfo Torres Chuca, se «lavó las manos».
El funcionario se deslindó de los operadores que tienen en su poder la cartera vencida. Solo reconoce 12 casos, pese a que son cientos en el surporiente de Juárez.
Torres Chuca se presentó como titular del organismo el 2 de agosto de 2019, por el extitular de Programas Social de Bienestar Juan Carlos Loera, aspirante a gobernador por Morena.
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